Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado al empresario Claudio Rivas y al expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, en la "cúspide de de una organización criminal jerarquizada". Sostienen que ambos poseen los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles.
No obstante, el informe de la UCO también revela un complejo entramado empresarial que los agentes atribuyen a Aldama, Rivas y María Luisa Rivas, a quienes considera el núcleo de la red presuntamente delictiva.
El documento, obrante en el sumario de la causa judicial dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº5, Santiago Pedraz, ha revelado que ambos son los "ideólogos" del fraude de los 182 millones de euros de los hidrdocarburos. Sin embargo, los agentes alertan de que este importe podría verse incrementado.
Además de sus operaciones en España con el supuesto fraude del IVA, la Guardia Civil ha detallado cuáles han sido sus movimientos de dinero en el extranjero efectuados por los miembros de la trama entre mayo de 2022 y febrero de 2024, según consta en el informe al que ha tenido acceso Vozpópuli. Unas transferencias que estarían amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, confeccionados, en su mayoría, por Aldama.
Portugal, China y Colombia
Según se explica, los empresarios habrían transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia por un importe total de 73.902.852, 60 euros. Se trata de cantidades que formarían parte del total de los 182 millones del presunto fraude al fisco que habría cometido esta trama.
De esos casi 74 millones de euros, 68,6 millones fueron a parar al país vecino, mientras que se han detectado movimientos a China por 4,4 millones y casi 646.000 euros a Colombia. Todo en operaciones compatibles con el blanqueo de capitales. Hasta el momento, la UCO apunta que la organización criminal diseñó una estructura empresarial en el extranjero a través de la que canalizar los fondos de procedencia delictiva valiéndose de unos canales de blanqueo mediante los que transferían fondos a través de cuentas bancarias tituladas en Colombia, China y doce empresas en Portugal.
En esta fase de investigación la Guardia Civil identificó canales de blanqueo empleados para transferir los fondos de procedencia delictiva a cuentas bancarias tituladas por empresas constituidas en el extranjero, "vinculadas directa e indirectamente a los máximos responsables de la organización criminal".
Esta recibirían transferencias desde cuentas de suministradoras instrumentales en España que justificarían, para evitar la supervisión de los órganos de control, mediante contratos de prestación de servicios. A través de esta operativa materializaron, hasta el momento, más de 73 millones de euros.