Publicado: 30/05/2021 04:45
Un superviviente como Pedro Sánchez sabe que en política casi todo es relativo. Incluso los principios. Desde que mandó al 'exilio' a Mariano Rajoy, ha dado muestras sobradas de que sus fines prevalecen sobre los medios. La más simbólica es aquel intenso abrazo con Pablo Iglesias, el 12 de noviembre de 2019. Dos meses después de asegurar en televisión que “el 95% de la sociedad española no podría dormir tranquila” con Unidas Podemos en el Ejecutivo, el líder acogió -literalmente- en sus brazos al fundador del partido morado, para sellar el pacto de coalición.
La ambición de gobernar España merecía el bochorno público de tragarse las palabras. Sánchez tiró hacia adelante sin mirar atrás, dispuesto a desdecirse si el futuro lo exigía. En apenas 16 meses, desde que echó a andar el Gobierno, el presidente ha dado ejemplos sobrados de que su personalidad es mutable y reversible. El líder socialista ha abierto las puertas giratorias que prometió tapiar, ha interferido en el poder empresarial a golpe de 'dedazo' y ha añadido a la administración oscuridad en vez de transparencia.
En apenas una semana, el gabinete de Pedro Sánchez ha 'decapitado' al presidente de Indra y ha sentado en el consejo de administración de Red Eléctrica a dos personas de la órbita socialista. La teoría, la explicación oficial, es obvia y conocida: el Estado tiene derecho a ello porque es accionista relevante, a través de la SEPI, en ambas compañías. Lo que mantiene estupefactos a los empresarios de este país es la falta de razones prácticas que justifiquen sendos movimientos en dos compañías cotizadas.
Fernando Abril-Martorell, un directivo que fue premiado hace tres meses con 2,4 millones por su buen hacer, será sustituido por un Marc Murtra, un profesional con buen currículum pero con poca experiencia para manejar un buque con la eslora de Indra (48.000 empleados y 1.200 millones de capitalización). Y que también tiene en su haber la jefatura del gabinete del socialista Joan Clos cuando era ministro de Industria.
Paralelamente, tendrán dos sillones de consejero en Red Eléctrica Marcos Vaquer y Elisenda Malaret. El primero ocupó altos cargos en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. La segunda fue diputada por el PSC entre 2004 y 2008. Ambos tienen en tres puntos en común: un perfil más político que técnico, los lazos con el PSOE y la atractiva retribución que van a percibir (en torno a 131.000 euros sin contar las dietas) por su desempeño en una compañía plagada de ingenieros.
Los nombramientos cuentan con el respaldo de Pedro Sánchez, quien prometió desde la oposición acabar con “la impunidad de las élites financieras” y “echar el candado a las puertas giratorias”. El mismo líder que defendía que los gobernantes “tendrían que ir dos pasos por delante de la legalidad y dar ejemplo”. El socialista que declaró la guerra al “enchufismo y la endogamia”. El político que abogaba por “descolonizar todas las instituciones” y promover una España donde “prime la meritocracia y no el enchufismo”. Y, por encima de todo, el secretario general de un partido que se presentó a las últimas elecciones generales con este compromiso en su programa: “Regular de manera más efectiva los conflictos de intereses ante el fenómeno de las puertas giratorias, fijando con precisión las condiciones de incompatibilidad para las personas interesadas y endureciendo las sanciones por su incumplimiento”.
La misma promesa figura, redactada en términos mucho más duros, en el programa electoral de Unidas Podemos, el partido que gobierna en coalición con el PSOE y que estos días guarda silencio sobre los sonoros ‘dedazos’. "La promesa de ocupar puestos en los consejos de administración de grandes empresas o de beneficiarse de sus altas retribuciones tras salir del servicio público", señala el programa, "conlleva la predisposición, por parte de las personas que hasta entonces desempeñaban una función dentro de las instituciones del Estado, a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos. Estas personas se llevan consigo información muy valiosa, lo que deja las ventanas abiertas a las peores formas de corrupción y despilfarro".
Lo sucedido en Indra lanza un mensaje pésimo de puertas afuera, hacia los grandes inversores, pero también hacia dentro: frente a la cultura del esfuerzo empresarial, el poder ejecutivo avanza abusando de la discrecionalidad y el oscurantismo
Lo sucedido en los últimos días mantiene atónitos a los empresarios, pero también a los inversores y analistas. No hay que perder de vista que ambas empresas son cotizadas y están sometidas al examen constante de quienes mueven, de verdad, el dinero por el mundo. “No tiene ningún sentido lo que está ocurriendo. Abril-Martorell había demostrado que era un buen presidente para Indra”, asegura uno de los primeros empresarios españoles que habló con el directivo -tan hundido como perplejo- tras conocer su despido.
El problema de fondo, a ojos de éste y de otros que se juegan su capital emprendiendo en España, es el mensaje pésimo que lanza el Gobierno de puertas afuera -los grandes fondos de inversión-, pero también hacia dentro: frente a la cultura del esfuerzo empresarial, el poder ejecutivo avanza abusando de la discrecionalidad y el oscurantismo.
Lo demuestran múltiples hechos. Según informaba Vozpópuli esta misma semana, la oficina que vela por la transparencia en la gestión de los millonarios contratos públicos (OIRESCON) está infradotada de personal. En una Administración que sigue engordando el gasto en asesores elegidos a dedo, faltan funcionarios para reforzar un ente fundamental para luchar contra el despilfarro y la corrupción.
Desde que echó a andar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no ha habido un Gobierno peor valorado que el de Pedro Sánchez. Según su último informe, publicado al concluir 2020, el Ejecutivo suspende cuatro de cada diez resoluciones impuestas por este organismo. El nivel de cumplimiento con Mariano Rajoy alcanzaba el 85%.
En una Administración que sigue engordando el gasto en asesores elegidos a dedo, faltan funcionarios para reforzar un ente fundamental para luchar contra el despilfarro y la corrupción.
La opacidad, el exceso de intervencionismo en España, también está en el punto de mira de otros organismos internacionales. A finales de 2019, el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), ya lanzó una seria advertencia con referencia explícita a a los ‘dedazos’. En su informe, instaba al Gobierno a “mejorar el marco legal” e imponer “reglas y procedimientos más estrictos” para evitar la corrupción entre los altos cargos que dejan la administración para desembarcar en el sector privado.
Desde el aviso del Consejo de Europa, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha luchado contra el problema, sino que a contribuido a alimentarlo. Los nombramientos en Indra o Red Eléctrica son sólo los últimos ejemplos de una lista larga. La encabezan algunos perfiles elegidos para presidir grandes empresas. Ahí van tres: Correos está comandada por Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de la Ejecutiva Federal del PSOE); en Aena gobierna Maurici Lucena, exdiputado del PSC en el Parlament; y Paradores está al mando de Óscar López, ex secretario de Organización de los socialistas.
Luego están los políticos que, tras su retirada, hallaron acomodo como consejeros en empresas públicas o participadas por el Estado. Como José Blanco y José Montilla, que encontraron al despedirse de la vida política una puerta que conducía al consejo de Enagás. Ambos, con su currículum vacío de experiencias en la empresa privada y repleto de escaramuzas políticas, están en nómina y participan en las decisiones clave de una compañía especializada que garantiza el suministro de gas.
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