La Fiscalía considera que se vulneró el derecho a la intimidad de Díaz Ferrán al grabarle en prisión

La Fiscalía de Madrid ha emitido un escrito en el que pide que se estime la demanda interpuesta por Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, contra un preso y varios periodistas, entre ellos el presentador Antonio García Ferreras, por sacar a la luz imágenes de su vida en prisión. La demanda se presentó en julio de 2019 por vulneración del derecho a la imagen y a la intimidad contra el preso que grabó a Díaz Ferrán, "el cual recibió un beneficio económico" y los medios que distribuyeron las imágenes, Revista Interviú y el director de La Sexta.

Las instantáneas, recogidas por una cámara oculta, muestran al empresario desarrollando diversas actividades cotidianas correspondientes al área íntima de la persona. Díaz Ferrán aparece comiendo, participando en juegos de mesa con otros reclusos, paseando por uno de los patios del centro, visitando a familiares en los locutorios de comunicaciones, en la biblioteca o charlando con otros de sus compañeros en la cárcel del Soto del Real. No obstante, aseguran que se efectuaron sin conocimiento ni del demandante ni por supuesto contó tampoco con el conocimiento y aprobación de la institución penitenciaria.

La defensa del expresidente de la CEOE, ejercida por David González de Legal Orbis Abogados, mantiene que las imágenes fueron captadas sin el consentimiento del demandante y, por ello, pide que se retiren las mismas de las diversas web. Díaz Ferrán pide que se le indemnice por daños y perjuicios con una cantidad de 15.000 euros, a repartir solidariamente entre los demandados.

Ahora, el Ministerio Fiscal emite un escrito que se apoya en la demanda interpuesta por el empresario y pide que se estime, "dejando al criterio del juzgador la cuantificación de la indemnización procedente respecto de cada uno de los demandados".

"Intromisión ilegítima" por la captación de las imágenes dentro de prisión

La Fiscalía resalta que la demanda presentada contra García Ferreras y otros periodistas no se presenta "por vulneración del derecho al honor sino por vulneración del derecho la imagen y a la intimidad". Asimismo, defiende que la captación de las imágenes con cámara oculta en estancias comunes de un centro penitenciario sin consentimiento del demandante y la obtención y la difusión de las mismas, "suponen una intromisión ilegítima" en la vida del demandante.

El representante del Ministerio Público se apoya en el artículo 7.5 de la Ley orgánica 1.198, la cual considera como una intromisión ilegítima "la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos".

Bajo este supuesto, la Fiscalía mantiene que, conforme a la jurisprudencia aplicable, no ha quedado acreditado que el uso de una cámara oculta esté justificado por el interés informativo de las imágenes. Tampoco se justifica "la difusión de las mismas al ser pefectamente prescindible por innecesaria su inclusión en la información difundida".

El preso recibió dinero a cambio de grabar a Díaz Ferrán

Por todo ello, el fiscal entiende que ha quedado acreditada la vulneración de derecho a la imagen y a la intimidad del empresario y, por tanto, procede que se estime la demanda. Esto supone un paso más en un proceso judicial que lleva en tránsito desde el pasado 2019, cuando el que fuera copropietario del Grupo Marsans denunció la captación por parte de un preso del Soto del Real de imágenes sin su consentimiento, a través del uso de un dispositivo USB con cámara incluida.

"Como consecuencia de las referidas publicaciones, el Centro Penitenciario de Soto del Real realizó una investigación que finalizó con la emisión de un informe fechado el 26 de enero de 2017", reza la demanda. En ese documento, realizado por el jefe de servicio, se identificó al interno que grabó los vídeos, quien reconoció su autoría. 

Este preso confesó que a cambio recibió cinco tarjetas de teléfono y el USB se lo cedió otro interno que no estaba ya en la cárcel. Finalmente, durante un permiso, ofreció las imágenes a una revista a cambio de 1.000 euros, que posteriormente recibió su mujer el 21 de enero de 2017.