La SEPI justifica el rescate de Plus Ultra con tres informes independientes

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) justifica el rescate a la aerolínea 'venezolana' Plus Ultra con 53 millones de euros a través de los informes encargados por el organismo dependiente de Hacienda a tres firmas independientes: el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Estas tres entidades independientes analizaron la situación anterior a la pandemia provocada por la covid-19 y el impacto económico posterior a que se iniciara la crisis sanitaria. Además, también estudiaron la capacidad que tendría Plus Ultra para devolver las ayudas recibidas y el plan de viabilidad presentado por la aerolínea (PWC asesoró para su elaboración), según publica este martes El País.

En base a esta información, las tres entidades consideraron que Plus Ultra cumplía con los requisitos de acceso al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas y se mostraron favorables para proporcionar una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra (el doble de dinero que Air Europa ha recibido por cada euro facturado), ratificada por el Gobierno en el Consejo de Ministros que se celebró el 9 de mayo.

Sin embargo, el rescate a Plus Ultra está en el ojo del huracán. Por un lado, por el hecho de que al menos el 47% de la compañía es propiedad de empresarios venezolanos cercanos al chavismo y vinculados con sociedades 'pantalla' en destinos 'opacos' como Barbados y Aruba, tal y como destapó Vozpópuli. Además, uno de los fundadores españoles de la aerolínea, González Enfadaque, fue condenado en 2020 a 11 meses de cárcel por delitos fiscales.

Deloitte habría sido la encargada de verificar la titularidad de las acciones de la aerolínea y las retribuciones de sus consejeros y directivos. Según la consultora, "Plus Ultra no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos".

El concepto de compañía "estratégica"

También se ha cuestionado el carácter estratégico de la aerolínea para España y el tejido productivo nacional o regional. Este periódico desveló que antes de la crisis del coronavirus, el peso de Plus Ultra en la conectividad aérea de España era ínfimo. En 2019, justo antes de la pandemia, la aerolínea apenas operó 823 vuelos, el 0,03% del total. En consecuencia, ocupaba el puesto número 166 en el ranking por tráfico en España.

Con el coronavirus, su situación empeoró. En febrero, un mes antes de ser rescatada, no operó ni un solo vuelo, según las estadísticas de Aena. De hecho, este periódico también ha revelado que Plus Ultra sólo tenía un avión cuando recibió la ayuda del Gobierno.

Dawa asegura que “la compañía ha de ser considerada estratégica por la relevancia para la economía española en términos de PIB y empleo del turismo, estrechamente relacionado con el sector en el que opera la compañía”. Esta misma tesis fue defendida por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la aprobación del rescate en el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha justificado la concesión de esta ayuda asegurando que la aerolínea "tiene rutas establecidas con algunos países de América Latina que son fundamentales para la conectividad del país". En concreto, la aerolínea conecta España con Venezuela, Perú y Ecuador.

Sin embargo, hay que recordar que hay otras aerolíneas españolas como Air Europa o Iberia que también conectan España con una lista cada vez más amplia de países latinoamericanos. De hecho, la también rescatada Air Europa operó 165.838 vuelos en 2019 en los aeropuertos españoles, acaparando el 6,9% de la cuota de mercado.

En cuanto a los empleos, Hacienda asegura que "la compañía emplea a 345 trabajadores directos, considerando los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superiores a los 2.500 empleos". No obstante, en las cuentas de 2019 la empresa declaraba una media de 255 empleados a lo largo del ejercicio.

En pérdidas desde hace diez años

Vozpópuli también reveló que Plus Ultra acumulaba pérdidas desde su creación en 2011. En el ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2020, justo antes del coronavirus, registró unos números rojos de 2,78 millones. De hecho, antes de acudir a la SEPI, solicitó un préstamo avalado por el ICO (por el Estado) y la banca se negó a concedérselo por el riesgo que suponía la operación.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), un organismo dependiente del Ministerio de Transportes, reconoce que "la situación financiera de Plus Ultra en el ejercicio 2020 es delicada, ya que estando no calificada como empresa en crisis al cierre de los años 2018 y 2019, experimenta un fuerte deterioro financiero principalmente motivado por los efectos de la pandemia y la dificultad de obtener financiación bancaria adicional".

En este sentido, AESA señala que "su supervivencia hace necesario que reciba la ayuda estatal transitoria solicitada a fin de hacer frente a los pagos previstos y mantener su operativa en los próximos 12 meses”.

Finalmente, Vozpópuli informa este martes de que los actuales gestores de la aerolínea acumulan un historial de fracasos empresariales, con la quiebra de Air Madrid y también de otras compañías venezolanas. El director financiero de Plus Ultra, Alejandro Delgado, presidió durante varios años Santa Bárbara Airlines (SBA), una aerolínea venezolana que quebró en 2018 por problemas de solvencia.

Sin embargo, el Gobierno no se ha reservado ni una silla en el consejo de esta aerolínea para tener control sobre la toma de decisiones ni tampoco ha exigido el nombramiento del consejero delegado, un requisito que sí puso en el caso del rescate a Air Europa.

Según informa El País, el acuerdo impone que, en caso de que se produzca cualquier desviación a la baja del plan de viabilidad a nivel consolidado que sea superior al 20% del Ebitda o el saldo de caja final proyectados, el Fondo tendrá derecho a proponer, y las restantes partes la obligación de acatar, el nombramiento de un consejero. Y si la desviación es del 30%, podrá nombrar un consejero delegado, cuya designación deberá recaer en un profesional con experiencia en el sector, sin vinculación con su actual equipo gestor.