La tecnología Pegasus y la reserva del CNI complican el futuro judicial del 'catalangate'

Las causas abiertas en una decena de juzgados por el espionaje con Pegasus a independentistas catalanes tienen un recorrido judicial muy complicado. Aunque el Gobierno se ha abierto a desclasificar parte del material protegido del CNI en el marco del 'catalangate', el avance de estos procedimientos se va a ver lastrado por las reservas que se mantienen en este tipo de materias y por el diseño del software israelí.

El espionaje autorizado de los servicios secretos a 18 líderes independentistas en plena crisis por el procés, llevó a los perjudicados -entre los que se encuentran Pere Aragonés- a interponer querellas en una decena de juzgados de Madrid y Barcelona. Sin embargo, de todas las abiertas, el foco se pone en la que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que ha llegado a imputar a la exdirectora del CNI Paz Esteban.

Precisamente la que fuera jefa de los servicios de inteligencia tenía previsto comparecer este miércoles en su condición de investigada ante el titular del juzgado, pero la cita se ha retrasado hasta comienzos del año que viene a petición de la Abogacía General del Estado,. que ejerce su defensa. El que sí declarará es el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, que forma parte de la lista de líderes independentistas que el CNI espió con el sofwtare israelí Pegasus.

El objetivo de ERC

La comparecencia como perjudicado de Aragonés se produce un día después de que el Ministerio de Defensa anunciara que se abre a desclasificar informes del 'catalangate' antes del interrogatorio de Esteban. El Gobierno trataría así de facilitar que la exjefa del CNI pueda defender en sede judicial que la actuación del Centro Nacional de Inteligencia contó con el aval y la autorización del Tribunal Supremo, tal y como lo precisa la ley.

Se trata de un guiño de Moncloa a ERC apenas semana después de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, esta era una de las exigencias que la formación republicana puso sobre la mesa en aras a conocer los detalles de la operación del CNI. Sin embargo, la cesión de Defensa no abrirá las puertas a desvelar el contenido de los espiado.

Al respecto cabe recordar que Esteban puede acogerse a las reservas que le brinda la Ley de Secretos Oficiales, al margen de que el Gobierno desclasifique una determinada parte de los informes sobre el espionaje. Precisamente a esta norma se acogió Esteban en mayo de 2022 cuando compareció a puerta cerrada en el Congreso tras la crisis desatada con el espionaje del 'catalangate'.

Del mismo modo ha actuado el magistrado del Tribunal Supremo que autoriza las actuaciones del CNI, Pablo Lucas. El juez que admitió a trámite la querella de Aragonés se dirigió al magistrado de la Sala Tercera del Supremo para que certificara si había autorizado el uso del software israelí "o cualquier otra fórmula de intervención" de Pere Aragonés. En caso afirmativo se le pedía que remitiera testimonio de las resoluciones judiciales en las que había autorizado "la injerencia".

El sistema de Pegasus

Las fuentes consultadas por Vozpópuli descartan que Lucas vaya a acceder al reclamo, toda vez que su actuación como garante de las actuaciones del CNI están protegidas y clasificadas como secretas por la Ley sobre Secretos Oficiales. Tanto es así que el magistrado ya se ha negado a acceder al requerimiento de la comisión de investigación del 'caso Pegasus' en el Parlamento catalán en la que se reclamaba su comparecencia.

Así pues, esta reserva legal sobre la actuación del CNI es una de las dos aristas que dificultará en gran medida el avance de la causa que se sigue en el juzgado catalán por interceptación ilegal de las comunicaciones y espionaje informático.

La segunda es la relativa al propio sistema Pegasus. El software que comercializa la empresa israelí NSO Group a gobiernos de todo el mundo es uno de los más avanzados, hasta el punto de que permite borrar todo rastro de actuación. Ello impide que, una vez efectuada la interceptación, se pueda conocer el contenido de lo hackeado.

Esto mismo ocurrió en el marco de la causa que se abrió en la Audiencia Nacional por el hackeo con Pegasus al teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a tres de sus ministros. La causa, que se terminó archivando ante la falta de colaboración de Israel, evidenció que el CNI únicamente pudo delimitar el volumen de información infectada y no tanto el contenido de la misma.

En este caso la situación es diferente puesto que son los servicios secretos los que han aplicado Pegasus a su actuación, pero el nivel de protección del software y la reserva que impera en las actuaciones de los servicios secretos dificulta en gran medida que este procedimiento penal termine con la depuración de responsabilidades de la exdirectora del CNI.

Las otras causas del 'catalangate'

El magistrado Santiago García admitió a trámite la querella de Aragonés que acompañó con un informe del grupo de investigación de Citizen Lab que apuntó a un espionaje masivo a más de 60 líderes independentistas. Precisamente este informe abrió la puerta a la interposición de denuncias y querellas en una decena de juzgados que ahora miran con lupa el avance de esta causa impulsada por Pere Aragonés.

Entre dichos procedimientos destaca el que se sigue en el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona por el espionaje a los también miembros de ERC Josep María Jové y Diana Riba. En este caso el Ejecutivo descartó que el CNI espiara a estos dos cargos y se negó a desclasificar los informes sobre esta materia.

Otro de los procedimientos que se abrieron por el espionaje de Pegasus fue el que se siguió en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona por la querella interpuesta por los republicanos Roger Torrent y Ernest Margan. Esta causa, que fue una de las pioneras del 'catalangate', está archivada provisionalmente ante la falta de respuesta de Israel a los requerimientos del juzgado.

Del mismo modo hay otras abiertas por el espionaje a los diputados de la CUP Albert Botran y Carles Riera; el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde o la que se sigue en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid por el presunto hackeo al teléfono de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont.