Alerta en CaixaBank por el efecto Telefónica: "Son capaces hasta de la nacionalización"

Cuentan fuentes cercanas a Moncloa que Pedro Sánchez pasó por Yeda "para aclarar las intenciones" de los saudíes en Telefónica. Casi nadie en el Ibex se ha tragado la versión gubernamental, insistente en el "papel secundario" que la operación empresarial ha tenido en el viaje oficial. Al contrario, el control de Telefónica era un asunto capital. Lo explica, en otras cosas, el hecho de que el presidente español haya retornado a Madrid con las manos vacías, sin un solo compromiso de inversión. Ni siquiera un contrato para fabricar fragatas.

"Hemos acordado reforzar nuestra cooperación económica mediante un marco estructurado para identificar áreas de inversión", se limitó a afirmar Sánchez, tras entrevistarse con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. Ante los focos, el político español hizo hasta una protocolaria reverencia al todopoderoso mandatario saudí. En privado, Sánchez quería tantear al hombre que también lidera el megafondo soberano PIF, dueño de STC, la empresa que ya controla un 5% de Telefónica y aspira a hacerse con otro tanto.

El presidente español ha enseñado a Riad sus cartas. Lo que sonaba a amenaza en diciembre -el Consejo de Ministros encargó a la SEPI la entrada de Telefónica- se ha hecho realidad a velocidad récord, contra viento y marea, sin contar si quiera con unos Presupuestos Generales del Estado. Consciente de las dificultades que entrañaba acudir al real decreto ley, Sánchez ordenó arañar partidas de los presupuestos prorrogados hasta sumar los 2.000 millones que cuesta el asalto

Mercedes Serraller ha publicado en Vozpópuli de dónde saldrá el dinero: 1.500 millones procederán de remesas previstas para las comunidades autónomas, destinadas a pagar gastos corrientes (sanidad o educación). Los 500 millones restantes se rebanarán de partidas asignadas a entidades locales. El esperable cabreo autonómico y municipal no ha sido óbice para Moncloa actúe con rotundidad. El objetivo es hacerse con el 10% del capital y nombrar un consejero, antes de abrirle la puerta a los saudíes.

La 'operación Telefónica' demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el líder socialista en su asalto a los centros de poder, públicos y privados. Y es esa exhibición la que está aumentando progresivamente el recelo en el mayor banco que opera en España: CaixaBank. La preocupación es creciente en el entorno de la entidad. Así lo describen fuentes próximas: "Hay preocupación por lo que pueda ocurrir tras las elecciones catalanas. Está claro que, pase lo que pase, van a querer influir en la entidad". Un alto directivo catalán va más allá y afirma: "El Estado ya está dentro de CaixaBank. ¿Quién asegura que no van a acabar pidiendo hasta la nacionalización".

La hipótesis suena descaballeda a oídos del sector financiero. Ahora bien, es cierto que nadie hubiera apostado hace un año a que el Estado regresaría a lo grande -y con estas formas- al capital de Telefónica. También lo es que EH Bildu, socio del Gobierno y con posibilidades reales de ganar las elecciones vascas, aboga por 'asaltar' Kutxabank. Lo dicen por escrito, en su programa económico, recién presentado: "Se deben explorar todas las vías que permitan a las instituciones recuperar el control del que podría ser un instrumento financiero de gran potencial".

No extraña que se estén activando luces de alerta en Fráncfort, sede del Banco Central Europeo. Lo ha contado Rubén Sampedro en este diario: la institución que lidera Christine Lagarde, con Luis de Guindos como vicepresidente, seguirá de cerca lo que ocurra en España tras los comicios vascos y catalanes. Sobre todo, por la amenaza creciente de que algunas formaciones políticas (Sumar, EH Bildu, ERC y Junts) promuevan una nueva ola de intervencionismo en la banca. O sea, una vuelta al marco de las antiguas cajas de ahorros, que llevó a la ruina a numerosas entidades y que provocó el rescate europeo del sector financiero español.

Influencia en CaixaBank

Fue ese rescate el que metió al Estado en Bankia y el que permite ahora al Gobierno tener voz y voto en el consejo de CaixaBank (a través del Frob). Pero el gran objeto de deseo es la Fundación La Caixa. En las negociaciones para formar el actual Gobierno de coalición ya se planteó la posibilidad de devolver a la Generalitat la capacidad de supervisión sobre esta institución clave. Está presidida por Isidro Fainé y es la propietaria de CriteriaCaixa, el holding que agrupa todas las participaciones empresariales (CaixaBank, Naturgy o Telefónica).

En las élites financieras de Barcelona se da por hecho que el PSC intentará ganar influencia en la Fundación La Caixa si Salvador Illa logra una victoria holgada el 12-M. También está asumido que un resultado pírrico de los socialistas podría convertir a la entidad en moneda de cambio. Junts aspira a controlar la Fundación o, al menos, a ganar poder. Tanto la formación de Carles Puigdemont como ERC aún sangran por la herida que abrió CaixaBank cuando trasladó su sede a Valencia, tras la 'revuelta' del 1-O.

Para avanzar por un camino lleno de curvas será clave la figura de Ángel Simón. Fainé, con gran capacidad de anticipación, decidió nombrarle consejero delegado de CriteriaCaixa a finales de enero. Sustituía a Marcelino Armenter, precisamente, con el objetivo de calmar las aguas. Las relaciones entre el holding y algunas de sus participadas no pasaban por su mejor momento, por lo que Fainé decidió dar galones a un directivo de máxima confianza y con mucha mano izquierda.

La huella de Simón, el mejor situado en la carrera de sucesión del veterano banquero, ya se está notando. Una prueba de ello es lo ocurrido esta misma semana en la junta de accionistas de Naturgy, en la que CriteriaCaixa ha reforzado los lazos con Francisco Reynés y su equipo, frente al fondo australiano IFM.

Simón tiene experiencia, buen talante y capacidad negociadora, y tiene magnífica sintonía con el 'universo PSC'. Son grandes virtudes para lidiar con un desafío como el que se avecina tras las elecciones catalanas. Pase lo que pase, habrá turbulencias.