Junts controló desde 2020 la investigación de Citizen Lab por el espionaje del Catalangate

El laboratorio canadiense Citizen Lab que denunció un espionaje masivo a líderes independentistas catalanes en 2022 no trabajó solo en esta investigación. El sumario del caso Voloh, relativo al presunto nexo entre Carles Puigdemont y su entorno con el Kremlin, desvela que desde Junts eran conocedores de lo ocurrido desde, al menos, septiembre de 2020 y que estaban trabajando en coordinación con este equipo de la Universidad de Toronto para destapar lo ocurrido.

Así se desprende de una charla que mantuvieron por el canal de Telegram Josep Lluís Alay (mano derecha de Carles Puigdemont) y Clara Tarrida Felip el 18 de septiembre de 2020. Esta última fue asesora eventual adscrita al Grupo Municipal de Junts per Catalunya y, a tenor de las conversaciones incautadas por la Guardia Civil, no solo estaba al tanto del espionaje sino que conocía la investigación de Citizen Lab.

Coordinados con Citizen Lab

Los agentes recogieron en uno de sus oficios policiales la conversación "de interés" mantenida entre ambos aquel 18 de septiembre. En el marco de la misma Tarrida "le informa de unos ataques a través de Whatsapp para espiar a miembros de la sociedad catalana". "Le dice que está coordinando con Citizen Lab una investigación y le da una serie de instrucciones", reza el informe policial al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Sospecho que has sufrido un intento de ataque (...). Si el resultado es positivo, tendrás absoluto control sobre si quieres que tu caso se haga público cuando toque explicarlo Mensaje a la mano derecha de Puigdemont en septiembre de 2020

"Primero de todo te pido que mantengas el contenido de esta conversación completamente confidencial, tanto si el resultado es positivo o negativo (...). Estamos investigando un vector de ataques que se hace con un SMS. Este mensaje normalmente tiene un texto y un enlace. Con clicar el enlace se instala el software para espiar a la persona (...). Sospecho que posiblemente has sufrido un intento de ataque", le trasladó.

Del mismo modo la que fuera asesora del partido de Puigdemont le dijo que le gustaría ayudarle para hacer un barrido del teléfono y encontrar mensajes "sospechosos". "Cada uno reacciona de manera diferente al saber que ha sido víctima de este tipo y todas las emociones son normales y respetables. En todo caso, es importante que sepas que si el resultado es positivo, tendrás absoluto control sobre si quieres que tu caso se haga público cuando toque explicarlo. Te adjunto un PDF con las instrucciones a seguir", le explicó.

Este mensaje, del que informó Ok Diario en 2021, cobra especial importancia desde que Citizen Lab desvelara ya en 2022 que más de sesenta líderes independentistas fueron espiados desde el CNI con Pegasus. Entonces se supo que uno de los cerebros de este trabajo fue Elíes Campo. Se trata de un ingeniero muy vinculado a la creación del Consell de la República de Puigdemont.

Conocedores del espionaje

Así se desprende del sumario de la causa de Tsunami Democràtic, donde llegó a ser uno de los objetivos de la Guardia Civil en los primeros compases de la investigación. No obstante, el magistrado Manuel García Castellón nunca le imputó formalmente ya que no acreditó los suficientes indicios que le vincularan con la creación de la plataforma radical.

Con todo, la conversación que obra en la causa Voloh pondría de manifiesto que una rama del independentismo estaba al corriente de que la existencia de un espionaje a líderes de formaciones como ERC y Junts, hasta el punto de que la propia Tarrida trasladó a Alay en mensajes posteriores que, efectivamente, había sido "hackeado".

Aunque el oficio policial no aporta más detalles sobre el espionaje al que se refiere la asesora de Junts, el mismo guarda relación con el conocido como 'Catalangate' puesto que la conversación incautada se produjo apenas dos meses después de que el diario El País desvelara que el móvil del entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, fue objeto de hackeo con un programa "que solo pueden comprar los gobiernos".

Meses después, en abril de 2022, Citizen Lab destapó que al menos 65 independentistas y activistas vinculados al procés fueron espiados con Pegasus. Entre ellos se encontrarían el actual presidente catalán, Pere Aragonés, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye (abogado de este último) y también Josep Lluís Alay.

Alay, espiado con Pegasus

De hecho, el nombre de 'la mano derecha' de Puigdemont se incluyó en la lista de los 18 líderes independentistas espiados, tal y como reconoció la entonces directora del CNI Paz Esteban durante su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados. Esteban, quien recientemente ha sido imputada en un juzgado catalán tras la admisión a trámite de una querella de Aragonés, validó la legalidad del operativo y recordó que contó con el aval del Tribunal Supremo.

Precisamente, Alay se ha convertido en los últimos años en el ejecutor en la sombra de muchas de las principales acciones del independentismo. Del sumario de este procedimiento se desprende que controlaba la agencia, citas y todo tipo de acciones de Carles Puigdemont, desde su fuga a Bruselas.

En este caso Voloh se le ha investigado por sus nexos con el entorno de Vladimir Putin además de por un negocio de compraventa de petróleo entre una empresa rusa y una empresa china en la que participó el empresario ruso Alexander Dimitrenko.

Esta rama del procedimiento se archivó por falta de indicios sólidos pero el magistrado Joaquín Aguirre mostró sus sospechas sobre una posible financiación irregular de las actuaciones de Puigdemont en Waterloo con este negocio. Con todo, Alay -que fue operado de urgencia a comienzos de mes tras sufrir un aneurisma- también está investigado por delito de terrorismo en la causa contra Tsunami Democràtic.

El magistrado Manuel García Castellón le imputó el pasado mes de noviembre junto con otra decena de personas por su rol en el impulso de la plataforma. Los hechos se investigan indiciariamente por terrorismo y se está a la espera de que el Tribunal Supremo dirima si asume el procedimiento, como así lo ha propuesto el instructor, o lo devuelve a la Audiencia Nacional.