Jueces españoles y Fiscalía Europea investigan casi 400 millones en contratos covid de gobiernos del PSOE

Los megacontratos para suministrar material sanitario en la pandemia han propiciado la apertura de un reguero de investigaciones tanto en Anticorrupción, como en la Fiscalía Europea y tribunales de toda España en los que se investiga no tanto la emergencia de estas licitaciones, sino los pelotazos económicos que intermediarios y comisionistas se anotaron con la gestión. Se trata de contratos que rozan los 400 millones de euros y que se firmaron desde el Gobierno y comunidades lideradas por el PSOE en 2020.

Cuatro años después, la Justicia y también la Fiscalía Europea continúan desgranando muchos de esos contratos que tienen como común denominador la adjudicación de compra de mascarillas a empresas que recurrieron a otras (en su mayoría asiáticas), ajenas completamente al sector sanitario y que registraron beneficios millonarios.

Destaca la causa abierta hasta hace apenas unas semanas en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid por ser la más costosa. En este órgano se han investigado a tres altos cargos del Gobierno (dos del Ministerio de Sanidad que dirigía entonces Salvador Illa y una tercera de Hacienda, ente a cuyo frente se encontraba María Jesús Montero). En el foco, varios contratos que suscribió el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) por poco más de 310 millones de euros.

Durante la instrucción -abierta por presunta prevaricación, fraude y malversación- los tres altos cargos imputados fueron interrogados en sede judicial. Todos ellos explicaron que cumplieron escrupulosamente los trámites de contratación pública llegando a detallar el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez, que mantenía puntualmente informado a Salvador Illa.

Los contratos de Illa

Entre las empresas seleccionadas destaca HongKong Travis Asia Limited. Vozpópuli desveló que Sanidad firmó un megacontrato de 200 millones con esta firma desconocida para la compra de 56,2 millones de mascarillas FPP2. Se constituyó en 2018 con un capital social de 10.000 dólares hongkoneses (el equivalente a unos 1.200 euros) y dos años después se adjudicó un contrato de 200 millones. Durante esta investigación, la sociedad modificó los estatutos de su sociedad, dificultando todavía más el rastreo del entramado que se esconde detrás.

La Fiscalía pidió hace tiempo el archivo de la causa, denunciando que la querella de Vox que la impulsó solo se basaba en "meras conjeturas". La magistrada Concepción Jerez dio carpetazo al asunto en febrero apelando al dictamen del Tribunal de Cuentas y a la tramitación de emergencia. "Esta normativa hace plenamente ajustada a Derecho la forma en la que negociaron los contratos", concluyó.

Vox ha recurrido denunciando que faltan muchas diligencias por practicar, que las mascarillas fueron defectuosas y que el Tribunal de Cuentas no depura las posibles responsabilidades penales que surgen de estas contrataciones. Además, denuncia que el dictamen del máximo órgano fiscalizador se elaboró a raíz de un documento remitido por Ingesa, órgano que dirige uno de los imputados. El recurso está pendiente de resolver.

Cabe recordar que Illa también está en el foco de otra investigación penal abierta en los juzgados de Plaza de Castilla. En este caso el foco fue el sindicato médico CESM quien denunció porque eran defectuosas y se suministraron a sanitarios en lo peor de la pandemia. El magistrado pidió los contratos de las mascarillas 'fake' en diciembre de 2022, pero el silencio de Sanidad le obligó a requerirlos de urgencia. Los aportaron nueve meses después, como desveló este medio.

Pelotazo de 23 millones en Canarias

Hace apenas unos días la Justicia canaria abrió diligencias por presunto delito contra la Hacienda Pública por contratos firmados entre 2020 y 2021 para el suministro de material sanitario. El Juzgado de Instrucción número 5 admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra cuatro empresarios -entre ellos el presidente de UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez- por tres contratos de 15,9 millones, 2,8 y 4,2 millones de euros, respectivamente. El auto desgrana el uso de empresas interpuestas para la operación y habla de un sobreprecio del 100%.

También en los tribunales se investiga la operación 'Delorme', rebautizada como el 'caso Koldo'. En septiembre del año pasado, Anticorrupción interpuso querella contra siete personas, entre ellos el que fuera asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por cuatro delitos, siendo uno de ellos organización criminal. En el foco, dos contratos firmados con este Ministerio y otro más con Transportes por unos 38 millones de euros. A ellos se suman dos más (Canarias y Baleares) que se remitieron a la Fiscalía Europea.

