La 'macroestafa' urdida por los implicados en la operación Titella y con la que habrían defraudado más de 50 millones de euros no solo se dirigió a los bancos que les prestaron los créditos. Las pesquisas que se abrieron en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid demuestran que igualmente un gran número de empresas fueron 'víctimas' de esta trama desarticulada el pasado martes en un operativo en el que se detuvo a un total de 47 personas, entre ellas el famoso productor José Luis Moreno.

La Policía Judicial al frente de la causa, que arrancó en 2018 en los juzgados de Plaza Castilla antes de aterrizar en la Audiencia Nacional, estimó que más de 60 mercantiles dedicadas a todo tipo de actividades se habrían visto envueltas en esta presunta estafa. Según ha podido saber Vozpópuli, a mediados de 2019, el Instituto Armado ya barajaba que la trama habría operado en un total de 26 ciudades de toda España. La causa arrancó como una estafa bancaria pero, a los meses, ya se había ampliado a los delitos de organización criminal y blanqueo.

Los agentes sospechan que la red se valió de estos fraudes para acumular grandes cantidades de dinero simulando actividades ficticias a través de un entramado de más de 700 empresas. Los implicados en este primer escalafón habrían defraudado un total de 1,3 millones de euros, aunque se llegó a estimar un perjuicio de 3 millones. La organización, claramente jerarquizada, contaba con otra estructura dedicada al tráfico de droga y a blanquear las cantidades obtenidas. Para ello se valieron de sociedades radicadas en países como Malta, Panamá o Las Maldivas. Incluso estudiaron la creación de un banco en Malta "diseñado para el crimen económico".

"Estructura de delincuencia compleja"

La causa nació tras una denuncia de Abanca. Esta entidad recurrió a los tribunales para denunciar que los clientes en cuestión lograron altos préstamos que nunca llegaron a devolver. A ella se le adhirieron otras como Bankia, que también constató el presunto fraude cometido por los acusados. Los agentes sostienen que los firmantes de estos préstamos eran testaferros si bien todos ellos estaban guiados por un "gestor". Este papel lo asumió Antonio Luis Aguilera el cual, a su vez, se apoyó en José Luis Moreno. Este último se habría erigido como la cara visible y la garantía de que el proyecto era solvente.

El humorista incluso llegó a acudir a alguna sucursal, como así acreditó un empleado a la Guardia Civil, que dijo que acudió de la mano de Aguilera. Presentaban contratos de televisión y ambiciosos proyectos con los que se ganaban la confianza de los directivos de las sucursales. Aunque algunos cayeron en la trampa, otros estarían implicados en esta red en la que también figuran notarios, abogados y empresarios. Ya en 2019, los agentes establecieron una relación de presuntos responsables en cuya cúspide ubicaron a José Luis Moreno.

El culturista testaferro de Moreno

El productor, que ha quedado en libertad bajo fianza de 3 millones de euros, era, en palabras de los agentes, "uno de los elementos esenciales" para que la red lograra sus objetivos. El siguiente en su lista de integrantes de esta "estructura de delincuencia compleja" fue Martin Czehmester. Se trata de un actor y culturista de nacionalidad checa. Estaba íntimamente ligado al ventrílocuo hasta el punto de que ya en abril de 2019 la Guardia Civil recogió en su informe que su lugar de residencia era la mansión que posee el productor en la calle Retama en Boadilla del Monte (Madrid).

El oficio destaca un aspecto clave en la investigación y es el papel en calidad de administrador de una sociedad constituida por Moreno hace ahora siete años. Se trata de Youmore TV. Los agentes apuntaron ya, dos años antes del estallido de la operación, al papel que pudo jugar como testaferro de las firmas del productor. La firma consta como una empresa dedicada a la producción artística "en general" incluyendo la realización, producción, contratación y dirección de programas audiovisuales además de conciertos, galas y festivales.

Su domicilio social está ubicado en Moraleja de Enmedio, localidad donde Moreno tiene la sede de su productora que también fue objeto de registro en el operativo del pasado martes. Pese a figurar entre los objetivos de la Policía Judicial, lo cierto es que el que fuera actor de cine pornográfico no se encuentra entre los 47 detenidos por el caso Titella (marioneta). Sí lo está el tercero en la lista de los agentes: Antonio Luis Aguilera. El empresario se hizo pasar por "gestor" para captar los préstamos utilizando para ello una identidad falsa.

Identificados ya en 2019

Aguilera (o Muntané, como se hacía llamar) fue detenido por los agentes por incumplir una condena de la Audiencia Provincial de Barcelona de estafa agravada. También tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas. Está situado en la cúpula de esta supuesta organización criminal junto con Moreno y Antonio José Salazar de Castro. Por debajo de estos tres se encuentran Raul Pontvianne (a quien le otorgan el papel de intermediario entre los encargos de las entidades y la cúspide del entramado) y Marta Dillet. Esta estaría en el escalón más bajo actuando de testaferro. Figura como administradora de sociedades implicadas en la trama como Cultus Opera.

Los siguientes en este complejo entramado son los 'hombres de paja'. Hace dos años la red contaba con más de una decena de ellos. Se encargaron de firmar los avales bancarios y de gestionar las sociedades en el extranjero de esta trama acusada de estafa, blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, entre otros. Cabe destacar que de los 47 detenidos, al menos cinco de ellos (Moreno, Aguilera, Salazar de Castro, Pontvianne, y Marta Dillet) ya estaban fichados por la Policía.

Junto a ellos, se detuvo también a Montserrat Pedreny, Viviana Domínguez, José Luis Meseguer y Gerardo Mauricio García Quintero. El magistrado al frente de las pesquisas, Ismael Moreno, les interrogó entre el pasado jueves y viernes dejándoles a todos en libertad. Eso sí, acordó cauciones que van desde los 3 millones de euros impuestos a José Luis Moreno, pasando por los 200.00 euros acordados para Aguilera, Salazar y García Quintero, a los 10.000 euros para el resto. Otros, como es el caso de Villalba y Pedreny, quedaron en libertad sin fianza pero con obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y prohibición de salir del país. La causa sigue secreta.