La Fiscalía anticorrupción puso en duda este lunes una anotación del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre un presunto pago en dinero negro al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. El representante del ministerio público, Antonio Romeral, llegó a decir que este apunte que figura en uno de los documentos analizados en el juicio sobre la caja B del partido estaba “forzado”. No fue la única reticencia que demostró el representante de la acusación pública en su interrogatorio a Bárcenas sobre sus apuntes contables que han supuesto una pesadilla para los populares durante casi una década.

Bárcenas sostiene que esa anotación sobre Rajoy que el fiscal ve forzada forma parte de un documento "sin validez" que le pidió su antecesor Álvaro Lapuerta porque iba a tener una reunión con el líder del PP y quería “que se viera retratado”. “Me dijo que figurasen las entregas a Rajoy”, admitió. En otro momento de su declaración, llegó a hacer cuentas sobre la marcha. El fiscal le había puesto de relieve que los números no cuadraban entre los distintos documentos, entre manuscritos y mecanografiados sobre la contabilidad en negro del partido.

El extesorero explicó que hizo modificaciones respecto a su contabilidad original en el documento que entregó a Lapuerta -ya fallecido- para que se lo mostrase a Rajoy. Cambió el orden en el que se produjeron los ingresos y los pagos. También ocultó el nombre de Gonzalo Urquijo, arquitecto y administrador de la empresa Unifica. Se trata de la empresa que hizo la reforma del PP, presuntamente pagada con dinero procedente de la caja B. Esos son los hechos que se juzgan en la Audiencia Nacional y por lo que esta semana presta de nuevo declaración como acusado Luis Bárcenas.

El extesorero asegura que en el documento que le dio a Lapuerta cambió el nombre de Gonzalo Urquijo por las iniciales “G.U” porque no quería que su identidad apareciese en un documento que podía acabar en manos desconocidas. La Fiscalía le cuestionó en numerosas ocasiones por cantidades y conceptos que no coinciden entre sus cuentas originales y ese documento que le llegó a Rajoy.  Bárcenas restó validez en todo momento a los datos que le dio a Lapuerta y precisó que en su documentación inicial también figuran los pagos a Rajoy. Ante el tribunal destacó un concepto en concreto anotado como “regularización segundo semestre Mariano” que el fiscal obvió en sus preguntas.

Mete el pago a Mariano Rajoy un poco forzado (...) si era nueva la hoja, ¿por qué mete ahí ese saldo?

Mete el pago a Mariano Rajoy un poco forzado (...) si era nueva la hoja, ¿por qué mete ahí ese saldo?”, le dijo el fiscal Antonio Romeral. “Forzado no hay nada”, replicó el extesorero, quien insistió en el pago de sobresueldos a dirigentes del partido y confirmó sus destinatarios. Citó con nombres y apellidos a dirigentes del PP como el de Álvarez Cascos, Federico Trillo, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy, entre otros. También reiteró los 60.000 euros que le entregaron en mano a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre pese a que ella lo ha desmentido y anuncia una querella contra él por falso testimonio.

Bárcenas respondió a ese desmentido en el que Aguirre dijo que no conocía al empresario de la construcción que le entregó el dinero y que tan solo sabe de su hija porque juega al golf. El extesorero asegura que el marido de esta mujer es Sigfrido Herráez, exconcejal del PP en Madrid durante la época de José María Álvarez del Manzano. Bárcenas añadió que Aguirre fue a la boda de ambos y que el enlace asistiría el donante, que era el padre de la novia.    

A la hora de dar detalles sobre cómo se pagaban los sobresueldos, aportó detalles sobre la operativa: “Físicamente el dinero estaba en mi despacho en una caja y la actividad de ponerlo en sobres y dárselo a Lapuerta la hacía yo también. Lapuerta me decía: ‘Estamos a principios de mes le voy a entregar el sobre a Álvarez Cascos y tal, tal, tal…’. Y él se desplazaba al Ministerio y le entregaba los sobres”, ha relatado. De ese modo ha narrado cómo el PP compensaba a los cargos que asumían alguna cartera ministerial y perdían poder adquisitivo.

