La empresa creada por José Luis Rodríguez Zapatero gestiona la desaladora de Sagunto que es la designada por la ministra Teresa Ribera para cargar agua en barcos hacia Barcelona

La Sala de lo Penal apuntala los "sólidos indicios" contra los más de 40 procesados por amaños en la adjudicación de contratos públicos entre 2012 y 2015 con empresas implicadas en la trama

Anticorrupción pidió sentar en el banquillo a altos cargos de Acuamed, entre ellos su exdirector general, por amaños sistemáticos en las adjudicaciones de la empresa pública

Acumula la pieza separada contra el PSPV por cohecho con la investigación principal, que sacude a excargos del PP por el nexo común de las empresas salpicadas por un presunto amaño de licitaciones

La Fiscalía tampoco admite aquí la rebaja del Gobierno al considerar que la excúpula de la empresa pública actuó en su condición de funcionarios y ocasionaron un grave daño al erario

Enrique Gimeno, empresario salpicado por la presunta caja B del PSPV, regaló entradas a políticos y un directivo de Acuamed meses antes de adjudicarse de este ente público un megaproyecto de 50 millones

El instructor del caso Acuamed intercambió información con la juez de 'Azud' ante las coincidencias entre ambas tramas que salpican al PSOE, aunque por el momento no se contempla una unificación de las causas

La rebaja de la malversación auspiciada por el Ejecutivo no solo no logra su efecto deseado con Junqueras y los condenados del procés, sino que amaga con revisar a la baja las acusaciones en causas de corrupción

Tras 7 años de causa, Anticorrupción quiere enviar al banquillo a altos cargos de Acuamed (incluido su exdirector general) por malversación agravada, pero la reforma del Gobierno obliga a estudiar la acusación

Acuamed es solo el principio: el PP prevé 140 revisiones de casos de corrupción hasta el 28M

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acuerda prorrogar tres meses la instrucción de esta causa para dar tiempo a la Fiscalía a pronunciarse ante esta reforma

Las licitaciones que concedió Acuamed entre 2006 y 2008 están bajo el foco de la UCO por utilizarse desde el PSPV para financiar campañas electorales. Empresarios afines confirmaron ante la juez la dinámica

Altos cargos de la extinta Aguas del Júcar pactaron la comisión con una constructora de la trama para adjudicarse esta obra pública. Parte del dinero se desvió al PSPV para sufragar en B campañas electorales

La compañía pública, uno de los grandes consumidores de energía, establecerá en el contrato un sistema que impedirá que el suministrador eléctrico rompa al contrato como consecuencia de los vaivenes de los precios en el mercado

José Moreno Carretero tiene el 16% del capital de Sacyr y participa en la empresa Altyum Proyectos y Obras, investigada por el caso Acuamed, un presunto caso de fraude millonario en la compañía dependiente del Ministerio de Agricultura

Apunta que el principal acusado, Arcadio Mateo, era "persona de la mayor confianza" del exministro Arias Cañete.  

Un informe interno del Ministerio de Agricultura confirma que los gastos irregulares por obras de la empresa pública se elevan a 36 millones de euros en lugar de los 18,3 conocidos hasta la fecha.

Este órgano ha denunciado el incremento durante los últimos meses del número de "noticias incomprensibles" o "irrelevantes" en los telediarios con el objetivo de suavizar las polémicas que afectan al PP o al Gobierno de Rajoy.

Más allá de esa equivocación, lo que Cañete impulsó durante su época como titular de Agricultura fueron normas de contratación "tremendamente exigentes", según la actual ministra.

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Todo comenzó el 2 de abril de 2014 con la denuncia de Francisco Valiente, entonces director de Ingeniería y Construcción de la compañía, quien hizo llegar al Consejo mediante notario un centenar de folios en los que se recogían las supuestas irregularidades en Acuamed. Casi dos años más tarde, el juez Eloy Velasco pone en marcha la 'Operación Frontino'.

El exdirector de Acuamed ingresó en prisión incondicional el pasado 20 de enero por presuntos delitos de fraude, falsedad y prevaricación en la adjudicación de obras públicas.

La agrupación se queja de los recortes en la plantilla y la descoordinación entre el Cuerpo y la Policía Nacional, con quien pide compartir bases de datos en los distintos casos en los que trabajan.

Un informe elaborado en 2013 por técnicos de la sociedad estatal alertaba de las consecuencias que podían provocar las supuestas irregularidades detectadas ya entonces en la adjudicación de las obras en Rambla Gallinera. "Nefastas desde un punto de vista económico y penal", remarcaba.

La sociedad estatal creó a marchas forzadas un Comité de Control Interno al conocer que la Fiscalía Anticorrupción investigaba la denuncia del directivo que ha destapado el escándalo. Su misión debía ser revisar las adjudicaciones en busca de irregularidades. Al frente del mismo situó a uno de los colaboradores de Arcadio Mateo, presunto cabecilla de la 'mafia del agua'.

