Caso Sogecable: el testigo clave niega que pagara 300 millones de Prisa a Garzón

El hombre clave que habría actuado en el caso Sogecable para reducir al exjuez Javier Gómez de Liaño no ha despejado dudas en la Audiencia Nacional. Manuel Lozano, que estaba citado como testigo para este jueves, ha negado haber formado parte de una operación para apartar al abogado de la instrucción del caso Sogecable que se seguía en este órgano y que afectaba directamente a Prisa.

Fuentes jurídicas presentes en la comparecencia confirman a Vozpópuli que Lozano ha negado la mayor en relación a este asunto que se investiga dentro del caso Villarejo. El instructor Manuel García Castellón le había citado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que su testimonio podría ser determinante para esclarecer si verdaderamente existió un encargo del Grupo Prisa para acabar con Gómez de Liaño y lograr que el Tribunal Supremo le terminara inhabilitando.

Al respecto el propio Gómez de Liaño confirmó en su declaración como perjudicado el pasado diciembre que recordaba cómo este señor le reveló en un momento dado que medió en estos hechos que tuvieron lugar en 1998. En concreto le confesó en 2015 que le habría entregado una "cantidad indeterminada de dinero" a Garzón por parte de Prisa para conseguir que éste asumiera las diligencias del caso Sogecable.

Careo en sede judicial

Al respecto el testigo ha negado esta confesión. Según ha dicho, es cierto que se vio en alguna ocasión con Gómez de Liaño pero no recuerda haberle comentado nada del asunto. La cuantía que le habría dado a Garzón, según se ha evidenciado este mismo jueves, ascendería a 300 millones de pesetas.

Lozano, quien ha denunciado que este asunto le está afectando gravemente, ha mostrado en varias ocasiones su malestar por la citación y ha insistido en que no tiene nada que ver con el caso Sogecable. El testigo -a quien se le citó con la posibilidad de acudir con abogado- ha confirmado que conoce a Baltasar Garzón (en el momento de los hechos titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional) pero ha descartado cualquier entrega de dinero en metálico.

Tras responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de la defensa letrada de Gómez de Liaño, el magistrado del caso Villarejo ha accedido a la petición de esta última y ha autorizado un careo entre el testigo y el perjudicado. Las fuentes consultadas explican que ambos se han mantenido firmes en sus posturas confirmando Gómez de Liaño que el encuentro y la confesión tuvieron lugar, efectivamente, en un barrio del centro de Madrid el año 2015.

La denuncia de Villarejo

Manuel Lozano le habría revelado su papel en este asunto, que pasaría por entregar 300 millones de pesetas en metálico al exjuez. Se trata de una versión que no solo mantiene el denunciante, sino que el propio Villarejo pidió que se investigara en los juzgados de Plaza de Castilla. El comisario, a quien la Audiencia Nacional investiga en una macrocausa por sus famosos espionajes privados, ha reiterado en numerosas ocasiones que se le contactó desde el entorno de Felipe González para actuar en este asunto.

En concreto dijo que en marzo de 1997 el diputado socialista José María 'Txiki' Benegas recurrió a él para conseguir apartar a Gómez de Liaño de la instrucción que ponía en jaque al grupo Prisa y, a su vez, conseguir una "condena ejemplarizante" contra el magistrado "para que nadie más se atreviera ir contra esta grupo".

En los encuentros celebrados entonces participaron, siempre según Villarejo, Carlos Carnicero en representación de este grupo de comunicación, y otros agentes políticos y de la judicatura. Al respecto dijo que recuerda cómo comentó estos hechos años después con el propio Garzón mientras preparaban el estallido del caso Gürtel. Su participación en este episodio habría consistido en controlar los movimientos de la pareja de Gómez de Liaño, inutilizar la actuación de algunos periodistas y también facilitar los pagos a miembros de la judicatura.

Pagos de dinero

De Garzón dijo que se le encargó presionarle para asumir él la instrucción del procedimiento hasta el punto que, de no obedecer, le amenazarían con el informe Veritas. Se trata de una operación que habría ordenado el PSOE al comisario jubilado para presionar al entonces juez estrella de la Audiencia Nacional y que dejase de instruir el GAL.

Según comentó el comisario jubilado no hizo falta todo eso ya que consiguieron apartar a Gómez de Liaño, el cual acabó expulsado de la judicatura. El Tribunal Supremo le condenó en 1999 a 15 años de inhabilitación por presunta prevaricación en el caso Sogecable. Quince años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le dio la razón dictaminando que no tuvo un juicio independiente ni imparcial.

Al respecto Villarejo dijo que parte del dinero que se pagó entonces para actual contra el exjuez y ahora letrado lo cobró el magistrado del alto tribunal que integró el tribunal que le condenó: Enrique Bacigalupo. Por su parte el propio Gómez de Liaño, quien ha pedido al juzgado que investigue estos hechos, compareció el año pasado para denunciar que fue víctima de una operación orquestada en su contra.