El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, rechaza hacer públicos los informes de los letrados del Congreso sobre la amnistía anteriores a la actual proposición de Ley orgánica presentada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. La negativa de la Secretaría General del Congreso de los Diputados llega como respuesta a la petición formalizada por Vozpópuli en aras del interés informativo de dichos informes.
En marzo de 2021, ERC y Junts registraron en el Congreso una proposición de ley orgánica de "amnistía y resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español". En esta ocasión, el PSOE tumbó la norma, junto a PP y Vox, después de la emisión de un informe por parte de los letrados de la Cámara de aquel momento en el que se reconocía la "palmaria inconstitucionalidad" de la amnistía presentada.
Tres años más tarde, un informe de esta mismo órgano avala una ley de amnistía negociada con los beneficiarios directos de su aplicación. Los letrados de la Cámara Baja reconocieron en un nuevo informe en el mes de noviembre que puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad" en la proposición de ley. No obstante, dieron luz verde a la norma justificando que no existe una contradicción tan "palmaria" con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación.
Similitudes con la registrada por ERC y Junts
Dado que se ha producido un evidente cambio en los criterios de valoración acerca de dos realidades muy similares -más allá de tecnicismos- lo cierto es que la amnistía que se pretendía conseguir en el año 2021 y que fue rechazada por los letrados de la Cámara en aquel momento, presenta una identidad semejante a la que ahora sí ha conseguido el visto bueno de los juristas del Congreso. Por ello, surge la necesidad de conocer el contenido de dichos informes, los cuales presentan argumentaciones referentes a la cabida de una ley de amnistía en la Constitución Española.
El equipo de Galindo, antiguo subsecretario del Ministerio de Política Territorial -alto cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez-, justifica la no difusión de los documentos requeridos, ya que defiende que "los informes de la Secretaría General del Congreso de los Diputados no tienen carácter público".
Deniegan la petición sobre el cese del letrado Fernández-Fontecha
Del mismo modo, el letrado mayor rechaza la solicitud de información de este medio sobre el cese del Letrado de la Comisión Constitucional, Manuel Fernández-Fontecha, y documentación justificativa de la modificación de letrados llevada a cabo en las diferentes comisiones del Congreso. En este caso, la Secretaría General del Congreso de los Diputados declina la petición aludiendo al artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, por la que procede a limitar el acceso a esta información, "habida cuenta de que existen procedimientos judiciales en tramitación".
Fernández-Fontecha fue relegado de su cargo como letrado de la Comisión Constitucional, órgano parlamentario que en un principio iba a valorar la norma impulsada por los socialistas, de un día para otro y sin dar explicaciones. Y es que ete jurista ha hecho público, en varias ocasiones, sus reticencias respecto a la aprobación de una ley de amnistía y su postura de que la misma choca contra varios preceptos de la Carta Magna.
Informe de los letrados de la Comisión de Justicia sobre la amnistía
Finalmente, se transfirió la competencia del estudio de la proposición de ley de la amnistía a la Comisión de Justicia, donde los letrados han emitido esta semana un informe desfavorable a la misma. El escrito plantea serias dudas sobre la constitucionalidad de la proposición de ley registrada por Sánchez y los suyos en las Cortes.
Los juristas exponen que en la Carta Magna no se recoge ningún precepto que ofrezca la posibilidad de aprobar una medida de gracia como la que intenta sacar adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que va en la línea de lo ya expuesto en el informe requerido ante Secretaría General del Congreso sobre la amnistía planteada por ERC y Junts en 2021.
En el escrito desarrollan serias dudas sobre la cabida de la ley de amnistía en la Constitución y, en respuesta al texto presentado por los socialistas en la Cámara Baja plantean dudas sobre si el mismo podría estar amparado por los mismos supuestos que la Ley de Amnistía de 1977. Asimismo, señalan el hecho de que la Carta Magna desautorice de manera expresa los indultos generales, lo que hace concluir que "la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional".
La Mesa de la Comisión de Justicia tendrá que valorar el nuevo informe de los letrados para tomar una decisión sobre el actual texto de la proposición de ley de la amnistía y las enmiendas parciales y de supresión presentadas este martes por los diferentes grupos parlamentarios.
El informe emitido por los juristas de la Comisión es un texto de asesoramiento para que los diputados de la mesa correspondiente tengan en cuenta los preceptos judiciales y técnicos que avalan una norma. Si todo sale según el plan del Gobierno, la Mesa presidida por el socialista Francisco Lucas Ayala, la ley de amnistía podría llegar al Senado antes de final de mes.
