La causa del PSOE valenciano apunta a obras por 118 millones del Ministerio de Narbona

El PSOE valenciano se habría financiado de manera ilegal a través de cuatro mega licitaciones de la firma Acuamed entre los años 2006 y 2008. La UCO ha puesto la lupa en todos estos contratos que dependían en última instancia del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona ya que de todos ellos se desviaron mordidas destinadas a sufragar las campañas electorales de esos años. La cifra total de esas adjudicaciones asciende a 118 millones de euros.

Se trata de cuatro grandes obras que la empresas Aguas del Júcar (absorbida posteriormente por Acuamed) otorgó a empresarios vinculados a esta presunta trama de corrupción que se investiga bajo la batuta del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y falsedad.

De estas licitaciones se desviaron importantes cuantías que fueron a parar a empresas pantalla mediante contratos ficticios. Algunos de los proveedores del PSOE valenciano para las campañas de 2007 y 2008 confirmaron estos extremos ante la Guardia Civil y en sede judicial.

La primera de estas licitaciones corresponde a las obras del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó en la Comunidad Valenciana y el importe era de 46 millones de euros. Aguas del Júcar adjudicó el macroproyecto a una UTE conformada por la empresa Construcciones Luján. Parte de estos fondos se desviaron posteriormente a las arcas del PSOE valenciano a través de su entonces tesorero José María Cataluña.

Empresas pantalla

La UCO sostiene que en el registro de su domicilio, concretamente en el dormitorio, encontraron un sobre que contenía la cantidad a abonar por las empresas que se adjudicaron este tramo. A cambio de la obra, la constructora abonó "pagos y comisiones" a Cronosport S.L; una de las sociedades que realizaron parte de la campaña para las elecciones municipales de 2007, en las que la exministra Carmen Alborch concurría como candidata a la alcaldía de Valencia.

La segunda gran obra fue la que se adjudicó al Grupo Axis (situado en el epicentro de la red) para desarrollar un Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Espartal en Jijona (Alicante). El acuerdo se promovió en convenio con la estatal Acuamed. Cabe recordar que justo un año antes el Gobierno que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero otorgó a Acuamed el control de Aguas del Júcar.

A diferencia de los otros tres proyectos licitados desde Medio Ambiente, éste nunca se llegó a ejecutar. El Grupo Axis se encontró con el problema de que no podía justificar la suficiencia de recursos hídricos dada la escasez de los mismos en esta zona de Alicante, aunque lo solventó firmando un convenio entre Acuamed y el ayuntamiento de Jijona para ampliar la desaladora de Muchamiel-Campello.

1 millón para el PSOE

La UCO sostiene que la operativa se impulsó gracias a la mediación de José Luis Vera, una persona "estrechamente vinculada" al PSOE. De él dice la Guardia Civil que medió para adjudicar procesos administrativos del Gobierno a terceros. Con todo, y a pesar del resultado de licitación, se desviaron dos millones de euros en mordidas entre los meses de febrero y marzo de 2007. Uno de esos millones tuvo como destinatario el propio Vera y el otro millón fue a parar al PSOE valenciano, según acredita el sumario del caso Azud al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Los agentes identificaron pagos que recibió Vera por 563.000 euros y el PSOE por 615.823 euros. De nuevo como ocurrió en el contrato de 2006, el tesorero del PSPV jugó un "papel nuclear" para que parte de estas comisiones llegaran al partido. Además, la dinámica también fue la misma. En este caso los destinatarios canalizaron los pagos a través de contratos falsos firmados por empresas de la trama Azud. Se trata de Construcciones Valencia Constitución (CVC) y de Gigantes; firmas ligadas al investigado Jaime Febrer.

La tercera de las adjudicaciones bajo sospecha es la que se fraguó en 2008 relativa a las obras para la reutilización de aguas residuales depuradas de la Albufera. El contrato se adjudicó a una UTE conformada por las sociedades Sedesa Obras y Servicios y Comsa. El importe fue de 21,18 millones de euros. Al igual que ocurrió con la licitación del Tramo E, el extesorero Pepe Cataluña anotó detalles de esta operación en su libreta personal. La Guardia Civil destaca que Cataluña hizo esta anotación coincidiendo en tiempo con la licitación y que la cuantía recogida era la misma: "21 m".

