Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y de Viajes Marsans, ha presentado una querella contra Pablo Iglesias por incluir una caricatura suya en el tramabus de Podemos junto a políticos y periodistas bajo el lema “una mafia es una mafia”. Díaz Ferrán atribuye a Iglesias los delitos de injurias y calumnias, publicidad engañosa y un delito continuado en el ejercicio de los Derechos Fundamentales.

El expresidente de Caja Madrid cometió uno de sus primeros errores al llegar al cargo en 1996, pervirtiendo el sistema de tarjetas de consejeros para afianzarse en el cargo. La gestión de la caja se descontroló en los años del boom. Blesa se negó a la salida a bolsa y la fusión con Bancaja, que sí haría Rato, y colocó las preferentes. El rescate de Bankia y la investigación de Elpidio derribaron su figura.

Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, seguirá sin disfrutar de permisos penitenciarios después de que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, le denegara dicho beneficio el pasado 19 de diciembre. La Junta de Tratamiento de la prisión, por su parte, rechazó dos días después su clasificación en tercer grado penitenciario o de semilibertad.

Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, lleva desde diciembre del año pasado presentando recursos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, contra las resoluciones de la Administración Penitenciaria que, hasta ahora, le han impedido disfrutar de permisos de salida y, sobre todo, ser clasificado en tercer grado penitenciario o de semilibertad, su principal objetivo. Pese a los ocho meses transcurridos, aún no se ha producido ninguna resolución judicial que resuelva definitivamente la polémica.

“Cuento con la pensión de autónomo y la ayuda de mis hijos e hijos políticos”. Este es uno de los argumentos que el expresidente de los empresarios españoles alega en un escrito presentado el pasado 1 de marzo ante el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, para solicitar el tercer grado penitenciario, o de semilibertad, al que se oponen tanto el fiscal como la Junta de Tratamiento de la prisión Madrid V (Soto del Real) en la que se encuentra encarcelado.

El mítico Club 31 de Madrid en la calle Alcalá número 58 tuvo que cerrar sus puertas, como tantos otros restaurantes de lujo de la Villa y Corte, porque los clientes de estos exclusivos locales se quedaron sin sus corporate de empresa y sin ganas de que les metieran un hachazo cada vez que iban a comer o cenar.