José Luis Moreno ha cumplido 'in extremis' el requerimiento impuesto por la Audiencia Nacional tras su detención el martes 29 de junio en el marco del caso Titella. Según informan fuentes jurídicas, el productor ha aportado al juzgado la documentación para la fianza hipotecaria después de que el magistrado Ismael Moreno le haya permitido esta modalidad para hacer frente a la fianza de tres millones de euros impuesta la semana pasada.

Ahora el Juzgado Central de Instrucción número 2 designará los peritos para que tasen las propiedades que el humorista pone como aval. Tras su pase a disposición judicial el pasado jueves, el magistrado acordó dejarle en libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 3 millones de euros. El productor, al que se le imputan delitos fiscales, estafa, blanqueo e insolvencia punible, entre otros, recurrió la fianza reclamando que se anulara. Sin embargo, el instructor declinó la petición al apreciar un importante riesgo de fuga.

Con todo, sí le admitió que, entre las modalidades para hacer frente a la caución, no solo se incluyera el pago en metálico y el aval bancario sino también hipotecario. No obstante, le mantuvo la cuantía acordada (la más alta de todos los detenidos en la operación Titella) al considerar que es "conforme a sus posibilidades económicas".

El instructor explicaba en un auto firmado este mismo jueves que el ventrílocuo podría hacer frente a la fianza de este modo pero no modificó el plazo máximo fijado y que vencía hoy mismo a las 15.00 horas. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el valor de los bienes que Moreno incluya como fianza debe ser el doble del del metálico señalado para la fianza; es decir, de seis millones.

El "alarde" económico de Moreno

En su recurso, la defensa del ventrílocuo alegó que le había impuesto una cifra muy alta sin razonar los motivos y descartó cualquier riesgo de fuga por su "arraigo" en España y por tratarse de un personaje "con relevancia pública". Sus abogados insistieron en que es una persona de 74 años, que carece de antecedentes penales y que, además, se encuentra desarrollando un nuevo proyecto audiovisual cuya cancelación supondría un grave perjuicio para los trabajadores implicados.

Por ello, su defensa letrada solicitó al juez que ordenó su detención el pasado el 29 de junio que le revocara la fianza impuesta y le dejara en libertad provisional. De no acceder a esta pretensión, proponía subsidiariamente el pago de una fianza de 300.000 euros para eludir la prisión provisional. El magistrado al frente de esta macrocausa de estafa lo descarta explicando que dado el estado inicial de este procedimiento el peligro del riesgo de fuga "late con todo su vigor" dadas, además, sus "capacidades económicas de las que Moreno ha hecho alarde".

"Los indicios se han fortalecido"

Al respecto apunta que el productor reconoció que su capacidad económica era de 23 millones de euros. Una cifra que para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 "permite justificar" el elevado importe de la fianza. En lo que respecta a su arraigo o a la petición de rebajarle la fianza, el magistrado explica que no se acuerda en el momento actual. "Los indicios que condujeron a la detención del imputado recurrente se han fortalecido tras la toma de declaraciones policiales y judiciales de otros investigados que no vienen sino a confirmar las iniciales hipótesis de imputación y sin perjuicio del resultado del análisis de la abundante documentación incautada", añade.

Se refiere el magistrado al operativo impulsado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el pasado martes en el marco del cual se detuvo a un total de 47 personas en distintos puntos del país. Entre ellos se encontraba el famoso productor, al cual le registraron también su domicilio y la sede de sus estudios. De todos los detenidos pasaron ante el magistrado un total de 10 personas de los cuáles todos quedaron en libertad provisional. El magistrado acordó fianzas que iban de los 10.000 euros para los implicados con menos peso en la red a los 3 millones de euros para Moreno.

El instructor le sitúa en la cúspide de una trama que se comenzó investigando en un juzgado de instrucción de Madrid por presunta estafa. La causa arrancó en 2018 por una denuncia de Abanca. La entidad alertó de que había otorgado líneas de crédito a empresas (implicadas en la trama) y que no había devuelto la liquidez prestada cuando fue reclamada. Desde entonces se investigó a los integrantes de esta red en cuya cúspide estaría Moreno y, además dos personas clave: Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar de Castro.

De hecho, las pesquisas iniciales situaron a Aguilera como el "gestor" de estas líneas de crédito que tramitó mediante empresas pantalla. Los investigadores sostienen que la red, que habría estafado un total de 50 millones de euros, estaba perfectamente estructurada y tenía otra rama dedicada al tráfico de drogas y posterior blanqueo de capitales. En el escalafón medio estarían los intermediarios entre los bancos y la cúspide de la trama y en el más bajo los testaferros. Ya en 2018 identificaron, al menos, a una decena de ellos.