Pablo Saavedra presidió el Consejo de Administración de la sociedad estatal en el que se decidió "por unanimidad" despedir a dos empleadas de la compañía que respaldaban las acusaciones de Francisco Valiente, el ingeniero defenestrado catorce meses antes por denunciar irregularidades en adjudicaciones. Entonces, el juez Velasco ya tenía en marcha la investigación que ha terminado por confirmar los engaños descubiertos por los tres sancionados y que desembocó el pasado mes de enero en la 'Operación Frontino'.

El acta del consejo de administración del 2 de abril de 2014 recoge, a petición de Arcadio Mateo, el despido del directivo que destapó el escándalo "por falta de confianza". Todos los consejeros, "por unanimidad", respaldaron la propuesta del director general y jefe de la trama corrupta, sin siquiera analizar las graves acusaciones vertidas contra los altos directivos y la documentación de la denuncia, lo que se pospuso para el "siguiente consejo".

Según un informe del Índice de la Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, España se sitúa en el puesto 36 de 168 países, con 58 puntos, dos menos que en el índice anterior.

El ministerio añade que ni la liquidación correspondiente a los trabajos de la UTE en el contrato del proyecto de Bajo Almanzora ni su reclamación sobre los daños ocasionados por esa riada han sido abonados por Acuamed, cuyo Consejo de Administración nunca aprobó "ni estas liquidaciones ni el pago de los costes de reparación".

El portavoz parlamentario, Antonio Hernando, ha deslizado que el caso "puede afectar" al comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, quien en su momento fue ministro de Agricultura.

Un documento incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' desglosa las millonarias pérdidas que provocaron a "la cuenta de resultados" de la sociedad estatal las numerosas irregularidades en la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante) por parte de Acciona.

El directivo de la sociedad estatal que fue despedido por denunciar las irregularidades aportó a la causa un informe con más obras bajo sospecha. La Guardia Civil analiza los expedientes en papel y soporte informático encontrados en los 16 registros practicados en la 'Operación Frontino'.

Agricultura ha convocado un consejo para este lunes en el que se pondrá en marcha una auditoría interna para revisar todos los contratos adjudicados por Acuamed desde 2004. Hay fundadas sospechas de que las prácticas corruptas comenzaron en la década pasada.

Liana Ardiles, directora general del Agua, recibió el correo electrónico en el que el ya dimitido número 3 de Soraya Sáenz de Santamaría preguntaba al presunto cabecilla de la trama por detalles sobre los pagos a la constructora de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), uno de los contratos investigados por el juez Velasco.

El número tres de Soraya Saénz de Santamaría toma esta decisión "para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" en su cargo anterior en el Ministerio de Medio Ambiente tras su implicación en la 'operación Frontino'.

Federico Ramos de Armas envió un correo elctrónico al cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, interesándose por el pago de 10 millones de euros a FCC porque le debían "bastante dinero en otras obras".

Federico Ramos de Armas, actual subsecretario de Presidencia, era presidente de Acuamed cuando en marzo de 2014, el director de ingeniería, Francisco Valiente, denunció las irregularidades detectadas. El número 3 de Moncloa y hombre de confianza de la vicepresidenta en funciones decidió entonces frenar esa denuncia, abortar cualquier tipo de investigación interna y destituir de forma fulminante al directivo que alertó de las prácticas corruptas.    

En el organigrama de la sociedad estatal figura como presidente el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra Inaraja.

García Tejerina ha precisado que no es su decisión acudir al parlamento a dar explicaciones sino que debe acordarlo la Mesa del Congreso. En este sentido, ha subrayado que si así lo decide acudirá con toda la información de la que disponga, que será la que le suministre el Consejo de Administración de Acuamed.

Arcadio Mateo, exdirector general de Acuamed, guardaba en su casa lo que según la Guardia Civil podría ser el indicio de las presuntas mordidas que cobraba la empresa por la adjudicación de contratos públicos. 

La denuncia de septiembre de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción que ha permitido destapar el millonario fraude en la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura ya detallaba gran parte de las irregularidades descubiertas ahora por la investigación de la UCO. 'Vozpópuli' revela los amaños denunciados por cuatro extrabajadores ahora confirmados por las pesquisas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de esta entidad estatal, Pablo Saavedra, ha explicado a la prensa que las dos destituciones obedecen a la gravedad de las acusaciones y a la alarma pública suscitada.  

La Operación Frontino, iniciada en septiembre de 2014 tras la denuncia de un alto cargo de esta sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, centra las pesquisas en media docena de concursos de obras públicas adjudicados entre 2007 y 2014. El fraude estimado es superior a los 20 millones de euros.

El director general y la directora de Ingenería de la sociedad han sido detenidos por la UCO junto a otros dos empleados de la misma en la 'Operaciòn Frontino'. También han caído nueve empresarios y no se descarta que en las próximas horas haya más. Se investiga el supuesto 'engorde' de facturas por obras en embalses y ríos en la cuenca mediterránea.