Publicado: 31/08/2023 04:45
La eventual ley de amnistía en la que trabaja el Gobierno en funciones con los partidos independentistas no solo se cocina ante fuertes dudas de su encaje legal, sino que su aprobación también exigiría una reforma de la Constitución. La tramitación de la norma de la que depende Pedro Sánchez para reeditar su mandato no culminaría con éxito si no se reforma previamente la Carta Magna en el Congreso, trámite que precisa de una mayoría de tres quintos.
En los últimos días la formación independentista de Junts o la plataforma Sumar que lidera Yolanda Díaz han defendido que esta propuesta (que emula a la ley de Amnistía de 1977) es perfectamente viable. Incluso han apelado a normas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que facilitarían la aprobación de una amnistía con la que se beneficiaría principalmente a Carles Puigdemont y a la plana mayor del 'procés'.
Sin embargo, catedráticos de Derecho Constitucional y juristas de reconocido prestigio niegan esta posibilidad y lo califican de "auténtica aberración". Las fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que el argumento relativo a la LECrim es completamente inviable ya que es una ley previa a la Constitución (en concreto de 14 de septiembre de 1882) y de rango inferior a la Carta Magna.
"El argumento de la LECrim no se tiene en pie"
"El argumento de la LECrim no se tiene en pie. Estamos en un nivel de prostitución intelectual", reza uno de los catedráticos consultados. El experto responde a la tesis defendida en una reciente entrevista en 'El País' al exdiputado de los comunes Jaume Asens e insiste en que, además de que es una norma infraconstitucional, el apartado tercero de la Disposición Derogatoria de la Constitución contempla la derogación de todas las normas que se oponen a la misma.
Esto lleva a otro de los asuntos troncales del debate sobre la legalidad de la amnistía y es su nula referencia en la Carta Maga. Así, mientras los defensores de esta propuesta se escudan en que la Constitución omite cualquier referencia, los detractores insisten en que no es necesario que la prohíba para constatar su manifiesta ilegalidad.
Los argumentos favorables a la aprobación de una ley de amnistía son un insulto a la inteligencia. Una provocación intelectual
"No todo lo que está prohibido se recoge expresamente en la Constitución", reza otra fuente, la cual pone como ejemplo la nula referencia a la esclavitud o al derecho de autodeterminación. Al respecto defiende que el hecho de no aparecer expresamente no implica que la ley los permita.
La amnistía y la separación de poderes
Otro de los escollos a los que se enfrenta el Gobierno de Sánchez es que una eventual amnistía aplicable a todos los procesados o condenados por el procés atenta de manera directa contra el principio de separación de poderes. Aprobar una amnistía 'a la carta' para favorecer a los socios del Ejecutivo salpicados en procedimientos judiciales violaría el artículo 117 de la Constitución que atribuye a jueces y magistrados la competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Se trata de un criterio defendido ya en julio por constitucionalistas consultados por este medio. Según explicaron entonces, la ley de amnistía (diseñada para situaciones de tránsito de un régimen totalitario a la democracia) no tiene cabida en un Estado de Derecho. Además trazaron la diferencia entre el indulto y la amnistía, pues mientras lo primero elimina la pena, lo segundo hace lo propio con el delito.
Sobre este punto los expertos ahora contactados matizan que la Carta Magna hace referencia expresa a la legalidad del indulto, precisamente porque su redacción choca con el artículo 117, pues el Gobierno entra en una competencia del Poder Judicial. De no haberse contemplado, esta práctica que se rige por ley de 1870, estaría prohibida en el ordenamiento actual.
Así pues, de salir delante el requisito clave que las formaciones independentistas han puesto sobre la mesa para apoyar la investidura de Sánchez, se paralizarían las numerosas causas judiciales contra cargos altos y medios de estos partidos. El movimiento de gracia se suma a la desaparición de la sedición y la rebaja de la malversación; dos reformas penales entendidas como guiños a los socios separatistas del Gobierno.
Ahora, con la ley de la amnistía, se busca beneficiar por un lado a los procesados fugados de la Justicia y pendientes de ser juzgados, con Carles Puigdemont a la cabeza, y también a los condenados por estos hechos o los pendientes de sentarse en el banquillo por pergeñar la consulta ilegal del 1-O.
En este último grupo se encuentran Josep María Jové y Lluis Salvador, ambos hombres fuertes de Oriol Junquera en el Generalitat que presidió Puigdemont. Del mismo modo, la amnistía beneficiaría a otros actores secundarios del procés tales como los miembros de Tsunami Democràtic o los 12 CDR procesados en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, entre otros.
¿Qué puede hacer el Supremo?
Así pues, en caso de salir adelante la amnistía ¿Qué pasaría con las causas abiertas? Las fuentes consultadas explican que los jueces tienen poco margen de maniobra. En el caso de Puigdemont, el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa, se vería obligado a dictar un auto de conclusión de sumario mientras que la Sala de lo Penal, que enjuició al resto de líderes independentistas, dictarían el sobreseimiento de las actuaciones en aplicación directa de la nueva norma.
