La red del PSOE valenciano aflora similitudes con Acuamed por el amaño de contratos

El avance las últimas semanas de la investigación contra el PSOE valenciano que se sigue en el marco del caso 'Azud' aflora similitudes con el procedimiento sobre Acuamed que arrancó hace siete años en la Audiencia Nacional. En ambas causas el foco se centra en el presunto amaño de millonarias adjudicaciones de obra pública bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio en ambos casos de dádivas y de comisiones en 'B'.

La coincidencia de estas investigaciones llevó al magistrado que instruye Acuamed, Manuel García Castellón, a reunirse con la instructora del caso Azud esta misma semana en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Los investigadores estudiaron características comunes de ambas causas de corrupción ante una posible inhibición de la trama valenciana en la macrocausa de la Audiencia Nacional aunque, por el momento, no es una opción que esté sobre la mesa, según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli.

Ambos procedimientos se encuentran en puntos de la instrucción diferentes, aunque versen sobre el amaño de contratos de la empresa estatal Acuamed. En lo que respecta a la macrocausa de la Audiencia Nacional, Anticorrupción la considera agotada y ha dado el primer paso para enviar al banquillo a más de 40 personas. Les acusa de modificar ad hoc los proyectos licitados desde esta firma que creó Zapatero para impulsar su ambicioso proyecto de construcción de desaladoras.

Contratos del PSOE

En paralelo, en los últimos meses el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha ido avanzando en una investigación que cerca al PSOE valenciano (PSPV) por presunta financiación irregular. La trama Azud, que en principio se dirigió contra el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP), fue virando hasta destapar la presunta implicación de empresas cercanas a los socialistas valencianos que habrían financiado en B campañas del partido con adjudicaciones irregulares de Acuamed mientras ésta dependía del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona.

Ambas causas se centran en irregularidades de las adjudicaciones de Acuamed, aunque en momentos diferentes. La del PSOE valenciano se produjo bajo el mandato de Cristina Narbona

El avance de esta causa llevó a los investigadores a reunirse en busca de puntos en común, tal y como avanzó Valencia Plaza, aunque no hay evidencias hasta el momento que apunten a que Azud se integrará en el gran caso contra Acuamed. El mismo se ha visto especialmente afectado por la rebaja del delito de malversación que impulsó Moncloa en connivencia con ERC. El cambio legal propició, de hecho, que por primera vez la Audiencia Nacional requiriera a Anticorrupción una revisión del escrito en el que pedía enviar al banquillo a 42 imputados.

El motivo reside en que la Fiscalía solicitó la formación de sumario al acusar con delitos que sumaban más de nueve años de prisión. De no ser tan graves se tendría que continuar por el trámite de procedimiento abreviado, situación que puede producirse dado que el principal delito en esta causa de Acuamed es el de malversación y éste ahora se ha visto modificado a la baja. La fiscal entiende que se produjo un delito continuado de malversación (en su modalidad agravada) debido a las altas cantidades sustraídas y a que se trata de una empresa estatal y, por tanto, de patrimonio público.

Además, en su escrito, desvelado por Vozpópuli, también atribuyó delito de corrupción entre particulares, falsedad, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude a los más de 40 imputados. Entre ellos se encuentran contratistas, empresarios y exaltos cargos de Acuamed, como el exdirector general Arcadio Mateo; la exdirectora de Ingenería y Construcción Gabriela Mañueco; el que fuera director de Asesoría Jurídica Juan García Cuenca; el exjefe de Administración Carlos Anibarro o Francisco Javier Gómez Pastor, exsubdirector de contratación.

Tras más de siete años de pesquisas, el Ministerio Público concluye que quedaría acreditada una dinámica de falseamiento de contratos hidráulicos adjudicados desde Acuamed (como el de las obras de la planta desaladora de La Redonda de Almería, el del ramal del Cañarico o la dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado, en Murcia) donde la cúpula impuso el proveedor que tenía que suministrar el material.

El Ministerio de Narbona

A cambio se repartieron jugosos beneficios (reflejados en anotaciones incautadas por los investigadores) que se habrían repartido entre los imputados. En algunos casos incluso se compensaron las pérdidas económicas de las empresas amigas con cargo a los fondos públicos de Acuamed. La Fiscalía sostiene que estas presuntas irregularidades se cometieron entre los años 2012 y 2015.

Por contra, la causa de Valencia pone el foco en los años previos, cuando Acuamed dependía del Ministerio de Medio Ambiente que controlaba Cristina Narbona. Diferente espacio temporal pero misma dinámica. En este caso la UCO siguió el rastro de adjudicaciones de obra pública concedidas entre los años 2006 y 2008 en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana. La cifra total de las adjudicaciones que están bajo sospecha supera los 118 millones de euros.

La Guardia Civil sostiene que parte de estos fondos fueron para financiar en negro las campañas del PSOE valenciano en un momento en que ejercían la oposición en la Comunidad Valenciana. Señalan en concreto el pago de merchandising para la campaña a la Alcaldía de Valencia de la exministra Carmen Alborch en 2007 y de la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, un año después.

Aunque no se puede perseguir el delito de financiación ilegal de los partidos políticos porque en el momento de los hechos no estaba tipificado Código Penal, la causa apunta directamente al que fuera responsable de finanzas del PSOE valenciano, Pepe Cataluña. El histórico del PSPV habría dado orden a los proveedores de las campañas de facturar a empresarios amigos del partido los cuáles, a su vez, desviaban parte de estos fondos a las arcas de la formación regional. Los agentes se apoyan en las notas incautadas, la documental del sumario y también en las declaraciones de dichos proveedores.