Macrocausa Azud: la juez une la investigación del PSOE valenciano y el PP por corrupción

El caso Azud que salpica al PSOE valenciano y al PP coge impulso en los juzgados. La instructora del procedimiento ha incluido la investigación al PSPV por presunto cohecho en la pieza principal, que salpica a exaltos cargos del Partido Popular. De esta forma la instructora enfila la recta final del procedimiento y lo convierte en una macrocausa que afecta de lleno al bipartidismo a escasos meses de las municipales.

El motivo que esgrime en su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es que ambas pesquisas comparten un denominador común: las empresas que habrían participado en el presunto amaño de licitaciones. Por ello, y para evitar duplicidades, aglutina estas dos investigaciones por las que permanecen imputadas más de 60 personas.

En concreto la magistrada Pepa Tarodo Ortí se refiere a la constructora Axis, de la que es propietario el empresario Jaime Febrer. El Grupo está en el foco de la Justicia tanto por presuntas irregularidades cometidas por el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) como por el PSOE valenciano cuando la formación socialista dirigía el Gobierno central. En relación a este último capítulo, la UCO sospecha que se habría gestionado una comisión de un millón de euros para los socialistas valencianos con una operación urbanística en Jijona.

Amaños con Acuamed

"En el presente caso en el momento procesal en el que nos encontramos procede la acumulación de la presente pieza número 7 a los autos principales en la medida en que parte de la investigación se refiere a los hechos penalmente relevantes que afectan a las actuaciones desarrolladas por el grupo empresarial Axis en el PAI denominado 'El Espartal' por lo que carece de justificación, en principio, la duplicidad de procedimientos", reza el auto de la juez del caso Azud.

La operación se investigó en el marco de la pieza separada que se abrió para rastrear presuntas irregularidades del PSOE valenciano. La UCO expuso al respecto que en la operación de localidad alicantina "colaboró activamente" José Luis Vera (exresponsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra cuya gestión dio origen a la causa de corrupción Alquería). Vera habría actuado como 'conseguidor' de este proyecto en connivencia con Joan Navarro, directivo de la empresa pública estatal Acuamed.

La firma, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha visto salpicada en más licitaciones del caso Azud, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Jijona. Aunque el objeto era el abastecimiento de recursos hidráulicos, la Guardia Civil desveló que su verdadera finalidad era evitar que se paralizara el PAI gestionado por el Grupo Axis. Por su intermediación, Vera cobró 563.000 euros en conceptos de comisiones, si bien los investigadores sospechan que hubo otra cuantía que se habría utilizado para financiar en B al PSOE valenciano.

El PSOE valenciano

Con todo, la magistrada ha insistido en que en esta pieza separada del caso Azud que se une a la principal no se investiga una presunta financiación irregular del PSPV que ahora lidera Ximo Puig ya que en el momento de los hechos (año 2007) no se había reformado todavía el Código Penal para permitir la imputación de las personas jurídicas. El asunto, se centra, por tanto, en un presunto delito de cohecho que tiene su eje central en la figura del extesorero del PSOE valenciano, José María Cataluña.

Precisamente el hallazgo en su domicilio de agendas de numerosas licitaciones públicas dio pie a la apertura en agosto del año pasado de esta pieza séptima del caso Azud. En diciembre, toda vez que se levantó el secreto de sumario, se tuvo conocimiento de que los cuadernos contenían numerosas anotaciones sobre estas adjudicaciones; algunas incluso antes de que se licitaran oficialmente. Así, por ejemplo, recogió una alusión a un contrato de la desaladora de Moncofa que se adjudicó por 50,8 millones de euros.

La licitación se concedió en enero pero se publicó en el BOE el 16 de julio. El histórico de los socialistas valencianos estaba al tanto de la adjudicación porque el mismo día que el Gobierno la concedió, éste la reflejó en su agenda personal. Junto con la nota acompañaba un importe muy cercano al de la licitación ("51m"). Lo mismo ocurrió con otras licitaciones que concedió Acuamed entre 2006 y 2008 y de las que se habrían desviado mordidas para sufragar gastos de las campañas electorales del PSOE durante esos ejercicios.

Saqueo en el Ayuntamiento

Así, destaca por ejemplo la licitación corresponde a las obras del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó en la Comunidad Valenciana por 46 millones de euros, la fallida adjudicación al Grupo Axis por el PAI del Espartal; el contrato de 21 millones de euros a la sociedad Sedesa Obras y Comsa para reutilización de aguas residuales depuradas de la Albufera y finalmente la licitación de julio de 2008 de la desaladora de Moncofa por importe de 50,8 millones de euros.

Se trata de contratos que sumarían un total de 118 millones de euros y que ahora, tras la decisión de la juez de Azud, pasarán a investigarse en la pieza principal. La misma fue la que dio origen a esta investigación y se centra en el presunto saqueo del Ayuntamiento de Valencia bajo el mandato del PP. Afecta principalmente al que fuera vicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, al empresario Jaime Febrer y también al exsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafa Rubio.