El empresario José Luis Moreno ha movido ficha en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la que fue detenido el pasado martes. El productor y humorista ha recurrido el auto en el que el magistrado Ismael Moreno le dejó en libertad provisional sujeta al abono de una fianza de 3 millones de euros. Fuentes jurídicas explican que, a 24 horas de que expire el plazo otorgado por el instructor del caso Titella, no se ha acreditado la formalización de este pago.

El ventrílocuo fue detenido el pasado martes en el marco de esta causa que nació de una denuncia por estafa. El operativo, impulsado por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y dirigido por el magistrado Moreno, se dirigió contra una supuesta trama que habría estafado más de 50 millones de euros. Los agentes detuvieron a un total de 47 personas en varios puntos del país por su integración en esta red que se comenzó investigando en los juzgados de Plaza Castilla en 2018.

Los investigadores sitúan a Moreno en la cúspide de la organización que tendría también una ramificación paralela destinada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Entre los cabecillas, incluyen, además del productor, al empresario Antonio Luis Aguilera, y Antonio José Salazar de Castro. En el escalafón medio estarían otras personas como Raúl Pontvianne (identificado por la Guardia Civil como el intermediario entre los bancos y la cúspide) y ya en el escalafón más bajo los presuntos testaferros.

Un total de 10 personas de los detenidos desfilaron por la Audiencia Nacional entre el jueves y viernes pasado. Lo hicieron tras su detención el martes en el marco de este operativo que se saldó también con registros en varios puntos del país. Tras su pase a disposición judicial, el magistrado Moreno acordó fianzas para la gran mayoría de ellos, siendo la más alta la impuesta a Moreno. Los agentes le ubican como un "elemento esencial" para lograr sus objetivos. Su papel habría consistido en acudir a las entidades bancarias que dieron luz verde a los préstamos para vender las bondades de los proyectos.

De hecho, la causa partió de una denuncia inicial de Abanca. La entidad recurrió a los juzgados los impagos de unas líneas de crédito que concedió a las empresas del entramado través del peloteo de cheques. A esta denuncia inicial se adhirieron otras entidades como Bankia que también habrían sido víctimas de la red. Según ha podido saber este periódico, Aguilera era la persona que negociaba los créditos pero lo hacía con una identidad falsa. Los firmaron los testaferros en calidad de administradores de las empresas.