Publicado: 01/03/2024 17:50
Actualizado: 01/03/2024 18:52
El magistrado que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha ordenado recabar correos electrónicos de cerca de una decena de altos cargos de los Ministerios de Transportes y de Interior. El instructor sostiene que de las diligencias practicadas hasta el momento hay indicios de la participación en estos contratos de altos cargos como la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, o su homólogo en Puertos del Estado, Francisco Toledo.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta a altos cargos de Puertos del Estado, Adif y también de Ingesa, ente este último dependiente del Ministerio de Sanidad. Por ello expide mandamiento judicial a todos estos órganos para que, "en presencia de fuerza actuante", entreguen copia de los correos intercambiados entre enero y julio de 2020 por parte de nueve altos cargos de Transportes y de Interior.
Puertos del Estado fue la primera firma que contrató con el entramado del exasesor de José Luis Ábalos. El órgano, dependiente de Transportes, firmó el primer contrato con Soluciones de Gestión para el suministro de 8 millones de mascarillas por 24 millones de euros. Tras él, Adif suscribió el segundo acuerdo que se atribuye al departamento que en la actualidad dirige Óscar Puente.
Nueve altos cargos de Interior y Transportes
Se trató de un contrato de 3,5 millones de euros firmado por la Secretaría de Estado de Seguridad con la empresa que pertenece a Juan Carlos Cueto. Tras ellos siguieron las comunidades de Canarias y Baleares, presididas entonces por el ministro Víctor Ángel Torres y por Francina Armengol, y también formó parte de un lote que contrató el Ministerio de Sanidad de Illa para la compra de mascarillas.
Por estos primeros acuerdos el magistrado pone el foco en cuatro altos cargos de Puertos del Estado, tres de Adif y en el Ministerio del Interior. Se trata de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el director de Recursos Humanos del órgano, Martín José Navarro; el Director General de Gestión de Personas, Michaux Miranda y el subdirector de Prevención de Riesgos Laborales, Jesús Ángel Díaz Muñoz.
Por parte de Puertos del Estado, se recaban las comunicaciones del entonces presidente del órgano, Francisco Toledo; el secretario general Álvaro Sánchez; la jefa del área de contratación de Puertos del Estado, Aránzazu de Miguel y la jefa del departamento jurídico, Belén Caballero. Del sumario se desprenden llamadas entre Sánchez y Koldo García así como comunicaciones con Víctor de Aldama, considerado el comisionista de la red.
Asimismo, los investigadores también quieren ampliar la información del contrato que la red firmó con el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska en abril de ese año. Por ese motivo, la novena persona cuyos correos se solicitan es el Subdirector General de Planificación y Gestión de infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar.
Belmar fue quien respondió al requerimiento de la Guardia Civil en relación con los contratos de la trama Koldo. Al respecto dijo que no tenía constancia de la participación de las empresas vinculadas a Soluciones de Gestión en este pelotazo por el que los implicados obtuvieron un beneficio de 17 millones de euros.
Del mismo modo, se desligó de Soluciones de Gestión y del entramado de las empresas de Juan Carlos Cueto, verdadero dueño de la firma que se adjudicó todos estos contratos públicos por 54 millones de euros. Los agentes se interesaron especialmente por los motivos por los que este Ministerio contrató a una empresa que no tenía experiencia en el sector sanitario, que carecía prácticamente de trabajadores y que había registrado en ejercicios anteriores beneficios de cero euros.
La Audiencia Nacional también reclama del Ministerio de Transportes el correo de Koldo García, epicentro de esta trama, y toda la documentación que conserven sobre Soluciones de Gestión. Finalmente se dirige a otras tres empresas del entramado que los imputados habrían utilizado para desviar las mordidas. Como desveló este medio, parte de las mismas se transfirieron a cuentas radicadas en Luxemburgo y Bruselas.
Inspección de la ONIF
Además, Belmar también firmó el requerimiento que efectuó la ONIF al departamento que dirige Grande-Marlaska en enero de 2022. Ya entonces, la Agencia Tributaria tenía en el foco en los empresarios de la trama por las plusvalías que registraron en parte de su entramado apenas meses después de firmar los contratos con la Administración Pública. Cabe recordar que Cueto se anotó un beneficio de 9,6 millones de euros, mientras que De Aldama se embolsó de 5,5 millones, según los investigadores.
En su auto, Moreno asegura que resulta "verdaderamente llamativo" que la actuación inspectora de la Agencia Tributaria motivara la reunión en persona de Cueto y de Koldo García. "Conviene recordar que este último no tiene ninguna vinculación societaria con ninguno de los objetivos ni con sus empresas y era empleado público vinculado al Ministerio de Transportes en el momento de la adjudicación de los contratos", reza.
De hecho, el magistrado insiste en el hecho de que De Aldama tenía mucha influencia en Transportes y que Koldo se aprovecha de su "relación personal" con autoridades del Ministerio. Recientemente el instructor ha apuntado que su exjefe, José Luis Ábalos, habría actuado como "intermediario" de la rama.
Figuran al respecto conversaciones telefónicas además de una reunión del exministro con su antiguo chófer el pasado 10 de enero en La Chalana, restaurante conocido por ser el punto de reunión de los cabecillas de la red.
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Todo está pactado entre Abalos y el Felón. Son profesionales de la política y del fingimiento, estalinistas de pro, y cobran del mismo patrón, las narcodictaduras hispanoamericanas.
Perro no come perro…
Algo huele a Mi..da en el Gobierno de Sanchez ....
Y los ALTOS CARGOS, deciden por sí solos, ó estan SUPERVISADOS?.
Pues lamentablemente me temo que el juez se va a quedar sin los correos. Si algo ha demostrado este gobierno de au.tócratas es que ellos hacen y deshacen a su antojo. Dirán que los correos se han perdido, o que se los han robado o vete a saber. En el gobierno Sanchista deben pensar: " si nadie hizo ni dijo nada con la reunión ilegal con la ase.sina Delcy y estamos haciendo una amnistía ilegal a la carta de los te.rroristas de junts y pactando con los te.rroristas de ETA y los españoles tragan, si les decimos que los correos se han perdido también tragarán." Nos subestiman igual que a sus votontos. Y eso es demasiado subestimar.
No podía faltar una Pardo de Vera entre la cochambre socialista.
Espero que la Guardia Civil tenga bien vigilados a estos individuos, porque como lo ven jodido, estos salen por piernas, (bueno por maleteros), de España, empezando por el psicópata y la mayoría de los ministros, no esta demas que los tengan vigilados, pero bien vigilados, no sea que se hagan un "puchi" ja,ja,ja,porque no tengo dudas que todos estos, tarde o temprano terminan en el talego....
El magistrado Ismael Moreno buscará profesionalmente la estrategia para ir sumando situaciones de estos poco honorables sanchistas del progresismo de lo ajeno. Pero debiera tener en cuenta el tipo de gentuza que trata y, sería muy aconsejable que los detenga, ya que eso de la huida, en el falso socialismo progresista de lo ajeno, ha sido una salida al vacío que les ha librado de cargos y de devolver lo progresistamente robado los otros tunantes que han robado como los ERE de Andalucía, se cabe más que estos otros. Es la misma escuela y la comparación no debiera ofender a nadie.
Todo huele a podrido y en el sanchismo ya sabemos que además de indecencia, prepotencia y soberbia desmedida lo ajeno también les gusta mucho,