Altos cargos, sorprendidos con el patrimonio del hermano de Sánchez: "Antiblanqueo no nos deja respirar"

Altos cargos y diputados están sorprendidos con el elevado patrimonio de David Sánchez Pérez-Castejón para el sueldo que tiene. En concreto, es de más de dos millones de euros con un sueldo de 55.500 euros, según ha desvelado Vozpópuli. Les llama la atención la declaración patrimonial del hermano de Pedro Sánchez por su experiencia de personas especialmente vigiladas por los Servicios Antiblanqueo. En concreto, los llamados PEPS (personas con exposición o responsabilidad política) a los que el Sepblac, el Servicio Antiblanqueo que depende del Ministerio de Economía, controla.

Son objeto de un escrutinio constante de bancos, notarios, registradores, abogados y asesores fiscales, los sujetos obligados de comunicar cualquier indicio de blanqueo de sus clientes PEPS y de sus familiares de hasta segundo grado: padres, hijos y hermanos.

El objetivo es impedir que los familiares del político y alto cargo se conviertan en testaferros de éste. Rastrean si el alto cargo oculta dinero ilícito, es decir, blanquea, a través de un familiar, que puede presentar incrementos patrimoniales no justificados. El hermano del presidente del Gobierno podría ocultar patrimonio de otra persona. En su caso además él es alto cargo y debe ser objeto de vigilancia también por sí mismo.

El cerco a los PEPS es constante, especialmente de los bancos. Hacen rastreos programados y espontáneos. Un exalto cargo explica a Vozpópuli el "fastidio" que supone. La vigilancia continúa al mismo nivel hasta dos años después de abandonar la exposición pública. Se encuentra con que su madre de avanzada edad debe responder a todo tipo de preguntas cuando ingresa la pensión y en pequeños trámites de este tipo.

"Hay que demostrar que vives donde dices que vives. Miran con lupa cualquier cosa. El banco te requiere porque dice de pronto que no se cree de dónde salen tus ingresos. Pides una hipoteca y te hacen la vida imposible. Se pone en contacto contigo del departamento antiblanqueo, pero no se identifican. Es una locura, una pesadilla. Hay casos de gente que renuncia al acta de diputado", cuenta otro.

La normativa antiblanqueo genera mucha burocracia y problemas infinitos para los afectados por su escrutinio pero a la vez se dan casos como el del extesorero del PP y exsenador Luis Bárcenas, que movía cuentas con total libertad en Suiza. Hasta que fue detectado.

No puede actuar de oficio

El Sepblac no puede actuar de oficio, sólo a instancias de denuncia. Son sólo 40 inspectores frente a los más de 1.000 de la Agencia Tributaria (AEAT). "Llega un formulario que se llama F19, generalmente de los bancos, pero hay 68.000 sujetos obligados entre abogados, notarios, registradores, asesores fiscales", advierten fuentes próximas. El F19 se refiere a "indicios de operativa sospechosa" y pone en marcha todo un dispositivo de "especial diligencia" en el que controlan las operaciones con tarjetas, pueden mandar una comisión rogatoria al extranjero, etc.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) depende del Ministerio de Asuntos Económicos. En concreto, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM), adscrita a la Secretaría de Estado de Economía.

La preside el secretario de Estado de Economía y está compuesta por representantes del Ministerio Fiscal, de los Ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y Presidencia, los competentes, en lo que toca a Policía, Guardia Civil, Aduanas, Inspección Financiera y Tributaria, Protección de Datos y CNI; representantes de los órganos supervisores de las entidades financieras (Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros) y delegados de las comunidades autónomas.

Se considerarán personas con responsabilidad pública (PEPS, personas con exposición pública por sus siglas en inglés) aquéllas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios y los parlamentarios.

También lo son los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales, miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria.

Otros PEPS son los altos cargos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y municipios y la cúpula de sindicatos y patronales, además de las personas que desempeñen funciones públicas importantes en las organizaciones internacionales acreditadas en España.

Plan de inspección a la amnistía fiscal

Una de las actuaciones más sonadas del Sepblac fue la inspección a los PEPS que se acogieron en la amnistía fiscal de 2012. Aunque el Real Decreto-ley estableció que no había que demostrar ni siquiera manifestar el origen del dinero, finalmente la propia Hacienda de Cristóbal Montoro los llevó al Servicio de Prevención del Blanqueo.

El Sepblac puso en un plan de inspección a 715 PEPS, de los que acabó trascendiendo el nombre de Rodrigo Rato. Pocos llegaron a los tribunales y algún banco fue sancionado por admitir ingresos de la amnistía sin investigarlo, dan cuentan fuentes conocedoras.

La AEAT también basa sus investigaciones patrimoniales en los denominados "signos externos de riqueza".

El hermano de Pedro Sánchez declara un patrimonio de al menos dos millones de euros con un sueldo de 55.500 euros en 2023 de la Diputación de Badajoz, que preside el PSOE, sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas, según ha desvelado Vozpópuli. Tres pisos en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en criptomonedas y 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias son algunos de sus bienes, entre los que destacan 1,4 millones de euros en acciones de BBVA.

El músico y director de orquesta, cuyo nombre artístico es David Azagra, se ahorra unos 76.000 euros en impuestos al ser residente fiscal en Portugal desde 2021. El hermano menor de Pedro Sánchez, por tanto, no ha pagado ni el IRPF ni el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2021 y 2022. Algo que se prevé que tampoco hará en la Campaña de la Renta de 2023, ahora en curso, a pesar de que cobra un sueldo público desde 2017.

"Si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético. Es que es legal, es un país de la Unión Europea". Así ha defendido José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, a David Sánchez Pérez-Castejón y ha confirmado las informaciones publicadas por este periódico en las últimas semanas: el hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal pese a ostentar, desde 2017, un alto cargo en la institución provincial citada, lo que ha causado estupor entre inspectores de Hacienda. También son muy críticos con que el delegado del Gobierno se pronuncie sobre este asunto, cuando hay Delegación de la Agencia Tributaria en Extremadura.