Los correos prueban que Montero controló las mascarillas de la trama: "Es un pedido de Hacienda"

Los correos internos del Ministerio de Transportes intervenidos por la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo desvelan que el Ministerio de Hacienda que entonces dirigía María Jesús Montero monitorizó toda la compra de material sanitario. Se trata de comunicaciones incautadas por orden del juez en el marco de esta investigación que prueban que hasta se creó un grupo de trabajo en este departamento en relación con estos contratos.

Las comunicaciones, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, se centran en todo lo relativo a la compra de material sanitario en plena pandemia y afectan a Puertos del Estado y a Adif. Se trata de los dos primeros entes, ambos dependientes del Ministerio de Transportes, que contrataron con Soluciones de Gestión; la empresa vinculada a Koldo García -quien fuera asesor de José Luis Ábalos- y que consiguió nueve contratos de mascarillas por 54 millones de euros. De este monto, solo el 13% fue para la compra del material.

Las comunicaciones prueban que Hacienda centralizó estas primeras compras y que Transportes controlaba de manera directa las adjudicaciones de Puertos del Estado y Adif, pese a que el departamento que ahora dirige Óscar Puente respondió en los años posteriores que nunca se encargaron de esta gestión.

Así, figura una cadena de correos que se enviaron desde la Dirección General de Organización e Inspección de Transportes en los que se instaba a justificar de manera urgente las necesidades de mascarillas y otro material sanitario para su centralización en Hacienda.

Correos de Adif, Puertos del Estado y Renfe

"Dada la situación, sería preciso contar a la mayor brevedad con una justificación detallada de las necesidades de mascarillas FFP3 y otro material de protección, teniendo en cuenta las limitaciones anteriores. La información debe remitirse al buzón de la Dirección General de Organización e Inspección para su centralización y posterior remisión al Grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda", recoge uno de esos correos con fecha de 13 abril.

En aquel momento la empresa de la trama Koldo ya había cerrado sus primeros contratos con Transportes y también con el Ministerio del Interior. Entre los tres se pagaron más de 40 millones de euros públicos. En copia de la comunicación estaban algunos de los cargos señalados por el juez Ismael Moreno por el presunto conocimiento que tenían de estas contrataciones.

Así, destacan la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, su homólogo en Puertos del Estado, Francisco Toledo o el Director General de Gestión de Personas, Michaux Miranda. No obstante, estaban en copia de esta comunicación altos cargos de Aena, de Adif, de Puertos del Estado, de Renfe, de Salvamento Marítimo o del Ineco. Todos ellos estuvieron al tanto de las negociaciones y así lo trasladaron a Hacienda.

De hecho, en el encabezado de dicha comunicación interna se les informa de que unos días antes se les había pedido que unificaran la información sobre el suministro de mascarillas para trasladarla "al Grupo de Trabajo de Apoyo pilotado por Hacienda". Al respecto se explicó que el Ministerio que entonces dirigía la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez había "comunicado" que, "en general", no iba a comprar mascarillas FPP2, sino quirúrgicas.

Las alusiones al control de este departamento son continuas en dichas comunicaciones, hasta el punto que se pide a todos estos entes dependientes del Ministerio que controlaba José Luis Ábalos que informasen de las necesidades de batas, de gafas de protección y de soluciones hidroalcohólicas "para ser incluido en el pedido centralizado del Ministerio de Hacienda".

Compra centralizada en Hacienda

En otro mail remitido por Miranda Paniagua se incide de nuevo en que había que responder al requerimiento "urgentemente" en caso de que quisieran pedir material para la compra centralizada "con Hacienda". Además de estos correos internos, la Guardia Civil se incautó de otras comunicaciones mantenidas entonces con parte del equipo responsable de Soluciones de Gestión que se encargó de traer las mascarillas.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación en mayo de 2022 a tenor de una denuncia del Partido Popular que recogía las exclusivas publicadas por este medio sobre las contrataciones con esta empresa de Zaragoza que se adjudicó contratos millonarios en el peor momento de la pandemia pese a carecer de experiencia en el sector sanitario, y tener un margen de beneficios que en ejercicios anteriores rondaba los cero euros.

La Fiscalía presentó querella contra siete personas, entre ellas el exasesor de Ábalos, el empresario Juan Carlos Cueto y su socio Víctor de Aldama por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo. Recientemente ha adherido además el de tenencia ilícita de armas. De las pesquisas realizadas se desprende que Cueto era el verdadero dueño de Soluciones y que De Aldama fue el 'conseguidor' debido a sus vínculos con el Ministerio de Transportes.

Los imputados se anotaron un beneficio superior a los 17 millones de euros que acabaron en cuentas de Luxemburgo y Brasil en el caso de Soluciones de Gestión o en el sector inmobiliario en el caso de Koldo. De hecho, se ha detectado que Aldama desvió dinero a un entramado de siete sociedades portuguesas creadas entre agosto de 2022 y marzo del año pasado. También invirtió en una flota de coches de lujo, entre ellos un Ferrari que el magistrado acaba de embargar a petición de Anticorrupción.

Correos de Interior y Transportes

Al hilo, el magistrado también consideró necesario recabar todas las comunicaciones vinculadas a las personas arriba señaladas y que en el momento de los hechos ostentaban altos cargos el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska o de Óscar Puentes. Algunos todavía siguen en activo.

Las comunicaciones en cuestión desvelan desde las primeras gestiones para traer el material sanitario hasta los contactos con Soluciones de Gestión en cumplimiento de los primeros contratos con el Gobierno de Sánchez (Puertos del Estado y Adif). Del mismo modo se incluyen las facturas con esta sociedad por la compra de mascarillas algunas de las cuáles llegaron defectuosas.

Pese a ello, órganos como Puertos del Estado recomendó la contratación de esta empresa que consiguió también suculentos contratos por más de 10 millones de euros con Canarias y Baleares, comunidades presididas entonces por el ministro Víctor Ángel Torres y por la presidenta del Congreso Francina Armengol.

La UCO ha destacado la falta de documentación sobre los contactos con esta firma, así como el hecho de que esta última recomendara su contratación pese a ser consciente de que eran mascarillas 'fake'. La Fiscalía Europea acaba de abrir una investigación para indagar en estos contratos de Canarias y Baleares que se costearon, en parte, con fondos europeos.