Cerco a Aznar sin citarle

“Las entregas a Rajoy y Cospedal desde julio de 2008 las hago yo porque Lapuerta ya no tenía despacho y hago yo las entregas”, precisó en otro momento de su interrogatorio como acusado. Según dijo, en una ocasión les dio 50.000 euros en dos sobres en los que introdujo 25.000 euros en cada uno para Rajoy y otro para Cospedal. Atribuye la paternidad de esta operativa de pagos en B al que fuera hombre fuerte de José María Aznar, el exministro Francisco Álvarez Cascos. "Luego ya se mantuvo siempre en el tiempo hasta 2008, cuando cesa Cascos se incorpora el siguiente, le cuenta Lapuerta lo que se viene haciendo con esos fondos y se procede de la misma forma", aseveró.

Una vez que la mujer de Bárcenas ingresó en prisión tras su condena en Gürtel y el extesorero detonó el pacto de no agresión que mantenía con su expartido, la Fiscalía se apresuró a despejar cualquier duda respecto a un posible acuerdo con el acusado. El ministerio público emitió incluso un comunicado en el que reaccionaba con escepticismo a su oferta de colaboración para contar todo lo que sabe en las causas todavía bajo investigación. Los fiscales le piden que pueda probar su testimonio con documentos. El PP, en cambio, señala una campaña de la Fiscalía que dirige la exministra Dolores Delgado en contra de la formación.  

Durante las más de tres horas que estuvo declarando, Bárcenas recordó que tiene datos, pero que los aportará en la causa que todavía se encuentra en fase de investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirige el juez Pedraz y que afecta a las presuntas comisiones finalistas cobradas por el núcleo duro del Gobierno de Aznar (1996-2004). Ya en su declaración en el marco de la trama Púnica alegó carecer de documentación porque le había sido sustraída por los policías implicados en el caso Kitchen. Al comienzo de este juicio por las obras de la sede, el nuevo abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, admitió un déficit de documentación por los mismos hechos.

Las obras de la sede

La Fiscalía empleó cerca de dos horas de interrogatorio antes de preguntar en concreto por las obras de la sede del PP. Bárcenas admitió que parte de los trabajos se pagaron con dinero procedente de la financiación ilegal. No fue hasta ese momento cuando de su boca ha salido la expresión ”caja B” (hasta entonces había preferido hablar de "contabilidad extracontable"). Relató una reunión con el también acusado Gonzalo Urquijo en la que Lapuerta y él le propusieron esa forma de pago ilegal. El empresario aceptó y les dijo que el cobro del dinero negro lo asumiría como un sueldo anual en un solo pago.

Bárcenas se ratificó en los pagos a Urquijo a lo largo de varios años y preguntado acerca de si consultaron la forma de pago con algún responsable de partido, contestó que él no tenía que preguntar a nadie porque su superior entonces era Álvaro Lapuerta. En ese sentido, dijo desconocer si su antecesor en el cargo de tesorero, ya fallecido, le informó al entonces secretario general del PP que era Ángel Acebes.   

La Fiscalía pide para Bárcenas otros cinco años de prisión que se sumarían a los 29 por los que ya fue condenado en firme por el Tribunal Supremo por la Época I de Gürtel (1999-2005). Sin embargo, la ejecución de su condena estableció un máximo de estancia en prisión de 12 años de los cuales ya ha cumplido más de un cuarto de la pena de forma preventiva a lo largo de sus entradas y salidas desde 2013. En caso de que fuese condenado a los cinco años que le pide el ministerio público, su nueva condena no le haría pasar más tiempo entre rejas.

La razón es que el Código Penal establece para delitos que no superen los 20 años de pena que un preso en España no puede permanecer en la cárcel más allá del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las condenas, es decir, el delito más grave. Y en este caso de la reforma de la sede, el delito con mayor condena por el que se le acusa es el de apropiación indebida, con tres años. Es decir, por debajo de los cuatro años por blanqueo que le impuso el Tribunal Supremo.

No obstante hay acusaciones populares personadas en esta causa que piden para él más años de condena por lo que persiste el riesgo para Bárcenas tras su anunciado cambio de estrategia que pasa por colaborar con la Justicia y reconocer los hechos de los que tiene conocimiento. Este martes continuará el juicio con el interrogatorio de la Abogacía del Estado y el abogado del extesorero, quien ha rechazado contestar las preguntas del resto de las partes.