Nueva batalla judicial de Díaz Ferrán: denuncia a un preso y a Ferreras por sus imágenes en la cárcel

Un nuevo frente judicial se abre para Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE. En este caso, el empresario ha denunciado a un preso y a varios periodistas, entre ellos Antonio García Ferreras, que sacaron a la luz su vida cuando estaba interno en la cárcel de Soto del Real. La audiencia previa al juicio ya tiene fecha y se desarrollará el próximo 13 de noviembre en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcobendas, según un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Las diligencias de ordenación fueron enviadas a las diferentes partes el pasado 2 de junio aunque la denuncia se remonta al 2019. En noviembre tendrán que acudir a los tribunales los implicados y se podrían dar diversos escenarios, entre ellos llegar a un acuerdo para que finalmente no se celebre el juicio. El procedimiento ordinario es contra el derecho al honor, intimidad e imagen.

Cuatro años de espera

La demanda fue presentada el 6 de julio de 2019 por el representante legal de Díaz Ferrán, Carlos Peña del despacho Legal Orbis. La pandemia del coronavirus y las huelgas judiciales han ralentizado más de cuatro años el devenir del proceso.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, está interpuesta contra un interno de Madrid V, el Centro Penitenciario de Soto del Real, y contra varios periodistas, entre ellos Antonio García Ferreras. Consideran que estas publicaciones atentaron contra el derecho al honor de Díaz Ferrán.

En las imágenes el empresario desarrollaba diversas actividades cotidianas correspondientes al área íntima de la persona, tales como comiendo, participando en juegos de mesa con otros reclusos, paseando por uno de los patios del centro, visitando a familiares en los locutorios de comunicaciones, en la biblioteca o charlando con otros reclusos. No obstante, aseguran que se efectuaron sin conocimiento ni del demandante ni por supuesto contó tampoco con el conocimiento y aprobación de la institución penitenciaria.

Los abogados de Díaz Ferrán afirman que la captación de estas imágenes se realizó de forma furtiva por un preso que utilizó un dispositivo USB con cámara incluida.

Grabó al empresario por 1.000 euros

"Como consecuencia de las referidas publicaciones, el Centro Penitenciario de Soto del Real realizó una investigación que finalizó con la emisión de un informe fechado el 26 de enero de 2017", señala la denuncia. En ese documento, realizado por el jefe de servicio, se identificó al interno que grabó los vídeos, quien reconoció su autoría. Este preso confesó que a cambio recibió cinco tarjetas de teléfono y el USB se lo cedió otro interno que no estaba ya en la cárcel.

Durante un permiso ofreció las imágenes a una revista a cambio de 1.000 euros, que posteriormente recibió su mujer el 21 de enero de 2017. Para los representantes de Díaz Ferrán en la exposición de los hechos es patente la "intromisión en la intimidad" del empresario.

Díaz Ferrán pide 15.000 euros

 "Los demandados se han aprovechado de la vulnerable situación en la que se encuentra el demandante, privado de libertad, jugando así con el propio derecho a la intimidad y a la propia imagen de mi representado en un momento de su vida cuya vulnerabilidad es mayor al encontrarse en un centro penitenciario", afirman.

Asimismo, aseguran que la prisión constituye el domicilio efectivo del preso ya que realiza todas sus facetas vitales como persona. Además, defienden que la emisión de estas publicaciones carecen de justificación alguna. Díaz Ferrán cuantifica el daño indemnizable en 15.000 euros.

Para defender su posición, los letrados adjuntan como jurisprudencia varias sentencias el Tribunal Supremo y del Constitucional sobre imágenes obtenidas mediante cámaras ocultas. Una de ellas es sobre el programa televisivo 'Crónicas Marcianas' que difundió imágenes del exministro, Francisco Álvarez-Cascos, con su pareja y sus hijos durante una estancia vacacional en un hotel.

Los abogados de Díaz Ferrán creen que los artículos publicados atentan contra el derecho fundamental al honor, a la intimidad personas y familiar y a la propia imagen del empresario, que está contemplado dentro de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Por ello, solicitan que se declare la existencia de la intromisión ilegítima por estos delitos, se retire de varias webs los vídeos, imágenes y los artículos y se abone 15.000 euros en daño moral. En noviembre será la audiencia donde se podría poner punto y final a esta demanda que lleva cuatro años por aclararse.