Publicado: 12/12/2023 04:45
El caso Sogecable encalla en la Audiencia Nacional. El magistrado al frente del caso Villarejo ha declinado imputar al exdirector ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, y a otra serie de personas que estarían implicadas en una operación que se fraguó en la década de 1990 para apartar al entonces magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño de las pesquisas que dirigía contra Sogecable.
El instructor del caso Villarejo, en sintonía con lo manifestado ahora por la Fiscalía Anticorrupción, entiende que no se dan los indicios suficientes para acceder al reclamo de Gómez de Liaño de imputar a los implicados en la conocida como operación Sogecable. Además de Cebrián, se pidió la citación como investigados de los hermanos Gregorio y Álvaro Marañón y Beltrán de Lis; del empresario Antonio Navalón; José Aliste y Enrique Bacigalupo, exmiembro del tribunal que condenó en 1999 por prevaricación a Gómez de Liaño.
En sendos escritos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, la Fiscalía y el magistrado consideran que no hay pruebas de calado en esta macrocausa que apunten a un posible encargo del Grupo Prisa y el PSOE al comisario jubilado para apartar a Gómez de Liaño de la causa Sogecable y de la carrera judicial.
La operación Sogecable
La Fiscalía Anticorrupción, que en un principio apoyó el inicio de esta investigación, sostiene ahora que no procede imputar a las personas señaladas por Gómez de Liaño porque no hay documento alguno (a diferencia de otras piezas de esta causa) que acredite un encargo a Villarejo. Tampoco figuran anotaciones en las agendas incautadas al comisario, que se remontan al año 2007, siendo estos hechos muy anteriores a las mismas.
"Más allá de la primera comunicación dirigida por el investigado José Manuel Villarejo, no consta en la causa ningún elemento que permita tener por indiciariamente acreditada ninguna reunión celebrada para establecer los detalles del procedimiento de pago a ningún magistrado en servicio activo ni tampoco indicio de ninguna actuación llevada a cabo sobre la vida personal y familiar de Javier Gómez de Liaño", reza el auto del magistrado.
En idéntica sintonía se pronuncia Anticorrupción, que dice que la denuncia que interpuso Villarejo en Plaza de Castilla mientras estaba en prisión provisional por esta causa "no cuenta ningún apoyo objetivo ni principio de prueba". Por ello considera que solo hay "meras apariencias" que no justifican la citación de Cebrián y el resto de implicados en el caso Sogecable.
No consta ningún archivo de audio sobre las conversaciones que Villarejo dijo haber grabado sobre el encargo de Sogecable. Tampoco había anotaciones en sus agendas Escrito de la Fiscalía Anticorrupción
Cabe recordar que estas pesquisas arrancaron en el caso Villarejo en julio de 2022 cuando la Sala de lo Penal dio la razón a Gómez de Liaño y ordenó al juez que investigase si existió una operación para apartarle del caso Sogecable. Se trata de un procedimiento que nació en la Audiencia Nacional en 1997 para investigar la actuación del Grupo Prisa, Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián por presunta apropiación indebida de los fondos de los abonados a Canal Plus, la plataforma digital de Prisa.
Gómez de Liaño, en su condición de instructor de la causa, procesó a los implicados pero el asunto terminó en archivo. El entonces magistrado acabó inhabilitado por el Tribunal Supremo por presunta prevaricación y posteriormente indultado bajo el Gobierno de José María Aznar. En 2008 el TEDH le dio la razón y condenó a España al considerar que el tribunal que le enjuició no fue imparcial.
Encargo del PSOE y Prisa
El asunto quedó latente hasta que en 2019 Villarejo pidió a los juzgados ordinarios que investigasen la existencia de un encargo detrás del que estarían el PSOE y Grupo Prisa para acabar con la carrera del entonces magistrado. Según relató, entre 1997 y 1998 trabajó en esta operación que le encomendó el histórico dirigente socialista 'Tixi Benegas'.
Villarejo detalló que conoció a los hermanos Marañón por haber realizado trabajos para Álvaro, "algunos de índole muy personal y delicada", mientras que a Antonio Navalón lo conoció a finales de la década de 1970. Sobre Baltasar Garzón, quien presuntamente habría cobrado dinero para facilitar la operación, sostuvo que le conoció a través de la actual ministra de de Defensa, Margarita Robles.
En su denuncia expuso que le encomendaron obtener "información íntima" de la pareja del juez, la también abogada María Dolores Márquez de Prado, así como que presionara a Baltasar Garzón. El policía ha dejado caer que el entonces magistrado de la Audiencia Nacional que asumió la causa tras la salida de Gómez de Liaño estuvo implicado en este complot.
También dijo que medió para transferir pagos, entre otros, a una cuenta en Suiza que tenía el magistrado Bacigalupo. Para la operación se trianguló la ruta de dinero empleando cuentas en Colombia y Delaware de Aliste, un abogado que figura en numerosas grabaciones del comisario y que también está imputado en procedimientos como el caso contra José Luis Moreno.
Presuntos pagos a Garzón
En su comparecencia en la Audiencia Nacional tras abrirse una investigación por estos hechos, Villarejo dijo que no le hicieron un encargo como tal pero que sí participó de manera tangencial y acudió de manera presencial a reuniones donde se fraguó la caída de Gómez de Liaño "porque así interesaba a Jesús de Polanco".
Tras ello, el magistrado citó a Gómez de Liaño, quien compareció el 2 de diciembre del año pasado en su condición de perjudicado. El abogado -que también figura como víctima en otra pieza del caso Villarejo por haber sido espiado mientras fue abogado de Luis Bárcenas- dijo que Manuel Lozano le reconoció haber entregado a Baltasar Garzón una cantidad importante de dinero en efectivo para desactivar el procedimiento Sogecable.
El magistrado, a petición de Anticorrupción, citó a Lozano. El testigo clave compareció en julio y negó que pagara 300 millones de pesetas al entones juez de la Audiencia Nacional por el caso Sogecable. Las manifestaciones contradictorias llevaron al instructor a convocar un careo entre Gómez de Liaño y Lozano para esclarecer los extremos de este encargo aunque la causa quedó en punto muerto.
Tras ello Gómez de Liaño solicitó estas diligencias que tanto Anticorrupción como el titular del caso Villarejo declinan ahora practicar. Su respuesta merma las posibilidades de avanzar por los hechos sobre Sogecable ocurridos hace tres décadas.
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El movimiento del dinero y sus etapas pueden arrojar la luz necesaria en este sindiós...Al Capone fue a la cárcel por el rastro que dejó el dinero a su nombre...si se quiere avanzar en el caso, váyase a escudriñar en las costuras bacigalupanas y las del otro colega supremo...y cuidado quien lo haga, con tanto chinche como hay en ellas...se dice o se presume, vamos...
Si Garzón es un alma pura que no sabe lo que es el interés propio y el dinero.
Querido Emilio que cosas tan malvadas dice la gente.
Y la mafia solo es cosa de italianos?. O es común al latino?.
Está claro que la corrupción de la justicia es una para más del gobierno de delincuentes y sátrapa, en qué se sustenta el canalla de Sánchez