Así, el gran beneficiado sería el expresidente catalán, que quedaría libre de cualquier procedimiento penal en España y podría retornar al país que abandonó en 2017 a la víspera de incoarse un procedimiento penal contra él por declarar la independencia de Cataluña. En la actualidad, Llarena mantiene las euroórdenes congeladas a la espera de que el TJUE pronuncie la última palabra sobre la retirada de su inmunidad como eurodiputado.
Pero la lista de agraciados sería más amplia. La entidad Òmnium Cultural sostiene que desde 2017 hay más de 2.850 "represaliados" por el Estado. A los ya enumerados se sumarían otros 29 investigados por el Tribunal de Cuentas. Además, la Fiscalía habría investigado a más de 700 alcaldes por dar apoyo al referéndum, y a más de 700 ciudadanos. Todos ellos se beneficiarían de esta ley cuya redacción ya está en marcha y de la que depende Sánchez para lograr el 'sí' de sus aliados independentistas.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
Me aburre sobremanera ya el debate entre partidarios y detractores de la amnistía. Todos se refieren a si cabe o no en la Constitución. Aún no he leído a nadie que pregunte ¿Para qué la necesitamos? ¿De qué nos sirve tanto debate, para liberar a un delincuente? ¿Y por qué deberíamos hacerlo? No me importa si entra o no en la CE, sino el por qué de esa Ley ahora. ¿Sólo para satisfacer las enfermizas ansias de poder de UN SOLO TÍO? Este tío ha perdido por dos veces consecutivas las elecciones :No tiene derecho a presidir nada.
Esta democracia está podrida.
Es vergonzoso el mercadeo que se traen los políticos con los votos recibidos de los incautos demócratas que se acercaron a las urnas creyendo que su voto serviría para la consecución del bien común y no para ser usado como mercancía para los intereses de los dirigentes de los partidos políticos.
El olor a podrido que exhala la política invita a no participar en la farsa que supone lo que llaman democracia.
Leo por aquí: "...todo lo hacen los hombres" Efectivamente, durante la transición una amnistía, para borrar delitos políticos de uno y otro lado: etarras, comunistas reconvertidos en eurocomunistas, personajes de la dictadura. Y como todo lo hacen los hombres, la reforma de la Constitución parece obligatoria para aprobar la amnistía( parece que en democracia también existen presos politicos, algo que es contradictorio con un régimen de lbertades). Pero por lo que se ve últimamente todo se arregla con cuatro insultos, demagogia barata de periódicos subvencionados junto con politicos imanes, y ajo y agua.
PETRAPACHECO. No queda claro en su comentario a qué cargos del anterior régimen benefició la amnistía de 1977 a los que se refiere usted. Quizá se refiere a Santiago Carrillo, quizá a Enrique Líster, quizá a Dolores Uribarri (La Pasionaria) o a los etarras que vieron desaparecer la pena que les correspondía por haber matado inocentes.
Los órganos públicos, que respecto del Derecho no parten de una situación de libertad, sino de sujeción, solo pueden hacer aquello que el ordenamiento les permite. Las Cortes Generales no escapan a ese principio: lo único que sucede es que, a la hora de legislar, su sujeción lo es respecto de la Constitución y no respecto de la ley, que pueden modificar o derogar. Y tal sujeción significa que solo pueden hacer, como legislador, aquello que la Constitución les permite.
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La amnistía vulneraría también el principio de igualdad. Es decir, se prohíbe que a determinadas personas o grupos de personas se los declare inmunes frente al Derecho por las conductas antijurídicas que hubieran llevado a cabo.
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[La amnistía] supondría reconocer que fue justo el proceso de secesión e injusto el derecho que lo reprimió. Lo que significaría, sin duda alguna, un golpe mortal para nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho.
Es comprensible que un partido intente acceder al Gobierno, pero sería ilegítimo que para conseguirlo prometa adoptar decisiones contrarias a la constitución vejatorias para el conjunto de los ciudadanos que, sometidos por igual al derecho, no merecen que se premie a quienes no solo lo han quebrantado, sino más aún, a quienes jactanciosamente han declarado frente a ese derecho su rebeldía. (Manuel Aragón es catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional)
Ya sabemos lo que le importa al cínico Sánchez, a Corrupsoe y a los comunistas los principios jurídicos, constitucionales y legales: una higa porque ellos son la extrema izquierda.
Entre los preceptos constitucionales que cabe invocar en contra de la admisión de la amnistía cabe citar, art. 62.i) prohibición de los indultos generales, los artículos 117 y 118, en relación con el artículo 24.1 y 14. Y entre los que contienen los presupuestos del modelo de Estado incorporado por la Constitución de 1978 que se verían afectados por la amnistía están los establecidos el artículo 1, apartados 2 y 3, y el artículo 2.
