El PSOE valenciano ordenó a empresarios facturar los servicios a una firma externa

El PSOE valenciano dio orden a las empresas contratadas para la campaña electoral de 2007 de cobrar sus servicios a través de una firma ligada al partido. El dueño de Industria Gráfica Valenciana confesó ante la juez del caso Azud que los trabajos realizados para el partido se facturaron a una de las constructoras salpicadas por este caso de corrupción y que habría participado en el circuito de financiación ilegal.

La versión de este empresario vendría a confirmar las sospechas de la UCO que, en sus recientes informes, han destapado un presunto sistema fraudulento para financiar la campaña electoral de 2007, año en que la exministra Carmen Alborch concurría a la alcaldía de Valencia. En su comparecencia, que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, el empresario Emilio Calvet confirmó que el partido fue el que dio órdenes de no cobrarles directamente los trabajos.

Calvet, que compareció como testigo, se ratificó en todo lo declarado ante la Guardia Civil un mes antes, según consta en el sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli. Los investigadores le citaron al constatar relación con la constructora Gigante, empresa utilizada por el PSOE valenciano para el presunto desvío de fondos. Calvet explicó que la empresa que dirigía su padre carece en la actualidad de actividad, aunque ésta sigue dada de alta y él figura como administrador.

"Los trabajos fueron reales"

También dijo que no le constaba que Gigante Edificaciones y Obras tuviera relación alguna con la empresa familiar, aunque en 2011 constató que sí había vínculos cuando la Agencia Tributaria le requirió que aportara facturas pasadas. Su padre le comentó en aquel momento que fueron "indicaciones" del PSOE valenciano. En concreto se le dijo que lo facturara a la mercantil Gigante para cobrarlo "con menos demora".

Las indicaciones para facturar los importes de algunos trabajos realizados para el PSOE fueron dadas desde dicho partido a mi padreDeclaración del empresario Emilio Calvet

Se trata de un testimonio que también plasmó en un escrito dirigido al juzgado en octubre: "Las indicaciones para facturar los importes de algunos trabajos realizados para el PSPV-PSOE en dicho periodo a la empresa Gigante fueron dadas desde dicho partido a mi padre, según creo recordar, para proceder a un cobro sin excesiva demora, de dicha serie de trabajos de campaña y precampaña", plasmó.

En su cita ante la juez del caso Azud razonó, no obstante, que los trabajos que se hicieron al PSOE valenciano fueron reales y que no recuerda si fueron para la campaña de Carmen Alborch o para la de Ignasi Pla; secretario general del PSPV en el momento de los hechos y candidato en las elecciones a la Generalitat en 2007, año en que Francisco Camps revalidó su victoria como presidente valenciano.

Su comparecencia forma parte de las cerca de 10 declaraciones que el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia acordó a finales de noviembre en el marco de esta pieza séptima del caso Azud, centrada en la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano y cuyo secreto de sumario se acaba de levantar.

Campaña a De la Vega

Entre el grupo de testigos se encontraba el también empresario Eloi Martínez. Este confirmó que en aquel año la firma a la que pertenecía participó en la campaña de publicidad en medios para el PSOE. Preguntado por si realizó servicios para algunas de las empresas salpicadas en la trama, dijo que no lo recordaba. Pero se le exhibió alguna factura que recogía pagos de Construcciones Valencia Constitución. Se trata de una mercantil perteneciente al Grupo Axis; complejo de empresas que habría financiado de manera ilegal al PSPV.

Del mismo modo también declaró Juan Manuel Palanca. El empresario aparece en uno de los últimos informes de la UCO como el encargado de parte del merchandising de la campaña de la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Los agentes le preguntaron en relación a un correo electrónico que envió en 2008 a una de las principales firmas salpicadas de la causa con el asunto "logo para camisetas". Al mensaje se le adjuntaba el archivo 'Vice X Valencia Rojo sin Fondo.psd'.

Se trata del logotipo que se impulsó en las generales de 2008 en las que De la Vega concurría como cabeza de lista para la suscripción de Valencia. El cuerpo del mensaje menciona el nombre una persona que se ha convertido en epicentro de esta causa: el de José María Cataluña, histórico tesorero del PSOE valenciano.

"De parte de Pepe Catalunya"

Algunas voces de la formación -entre ellas el exgerente del partido Francisco Martínez- le señalaron como el responsable de buscar financiación en B aquellos años al margen del presupuesto oficial. El correo enviado a la empresa Cronosport decía: "De parte de Pepe Catalunya". Preguntado por este asunto en sede judicial, Palanca dijo que él simplemente se "limitó" a cumplir "con lo que le ordenaban".

Pero los investigadores llevan meses trabajando en estos supuestos pagos con los que el PSOE pagó parte de las campañas de 2007 y 2008. Cabe recordar que esta causa se remonta al año 2017 y nació para investigar presuntas comisiones que habría percibido el exvicealcalde de Valencia con el PP, Alfonso Grau. Sin embargo, el procedimiento avanzó y viró hasta salpicar al exsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio.

Comisiones de 2 millones

Los agentes identificaron el cobro de presuntas comisiones en los años 2007 y 2008. Las pesquisas practicadas en este tiempo permitieron acotar que este circuito se mantuvo gracias a empresas afines al partido que participaron con facturas ficticias. Se trata de hechos cometidos antes de que entrara en vigor en 2015 el delito de financiación ilegal de partidos políticos, por lo que no se pueden perseguir por este tipo penal, aunque la causa se sustenta por delitos de corrupción.

Así, por ejemplo, Anticorrupción puso el foco también en una operación urbanística que acometió el Grupo Axis. Se trató del Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Espartal en la localidad alicantina de Jijona y se desarrolló en convenio con la empresa pública estatal Acuamed. La consecuencia directa de esta adjudicación fue el reparto de una comisión de dos millones de euros que pactaron el empresario Jaime Febrer y José Luis Vera; este último conocido por ser el exresponsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra (cuya gestión dio origen a la causa de corrupción Alquería).

De estos dos millones que se repartieron en comisiones, uno de ellos quedó reservado para el PSOE. Los pagos los percibieron a través de dos contratos ficticios: por un lado con la sociedad Construcciones Valencia Constitución (con el que desviaron 563.000 euros) y con la constructora Gigante, por la que se canalizaron 261.000 euros.