La cuarta y última licitación se publicó en el BOE el 16 de julio de 2008 En este caso se trató de un contrato con la desaladora de Moncofa por importe de 50,8 millones de euros y resultó adjudicataria la mercantil Grupo Gimeno en UTE con la castellonense FACSA. La UCO desvela que el mismo día que se licitó la obra, en enero de ese año, Cataluña anotó en su cuaderno personal las empresas adjudicatarias y la cuantía: "51m".

Acto seguido se produjo el pago de comisiones. En marzo de ese año, la firma efectuó pagos a Cronosport en beneficio del PSOE. En concreto se emitió una factura por importe de 70.817 euros que tendría como aparente finalidad justificar el abono de una serie de servicios al PSOE con motivo de las elecciones generales de 2008. La UCO sostiene que se pagó material de campaña como mochilas, camisetas y gorras con parte de esta caja B. La cabeza de cartel por Valencia era la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.

Contratos con la Generalitat de Ximo Puig

Precisamente el Grupo Gimeno ha mantenido sus vínculos con el PSOE valenciano hasta la etapa presente. Desde 2015, hasta la actualidad FACSA ha cobrado 40 millones de euros de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR). Son contratos de servicio de funcionamiento, mantenimiento, saneamiento, deshidratación de fangos y depuración de aguas residuales en varios puntos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

Al margen de eso, ha recibido subvenciones de la Agencia Valenciana de la Información por valor de 900.000 euros en 14 convocatorias diferentes. Otras subvenciones son del IVACE por valor de 77.000 euros para la eficiencia energética; 88.000 de la secretaría de Universidades e Investigación (relacionado con el coronavirus); 50.000 de la secretaría autonómica de Modelo Económico y Financiación.

La Conselleria de Educación también le hizo un contrato de 180.000 euros para prácticas en ciclos formativos y la de Agricultura otro de 250.000 para renovación de la infraestructura de agua potable en Xilxes. En total, poco más de 40 millones de euros en contratos y 1,1 millones en subvenciones, según estos datos que recoge el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana.

La confesión de los proveedores

Las tesis de los investigadores quedaron refrendadas con las declaraciones de los proveedores del PSOE ante la Guardia Civil y la juez del caso Azud. Aunque algunos manifestaron no recordar por qué giraron facturas a empresas de la red pese a no haber realizado ningún servicio, otros sí confirmaron que se les dijo desde el PSPV que lo tenían que hacer así si querían cobrar sin demorar.

Uno de los fundadores del PSOE valenciano formó parte de una empresas proveedora del partido en los años investigados

Es el caso del empresario Emilio Calvet, al frente de Industria Gráfica Valenciana. Según relató, el PSOE le dio la "indicación" a su padre de que los servicios al PSOE los facturara a la mercantil Gigante. Los agentes también destacan la declaración del testigo Jesús Perea, de Publipress Técnicos Asociados. El empresario dijo que entre 2006 y 2007 se hicieron trabajos para el PSOE y que también hubo uno en 2005 para el PP.

Aunque no aclaró los pormenores sobre la facturación a una empresa interpuestas, sí dijo que cuando llegó a la mercantil estaba al frente de la misma un grupo de personas, entre ellas Vicente Ventura. Se da la circunstancia de que él es uno de los miembros fundadores del PSOE valenciano.

Al respecto dijo que se hicieron cuñas de radio. Preguntado por el contenido, respondió que "estaban relacionadas con temas del agua, con el objeto de contrarrestar campañas de publicidad encargadas por el PP a favor del trasvase del Ebro". La medida contó en su día con el férreo rechazo de la entonces ministra Cristina Narbona, cuyo departamento se ha visto salpicado ahora por esta causa de corrupción.