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conceder una amnistía a todos los procesados en el procés supondría convalidar la actuación de todos ellos y, consecuentemente, considerar políticamente lícita la declaración unilateral de independencia de la República de Cataluña, lo cual supondría privar de sus efectos a los principios constitucionales de la soberanía nacional, la Monarquía parlamentaria, y la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible de todos los españoles.
La amnistía es, pues, tan radical y palmariamente contraria al Estado de Derecho de la Constitución de 1978 que no sería descartable que su concesión a sabiendas pudiera tener consecuencias jurídicas.
(José Manuel Otero Lastres es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España)
Algún día el PSICOPATA, NARCISISTA, MAQUIAVELICO y el PSOE pagarán su miseria moral " A todo CERDO le llega su San Martín ".
Tonterías. Sánchez no tiene ningún problema en saltarse la Constitución. Para eso ha puesto a sus agentes a controlar el TC. ¿Qué va a hacer la oposición si el TC da luz verde a un referéndum de independencia? ¿Dimitir? ¿Llorar? No pueden hacer nada.
Pues si cualquier comunidad puede hacer lo que le salga de los c0j0nes, no veo razón anguna para no encarcelar a Sánchez en cuanto aterrice en Madrid. Entre otras cosas, por traición y por pertenecer a una organización criminal. Pero claro, eso es lo que haría un líder con gallardía. Estamos hablando de un cobarde como Frijolito...
Por muchos catedráticos y por muchos eruditos que digan que la amnistía es imposible, que la Constitución no la admite, habrá amnistía si Pedro Sánchez se empeña con el fin de alargar al máximo su estancia en La Moncloa.
A Pedro Sánchez le da igual que ello suponga ceder al chantaje de delincuentes, que suponga una humillación a todos los españoles decentes, cumplidores de la ley, le da igual si con ello consigue alargar su estancia en La Moncloa.
Ya se encargará su obediente y sectario peón Conde Pumpido desde el Tribunal Constitucional de aceptar pulpo como animal de compañía cada vez que Pedro Sánchez se lo pida.
Hemos entrado en una fase en la que la arbitrariedad (prohibida por el artículo 9 de la Constitución) es la herramienta predilecta que Pedro Sánchez usa para satisfacer su obsesión enfermiza por el poder.
Cierto. Y además replican lo que pasó en la II República con el Tribunal de Garantías Constitucionales que terminó siendo un agente subversivo más.
Esto es lo que an votado los 7 o 10 millones de españoles/as al psoe no, pues cuando todo este bastante mal y bastante corrompido que se den cuenta de lo que an echo y no se lamenten que es lo que le van a quedar.
Ya está todo hecho. Es así de simple.
Pedro "El Cobarde" (llegó a las 11 a la c/ Ferraz) le ha dicho a Puigdemont que le dará TODO LO QUE ESTÉ EN SU MANO.
Puigdemont no le va a pedir cosas que no le pueda dar. Los equipos de Junts y PSOE ya trabajan juntos para llevar la Ley y la Constitución hasta su límite, pero sin pasar la línea.
Sánchez ha perdido la vergüenza, la moral y la humanidad. Solo la Ley y la meliflua Constitución son sus barreras.
"... la ley de amnistía (diseñada para situaciones de tránsito de un régimen totalitario a la democracia) no tiene cabida en un Estado de Derecho".
Pero bien que benefició a determinados cargos del anterior régimen que cometieron crímenes atroces -¡atroces¡- y que salieron de rositas. Y bien que se ha revalidado, Constitución vigente, cuando algún juez ha intentado obviarla y aplicar la Constitución con su código penal por encima de ella.
Lo de 'posible' e 'imposible' lo resumía mi abuelo, el agricultor, con una frase: 'tot ho fan els homes' (todo lo hacen los hombres).
Y mientras leo la noticia, me entra la enorme tristeza al comprobar que, en otros países -más 'en desarrollo' que nosotros, como Chile- sí ha sido posible encausar a asesinos mientras ejercieron el poder.
A mí sí me gustaría reformar la Constitución con tres temas vitales, a partir de los cuales ya todo se estructuraría de forma más sana para todos los españoles:
- 1 persona = 1 voto. Representación proporcional en base a los votos conseguidos en cada tipo de elección.
- Ningún partido político, oenegé, confesión religiosa o sindicato podrá ser financiado con los impuestos de los españoles, sino con el dinero de sus militantes, afiliados, simpatizantes o correligionarios. De esa forma nos robarán menos vía impuestos y cada uno decide a qué partido, sindicato, oenegé o religión dar su dinero.
- Volver al horario que existía antes de que Franco decidiera ponernos a los españoles la hora de Alemania. En resumen, la misma hora de Portugal. De esta forma viviríamos alineados con el ciclo circadiano y nuestra salud mental no se resienta.
¿Por qué han tenido que pasar semanas para que alguien en la atocinada pseudoprensa española se dé cuenta de este "pequeño" detalle?