El Supremo reclama al Congreso el expediente del letrado cesado por su rechazo a la amnistía

El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los Diputados el expediente íntegro del cese de Manuel Fernández-Fontecha como letrado de la Comisión Constitucional el pasado 30 de noviembre. El alto tribunal arranca de esta forma el procedimiento ante el recurso interpuesto por el jurista al considerar que su salida de la comisión está vinculada a su rechazo a la amnistía y que, por tanto, vulnera sus derechos fundamentales.

Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de Fernández-Fontecha y que, como primer paso, ha emitido una diligencia de ordenación en la que reclama que se aporte el documento íntegro del cese que firmó el nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo.

El jurista, que lleva 47 años ejerciendo en la cámara y que es, a día de hoy, el segundo letrado por antigüedad, recurrió ante la Mesa del Congreso su salida de la Comisión Constitucional tras tres años adscrito a ella como segundo letrado. El movimiento se produjo en pleno trámite de la ley de la amnistía que se preveía que se iba a estudiar en esta comisión, siendo Fernández-Fontecha claramente contrario a emitir un dictamen favorable a la proposición de ley.

El letrado recurre al Supremo

En este contexto, el 30 de noviembre el nuevo secretario general nombrado por Francina Armengol le inscribió en la Comisión de Hacienda y Función Pública. A tenor de ello, el letrado recurrió ante la Mesa del Congreso y recibió respuesta de Galindo el 18 de diciembre, anunciándole su reincorporación en la Comisión Constitucional como tercer letrado.

Pero este movimiento no evita que el jurista acuda ante el Tribunal Supremo al considerar que se han vulnerado sus derechos y que figurar como tercer letrado supone una degradación. En el año 2020 se le adscribió a esta Comisión con segundo letrado por detrás de José Luis Peñaranda Ramos, si bien la realidad es que ejerció como titular debido a la baja médica de Peñaranda.

El señor Galindo actúa de forma aparentemente chapucera para ocultar el acto de cese en la maraña e impedir el derecho de acceso a los tribunales y la tutela judicial efectiva Recurso del letrado Fernández Fontecha ante el Supremo

En su recurso, el letrado del Congreso denuncia que Galindo le cesó el 30 de noviembre "sin consulta previa, simplemente una llamada". Acto seguido se comunicó su adscripción a la Comisión de Hacienda aunque en la misma se omitía su cese anterior. Se trata, según expone, de "una irregularidad invalidante" ya que en el documento no se hacía alusión alguna a su salida de la Comisión Constitucional.

Por todo ello acusa al nuevo secretario general de actuar de forma "aparentemente chapucera" y de ocultarle su cese para impedir que pudiera recurrirlo ante el Tribunal Supremo, como ahora ha hecho. "Su forma de actuar parte de una doctrina sin respaldo jurisprudencial sobre la base de distinguir entre provisión de puestos de trabajo y la adscripción a una o varias comisiones", expuso.

"Desviación de poder"

El letrado purgado recurre al Reglamento del Congreso de los Diputados y, en concreto, a su artículo 45, para explicar que la adscripción a una determinada comisión se identifica de forma inevitable con el puesto de trabajo de los letrados. A su juicio, Galindo actuó de forma arbitraria sin tener en cuenta el mérito, la capacidad y la antigüedad en la cámara baja, motivo que justifica la admisión de su recurso.

"No hay ninguna discrecionalidad libre o máxima en el cese", alega su recurso, el cual alude a una vulneración del artículo 14 de la Constitución (acerca de que todos los españoles son iguales ante la ley) y del artículo 23 acerca de que los españoles tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.

Frente a ello, Galindo expuso en su respuesta del pasado 18 de diciembre que hubo un intento sin éxito de poder hablar con el letrado antes de cesarlo. "No se produjo ningún acto de 'desadscripción' como afirma el interesado", respondió Galindo, alegando que las adscripciones a la anterior legislatura se extinguieron cuando se disolvieron las Cortes.

Al hilo explica que la adscripción de Carlos Gutiérrez Vicén en la Comisión Constitucional de la que apartaron a Fontecha se adoptó siguiendo "la costumbre habitual en el pasado" acerca de que los que hubieran ostentado el cargo de jefes de letrados prestasen su asesoramiento en las comisiones más destacadas.

Cabe recordar que Gutiérrez Vicén dejó el puesto de secretario general del Congreso con el inicio de esta nueva legislatura y tras nueve años en el cargo. "Quien suscribe la presente nota considera que no hay mejor letrado para ejercer esta función que Carlos Gutiérrez", expone su sucesor Galindo.

En ese mismo documento, Galindo acordaba el retorno de Fernández-Fontecha a la Comisión Constitucional, aunque como tercer letrado tras Gutiérrez Vicén y Peñaranda. Al respecto el letrado considera que se trata de un movimiento para evitar que recurra ante el Tribunal Supremo e insiste en que deslegitima su estatus puesto que ha ejercido como titular de la misma durante toda la pandemia.

Esta vuelta a la Comisión Constitucional se produce tras conocerse que la proposición de ley de la amnistía se tramitará finalmente en la Comisión de Justicia. La decisión de la Mesa del Congreso no se entiende entre algunos diputados al considerar que por la enjundia de la materia debería haberse tratado en la Constitucional.