El magistrado Ismael Moreno acaba de levantar el secreto del sumario que desvela que los implicados se anotaron beneficios de hasta 17 millones de euros. Del total de 54 millones recibidos de las arcas públicas, solo el 13% fueron para comprar el material y traerlo a España. Aunque el foco se puso inicialmente en el chófer de Ábalos, destacan los papeles de Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama como cerebro y comisionista de la trama, respectivamente.

La UCO no encuentra los papeles

Los informes policiales desgranan además el reparto de las comisiones percibidas (9,6 millones en el caso de Cueto y 5,5 millones para Aldama) así como el presunto blanqueo de Koldo García con la compra de pisos. Al igual que en los anteriores casos, la empresa adjudicataria -Soluciones de Gestión- no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario, contaba con menos de una decena de empleados y se contrató en un momento en que sus ingresos se habían visto "drásticamente reducidos", en palabras del juez.

La Fiscalía Europea asumió la investigación de los contratos de mascarillas de Canarias y Baleares porque el material sanitario se costeó con fondos europeos. Hace apenas unos días ha requerido a la Audiencia Nacional información del contrato de 13,5 millones de Adif

La salvedad de este caso es que la empresa era "instrumental", ya que detrás de la misma se encontraba Juan Carlos Cueto, quien afronta una petición de más de 40 años de cárcel por el caso Defex. Aldama, por su parte, se hizo con una flota de coches (Volkswagen Golf, Land Rover, un Audi A8 y un Ferrari Portofino, entre otros) y desvió el dinero a Portugal.

Del sumario, al que ha tenido acceso este medio, se desprende que entre el 31 de agosto de 2022 y el 2 de marzo del pasado año creó un entramado de siete sociedades portuguesas. También se le atribuyen la titularidad de una vivienda en La Moraleja y otra en el Paseo de la Castellana.

Esta investigación no solo salpica a Ábalos -considerado el intermediario de la trama- sino que también pone en jaque la actuación del Ministerio de Interior, Canarias y Baleares. La UCO de la Guardia Civil desgrana en sus informes que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska supo ya en enero de 2022 que la ONIF tenía el foco puesto en las empresas de Cueto y Aldama por las plusvalías anotadas en el año de la pandemia.

Desde Interior se desligaron de todo lo relativo al contrato y se señaló al Ministerio de Fomento como el departamento que introdujo la firma, pero los agentes muestran por escrito su extrañeza de que no pudieran hacerse con ningún documento sobre el suministro de material de la empresa, ni tampoco de "los contactos con la misma para el perfeccionamiento del contrato".

La Fiscalía Europea: Canarias, Baleares... y ahora Adif

Del mismo modo, la Guardia Civil también ha mostrado sus sospechas por los contratos de Canarias y Baleares con Soluciones de Gestión por cerca de 10 millones de euros. En el caso de Canarias -presidida entonces por el actual ministro Víctor Ángel Torres- los agentes desvelaron que se modificaron cuatro contratos suscritos con el Servicio Canario de Salud "para dar cobertura justificativa".

Por su parte, del contrato por 3,7 millones suscrito por el gobierno balear que presidía Armengol la UCO explica que recibieron las mascarillas "incluso antes" de acordar la tramitación de urgencia. Por ello sospecha que la operación "podría haberse realizado en contra" de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Como ocurre con el resto de contratos que se otorgaron a 'a dedo', tampoco en este caso encontraron documentos explicativos que justificase la licitación. Pese al mal estado en que recibió las mascarillas y pese incluso a reclamar un reintegro, Armengol recomendó por escrito su adquisición. Y no fue la única, también hizo lo propio Puertos del Estado, la primera empresa que contrató mascarillas por 24 millones al entramado de Koldo.

Tanto los contratos de Canarias como el de Baleares fueron remitidos por Anticorrupción a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023, por afectar a fondos europeos. No obstante, este organismo acaba de dirigirse a la Audiencia Nacional para pedir información también por el contrato de Adif. En su requerimiento explica que el fondo Feder informó en agosto del pasado que "distintos organismos del sistema portuario español" justificaron un total de 1,6 millones de euros de fondos europeos. Entre ellos se encuentra el contrato del órgano que presidía Isabel Pardo de Vera.

Así pues, se trata de contratos firmados con Moncloa o gobiernos socialistas que, en su totalidad, alcanzan casi los 390 millones de euros. A ellos habría que sumar el que suscribieron Luis Medina y Alberto Luceño con el Ayuntamiento madrileño del 'popular' José Luis Martínez-Almeida por 11 millones de euros. De ellos, 6 millones fueron beneficios para los empresarios. Se trata de la causa más avanzada en los tribunales, ya que están pendiente de que se les fije fecha de juicio. Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Luceño y 9 para Medina.