• Aldama, durante su interrogatorio este 21 de noviembre

Las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la supuesta trama dedicada al fraude de hidrocarburos -y que devino en una erosión a la Agencia Tributaria por valor de 182 millones de euros- desvelan el interés que tenían sus miembros por mantener buenas relaciones con autoridades e instituciones relevantes, asignándole un papel destacado en esta función a Víctor de Aldama, el intermediario que está en el centro de otras causas judiciales que afectan a miembros del Gobierno.

Así, en conversaciones aportadas por la UCO al juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, quien investiga el supuesto fraude del entramado, los miembros de la trama manifiestan su interés por mantener la fluidez en sus relaciones con asesores de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.  “Las relaciones hay que mantenerlas bien, hay que ser cordiales, no se puede ir…”, deslizaba en una de sus conversaciones María Luisa Rivas, a quien los investigadores identifican como “subdirectora de la organización criminal”.

De hecho, los agentes de la UCO sólo ubican a Víctor de Aldama y a Claudio Rivas -hermano de la anterior- en un escalón superior de la red, calificándolos como “codirectores” y “máximos responsables de la organización criminal”. Sobre María Luisa Rivas, los investigadores dicen que es la “supervisora directa de la estrategia adoptada por la estructura  societaria a la hora de desarrollar las operativas comerciales”.

En la conversación intervenida a María Luisa Rivas, ésta manifiesta la necesidad de calibrar estas relaciones: “Mira que yo diría las cosas y que a gusto me quedaría pero claro no puedo actuar así […] porque en su despacho, encontraron contratos que no tendrían ni por qué tener… por eso salieron en El Mundo cosas”. Según la UCO, se refería a los vínculos de Víctor de Aldama “con asesores de miembros del gobierno”.

Víctor de Aldama y Daniel Esteve en el Supremo, a 16 de diciembre.

“Con esta gente nunca se sabe, más vale tenerlos por allí, sin enfadarse porque no sabes”, reflexionaba María Luisa Rivas en la citada conversación. Es entonces cuando hace una revelación relacionada con un supuesto intento de pagos a estos asesores: “Les hemos ofrecido dinero porque tenían todo bloqueado […] hay que mantener un poco la mano izquierda”.

"Mañana hay un cambio de gobierno..."

Según los investigadores de la Guardia Civil, estas declaraciones evidencian que la familia Rivas podría haber sido favorecida en el sector de los hidrocarburos por entornos de confianza de asesores vinculados con altos estamentos políticos. Es por esta razón que seguirían apoyando y sustentando a Aldama tras las últimas actuaciones judiciales: “Mañana hay un cambio de gobierno o lo que sea… y que… a lo mejor mira. Salen como si nada…”, apuntó María Luisa Rivas.

A renglón seguido, exponía sus dificultades para entablar estas relaciones y el rechazo que le generaba que le llamase “esa gente”, en referencia a los asesores próximo a Víctor de Aldama. Sin embargo, las mantenía porque “tiene miedo de que le hagan coacción porque son ellos los que filtran a la prensa […] que por culpa de ellos salió Villafuel [empresa en el epicentro de la trama] en El Mundo”.

Estas informaciones detallaban las relaciones de Víctor de Aldama con el sector de los hidrocarburos, apuntando que éste tenía como cliente a la operadora Villafuel S.L., que a su vez patrocinaba el Zamora C.F., bajo la presidencia del intermediario. 

Como contó Vozpópuli, la red de contactos de Víctor de Aldama -en el epicentro de algunos de los casos de corrupción que cercan al Gobierno-, así como un entramado de 26 empresas, fueron dos elementos clave en la trama de hidrocarburos que habría defraudado más de 182 millones de euros, según consta en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional.

En el documento se esboza el complejo entramado empresarial que la UCO atribuye a Víctor de Aldama, el empresario Claudio Rivas y María Luisa Rivas, a quienes considera en el núcleo de la red presuntamente delictiva. También cita a los empresarios Francisco Javier Cillán, Pedro Antonio Marín y Félix Aparicio como elementos clave de "cooperación" en el diseño de la estructura societaria o como "testaferros cualificados". Asimismo se recogen las identidades de otros nueve testaferros no cualificados, cuyas identidades se habrían empleado para favorecer transacciones o actuaciones empresariales dentro de la trama.

Villafuel S.L. se ubica en el centro del entramado. Alrededor de ésta se habría desarrollado un complejo entramado societario y cuentas bancarias con ramificaciones en varios países; principalmente, España, pero también en Portugal, Colombia o China entre otros. En total se ha analizado la actividad de 26 sociedades, a través de las cuales se habría obtenido el fraude de 182 millones de euros.

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación Vozpópuli