El cerebro del catalangate contra el CNI fue uno de los impulsores del Consell de Puigdemont, según la Guardia Civil

La investigación abierta contra Tsunami Democràtic desvela que Elíes Campo, el informático que impulsó el 'catalangate' contra el CNI, trabajó también en el desarrollo del Consell de la República de Carles Puigdemont. La Guardia Civil acredita viajes del experto en informática a Bruselas, sede de residencia del expresidente catalán, y reuniones en Barcelona con personas también vinculadas al líder de Junts.

El sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, evidencia que Campo fue uno de los primeros investigados por la Guardia Civil ante su presunta implicación en el manejo e impulso en redes sociales de la plataforma de Tsunami Democràtic. Aunque finalmente no ha sido imputado en la Audiencia Nacional, de las pesquisas practicadas desde 2019 se desprende que pudo trabajar al servicio del Consell de Puigdemont.

Los agentes pidieron permiso para pincharle sus comunicaciones tras detectar contactos con el entonces Consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. El también exvicepresidente catalán y hombre fuerte de Puigdemont, se había erigido como uno de los principales valedores del proyecto para instaurar una administración digital catalana paralela con la que buscaban evadir los mecanismos de control estatales. Es lo que se conocía como la República Digital Catalana.

Tras el Consell de Puigdemont

De las primeras diligencias practicadas en esa época los agentes esclarecieron que este especialista en mensajería móvil, que vive a caballo entre Suiza y España, ostentaba cargos en tres empresas (Fastode, Android Media y Chatbots), todas ellas dedicadas a servicios relacionados con tecnologías de la información y ubicadas en Barcelona. Además de su labor profesional, detectaron que fue una de las personas que votaron a favor de la aplicación de Tsunami Democràtic.

Junto con los encuentros a finales de 2019 con Puigneró, la Policía Judicial también le atribuye reuniones con Jordi Baylina, ingeniero vinculado a la Fundació Nord Cat y también a la plataforma de Tsunami.

Con el avance de la investigación los agentes determinaron que el Consell impulsado por Puigdemont desde Waterloo "podría estar instrumentalizando" esta fundación en su objetivo por articular una nueva estructura del sistema financiero catalán. De hecho, atribuyen a Baylina el desarrollo de una criptomoneda.

La actividad investigadora sitúa a Elíes Campo como uno de los desarrolladores informáticos del Consell, impulsor de Vocdoni y desarrollador de la aplicación Informe de la Guardia Civil

Además de Baylina, también formaba parte de la fundación Josep María Matamala, un empresario que financia a Puigdemont desde su huida a Bélgica. Precisamente Matamala estuvo investigado en la Audiencia Nacional por ser uno de los que acompañó al expresidente catalán en su fuga de la Justicia. Su causa se terminó archivando.

En relación a Baylina, el informe policial sostiene que fue uno de los principales impulsores del proyecto Vocdoni, entendido como otra de las herramientas del Consell para impulsar el voto digital. Se trata de una propuesta ambiciosa para el entorno de Puigdemont porque la misma desarrollaba las herramientas necesarias para implementar un segundo referéndum de autodeterminación y una posterior desconexión digital.

Reuniones cerca de Waterloo

Para este cometido Baylina se valió de Elíes Campo además de los también expertos en informática Joan Arus, San Segundo y Pau Escrich. Los tres son socios de la mercantil Vocdoni Roots, establecida en Tallín (Estonia). Se trata de un país referente para el independentismo catalán ya que el programa que elaboró Junts per Catalunya (JxCat) se hizo "a imagen y semejanza" del modelo digital de Estonia.

Al respecto los informes no solo acreditan el vínculo entre los tres socios, sino también viajes por separado pero coincidentes en el tiempo a Bruselas. Al respecto defienden que es "reseñable" la frecuencia de viajes que algunos de ellos mantienen con destinos a Bruselas entre 2019 y 2021. "Es realmente significativo el hecho de que Campo viajara desde Barcelona hasta Bruselas el 29 de abril de 2019 haciendo lo propio Escrich y Arus San Segundo al día siguiente", reza el documento policial.

El proyecto Vocdoni fue una de las herramientas articuladas por el Consell de la República para implementar un segundo referéndum de autodeterminación y una posterior desconexión digital Informe de la Guardia Civil

Por ello la Guardia Civil baraja la posibilidad de que el viaje tuviera por objeto una "importante reunión" teniendo en cuenta que la capital belga se encuentra "a escasos 20 kilómetros" de Waterloo, lugar de residencia de Carles Puigdemont y sede del Consell de la República. A ello se suma que les acompañaban, entre otros, Roger Vilaseca, responsable de construir las herramientas digitales necesarias para conformar el Consell.

Los agentes resaltan que los "hitos cronológicos" destacados para la puesta en marcha de este órgano diseñado por Puigdemont coinciden en la fecha con los días "inmediatamente posteriores" a la supuesta reunión en la que participó Elíes Campo en mayo de 2019. El concreto, el 9 de mayo de ese año se presentó en Barcelona el proyecto Vocdoni, con el que se busca lograr el voto descentralizado.

"Lo anteriormente expuesto no haría sino reforzar la hipótesis de que el entramado investigado, volcado en el proyecto Vocdoni y en la creación de herramientas digitales en beneficio del movimiento independentista catalán, podría haber gestado el desarrollo de las aplicaciones que posibilitaron los graves disturbios convocados por la plataforma Tsunami Democràtic", declararon los agentes.

El cerebro del 'catalangate'

El nombre de Elíes Campo saltó a la palestra hace apenas unos meses tras conocerse el informe que elaboró el grupo de investigación Citizen Lab, del que forma parte. El documento destapó un presunto espionaje masivo a más de 60 líderes independentistas por parte del CNI. De hecho, incluye al propio Campo entre las presuntas víctimas del hackeo con Pegasus.

La aparición de este dictamen generó un terremoto político hasta el punto de que el Gobierno forzó la destitución de la entonces directora del CNI Paz Esteban. En paralelo, abrió la puerta a la interposición de decenas de querellas y denuncias en tribunales de Barcelona y Madrid para que se investigaran estos hechos.

Como resultado se abrieron una decena de causas penales que siguen su curso en los tribunales, aunque la que más relevancia ha adquirido es la que se sigue en el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona tras admitirse a trámite una querella de Pere Aragonés. El magistrado instructor no solo le ha tomado declaración como perjudicado sino que también ha imputado a la propia Esteban, quien declarará por videoconferencia el 26 de enero. Además, ha requerido una ingente documental al Tribunal Supremo y el CNI ,entre otros.