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Arzuaga (Bildu) pidió ayuda "excepcional" al jefe de Instituciones Penitenciarias con los presos de ETA

Dignidad y Justicia pide al juez que impute en la causa sobre el entorno de los presos de ETA al exconsejero de Justicia vasco Joseba Azkárraga; al parlamentario de Bildu Julen Arzuaga, el abogado Txema Matanzas y al etarra Jorge García Sertucha

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz (i), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El entorno de los presos de ETA ha tenido en los últimos años línea directa con el Gobierno de Pedro Sánchez y, más en concreto, con el departamento de Instituciones Penitenciarias que dirige Ángel Luis Ortiz. El sumario de la causa abierta en la Audiencia Nacional por los homenajes a etarras revela decenas de mensajes entre Ortiz y algunos mediadores como es el caso del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, quien le llegó a recordar que buscaban "desbloquear situaciones excepcionales".

Se trata de mensajes intercambiados desde 2019 entre el entorno de los presos de ETA y Ortiz (a quien se referían como 'el de Madrid) y con los que se buscaba, por un lado, tener información privilegiada de los terceros grados de los etarras y, por otro, conseguir el acercamiento al País Vasco para organizarles su posterior homenaje.

Por ello se impulsó una dinámica mediante la cual el entorno de presos -principalmente el histórico de la banda terrorista José Antonio López Ruiz 'Kubati- trasladaba a sus enlaces "la lista de prioridades" sobre los presos para que ésta llegara al secretario general de Prisiones que designó el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en 2018. Los enlaces eran el exconsejero de Justicia vasco Joseba Azkárraga; al parlamentario de Bildu Julen Arzuaga.

Beneficios a los presos de ETA

El pinchazo de los teléfonos a Kubati y los otros cinco imputados en el procedimiento puso de manifiesto el contacto directo con Prisiones, con quien comentaron la situación penitenciaria de etarras como Soledad Iparraguirre (Anboto), José Ángel Otxoa de Eribe, Oier Goitia, la abogada de etarras Aratnza Zulueta, Kepa Arronategui o Zigor Orbe. De todos ellos tuvieron información privilegiada sobre sus permisos o sus acercamientos a cárceles vascas.

Precisamente en relación a Orbe se cruzaron mensajes con Ortiz que figuran en unos anexos de un informe de la Guardia Civil desconocido shasta el momento. Como venía siendo habitual, antes de contactar con el alto mando de Interior, Arzuaga redactaba un texto borrador que pasaba primero por un grupo de Whatsapp.

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El mismo estaba integrado por, además de los arriba señalados, el abogado de los presos de ETA Txema Matanzas y el etarra Jorge García Sertucha, en su condición de portavoz y responsable de la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat.

Así pues, el 22 de mayo de 2019 (apenas días antes de las municipales de ese año) Kubati autorizó el mensaje de Arzuaga al Gobierno sobre Orbe. El mismo daba las gracias por el traslado del etarra a la prisión de Puerto II, pero le planteaba la posibilidad de acercarle al País Vasco para estar "más cercano a su familia". "Tal vez el ambiente electoral no sea el más idóneo, pero valoraríamos muy positivamente el movimiento de Orbe, en la lógica de otros movimientos que ya habéis realizado", expuso.

"Mantenemos comunicación con el PSE"

La respuesta de Ortiz fue cordial y le dijo que tanto en el caso de Orbe como de otros condenados tenían en cuenta las propuestas que recibían de los centros penitenciarios. La reacción de Arzuaga, previa consulta al resto de implicados, fue clara. El parlamentario vasco le dijo que acogían el criterio de las propuestas de centros pero dejó claro que ellos interpretaban esta comunicación directa con el Gobierno como el medio para "desbloquear situaciones excepcionales".

"Entendiendo que podíamos coincidir en propuestas para soluciones razonables que conjugaran por un lado el absoluto respeto al reglamento y por otro, una nueva perspectiva de política penitenciaria más humana. Precisamente para labrar esa sintonía es que mantenemos un canal de comunicación eficaz y estable con responsable del PSE, como sabes", le contestó.

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Homenaje a presos de ETA a su salida de prisión.EFE

Arzuaga hizo alusión de esta forma a contactos discretos con el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Veinte meses después de esta carta, el Gobierno acercó a Zigor Orbe al centro penitenciario de Álava. Así las cosas, otros mensajes evidencian que el secretario general de Instituciones Penitenciarias les avisaba de primera mano de las decisiones del Ejecutivo en materia penitenciaria. Eso mismo ocurrió cuando Interior concedió un permiso al etarra Oier Goitia. Consta en el sumario un mensaje de Azkárraga a Kubati en el que le adelanta esta novedad recibida por mensaje de Ortiz.

Dignidad y Justicia pide más imputaciones

Por todo ello, Dignidad y Justicia ha remitido este lunes un escrito a esta causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que no solo se opone a la decisión del magistrado instructor de no prorrogar la causa, sino que solicita que, "ante los sólidos indicios de criminalidad", se impute al exconsejero de Justicia vasco y portavoz de SARE, Joseba Azkárraga; al abogado Txemas Matanzas; al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga y al etarra García Sertucha, condenado a 37 años por el intento de asesinato del rey emérito Juan Carlos I en 1995.

Según explican en el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, Arzuaga y Matanzas, en "subordinación" de los dirigentes de la Comisión de Presos de Sortu, mantenía permanentemente informados a los investigados sobre la situación penitenciaria de los presos de ETA, especialmente a través de 'Kubati'. Por su parte, Azkárraga ejercía de "correa de transmisión" entre Prisiones y la Comisión, la cual se encargaba también de la organización de homenajes a los presos.

Precisamente por estos últimos hechos la Fiscalía ha pedido al juez que finalice la instrucción. En su escrito, desvelado en exclusiva por este medio, se pide el procesamiento de 'Kubati' y los otro cinco imputados al considerarles responsables de la organización de más de un centenar de homenajes y 'ongi etorris' a presos de ETA. El fiscal entiende que los hechos suponen "una constante humillación a las víctimas", aunque descarta que sean constitutivos de enaltecimiento del terrorismo o que haya que acordar más imputaciones.

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