La Fiscalía pide procesar al etarra Kubati por los homenajes a presos y ve "organización criminal"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al magistrado que investiga al entorno de ETA por los homenajes a presos que ponga fin a la causa y que actúe contra el histórico de la banda terrorista José Antonio López Ruiz 'Kubati' y otras cinco personas más por organizar y participar en estos actos a favor de más de un centenar de presos.

El escrito, que desvela Vozpópuli, recoge las comunicaciones y mensajes interceptados a los imputados en aras a acreditar su implicación en la planificación de los homenajes (conocidos como 'ongi etorri') impulsados en su mayoría por Sortu. El fiscal del caso solicita al magistrado instructor que continúe con el trámite del procedimiento abreviado contra todos ellos por integrar, presuntamente, una "organización criminal de carácter no terrorista".

El Ministerio Público descarta que los hechos investigados en la conocida como operación Kabat sean constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo; ahora bien, considera que no fueron actos esporádicos, sino que se organizaron de manera muy precisa y siguiendo unas normas muy estrictas tanto en lo referente a qué presos etarras se rendía tributo como a la forma en que se celebraban los homenajes.

"Una constante humillación a las víctimas"

"Si bien la organización de un acto aislado de homenaje a un terrorista o la participación ocasional en alguno de ellos puede considerarse amparada por la libertad de expresión, la organización de tales actos de indudable contenido laudatorio a todos y cada uno de los miembros de la banda terrorista ETA encuadrados en el colectivo de presos terroristas (EPPK) produce una constante humillación a las víctimas", reza la Fiscalía.

El desarrollo de los ongi etorris y demás actos de homenaje a los presos de la banda terrorista se realizó a través de normas estrictas tanto en lo referente a qué presos se rendía tributo como en lo concerniente a cómo se debía desarrollar el homenaje

El fiscal descarta que estos homenajes orquestados desde la izquierda abertzale a los presos de ETA constituyan enaltecimiento del terrorismo toda vez que la banda terrorista ya no está activa y por tanto se descarta la existencia de un riesgo real. A falta de calificar el tipo penal en un futuro escrito, de momento la Fiscalía avanza que se estaría ante un delito de enaltecimiento del terrorista y de humillación a las víctimas; figuras estas últimas más cercanas al delito de odio.

Además de Kubati, el Ministerio Público pide al magistrado Manuel García Castellón que dé el primer paso para sentar en el banquillo a los también miembros de la comisión de presos de Sortu Oihana Garmendia, Oihana San Vicente, Haimar Altuna, y los etarras Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro.

De todos ellos concluye el fiscal que han organizado "de forma sistemática y sistematizada" los actos de homenajes a los presos, valiéndose en ocasiones de la dinámica Kalera Kalera y, en otras, de movimientos sociales o asociaciones, en función de las necesidades del momento concreto.

Los vínculos con Interior

La interceptación de las comunicaciones de los investigados destapó, además, sus vínculos con Instituciones Penitenciarias. Así lo expuso la Guardia Civil en un informe presentado en marzo 2021 donde destacó que Kubati intercambió entonces decenas de mensajes con el diputado de Bildu en el Parlamento Vasco Julen Arzuaga en los que éste le traslada información las reuniones que mantenía el exconsejero de Justicia del Ejecutivo vasco Joseba Azkárraga con Instituciones Penitenciarias.

En concreto, Azkárraga -que también es responsable de la plataforma Sare- mantenía contacto frecuente con una persona a la que se refería como "el de Madrid". Los investigadores sospechan que se refiera con ello a algún miembro de Instituciones Penitenciarias. En concreto el foco se estrechó en su máximo responsable, Ángel Luis Ortiz, quien fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 2018.

"Antton, el lunes quiero entrar más en el detalle de algunos casos en Madrid. En los apuntes tengo algún caso que no recuerdo la casuística. Si puedes recuérdame estas cosas, pues quiero enviarle antes unas notas, para que la reunión sea más efectiva y hayan tenido tiempo de mirar cada caso", le escribió el 11 de junio de 2019 Azkárraga a Kubati.

Homenajes encubiertos

El mensaje venía acompañado de los nombres de los etarras Lieni Armendáriz y Oskarbi Jáuregui, condenado este último a más de 20 años de cárcel por enviar una carta bomba al periodista Gorka Landaburu en 2001. A día de hoy el primero está en libertad y la segunda fue acercada meses después de esta conversación, en 2020, al País Vasco.

Los mensajes analizados acreditan cómo esta comisión de presos tuvo información privilegiada de beneficios penitenciarios que tenían los presos de ETA por los que ellos preguntaban. Del mismo modo pusieron de manifiesto el vínculo entre Azkárraga con el secretario general de Instituciones Penitenciarias. "El próximo martes tengo una nueva reunión con Ángel Luis. ¿Tenéis alguna cosa concreta que os interese traslade?”.  “Hala, a pasar la lista de prioridades”, escribió Azcárraga a Arzuaga en abril de 2019.

De la información incautada a los investigados se desprende, además, que en muchos de los casos se daba orden de no hacer mucho ruido con los homenajes para, así, conseguir que el Gobierno mantuviera su política de acercamiento de presos al País Vasco.

La Fiscalía incorpora en su reciente escrito muchos de estas comunicaciones interceptadas por la Guardia Civil aunque se ciñe exclusivamente a la organización de estos homenajes a presos de ETA que considera, indiciariamente, constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorista y de humillación a las víctimas.

Frente al criterio del Ministerio Fiscal, algunas de las acusaciones que acusan en el procedimiento, como Dignidad y Justicia, discrepan de su criterio y reclaman que se continúe practicando diligencias para depurar más responsabilidades. La decisión queda ahora en manos del magistrado García Castellón.