El juez procesa a 42 personas por una veintena de adjudicaciones irregulares en Acuamed

Fin del caso Acuamed. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado a un total de 42 personas por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de esta empresa pública. El instructor actúa tras la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción que, tras años de instrucción, consideró que contaba con indicios suficientes para enviar al banquillo a los imputados, entre los que se encuentran el que fuera director general de la firma, Arcadio Mateo.

En un auto de 241 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que los hechos investigados serían constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Cabe recordar que la Fiscalía mantuvo su acusación por malversación agravada pese a la reforma del Gobierno al considerar que, con estos presuntos amaños, se ocasionó un grave daño al erario público.

El instructor basa la decisión de dejarles a un paso del banquillo en las declaraciones practicadas, las periciales acordadas, la documental que obra en el sumario y "de modo relevante" en la intervención de las comunicaciones a los imputados. Según explica, los audios interceptados "robustecen el acervo indiciario" contra todos ellos, algunos de los cuáles eran cargos de Acuamed.

Amaños millonarios

El auto recoge todas las obras bajo sospecha que ya enumeró la Fiscalía en su escrito por el que pedía procesar a 42 personas y que avanzó este medio. Entre dichas obras se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de cerro colorado al valle del Guadalentín en Murcia (que se adjudicó en 2013 por más de 9 millones de euros); las obras de la planta desaladora de La Redonda de Almería (2012); las laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia) o el proyecto de la planta desaladora de Torrevieja.

Se trata todos ellos de contratos públicos de Acuamed (empresa estatal creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) suscritos entre los años 2012 y 2015. Entre los imputados figuran exaltos cargos de la firma estatal Gabriela Mañueco (exdirectora de Ingeniería y Construcción); Juan García Cuenca (Dirección de Asesoría Jurídica); Carlos Anibarro (Administración y Finanzas) o Francisco Javier Gómez Pastor (Subdirector de Contratación).

Feria, fútbol e injertos capilares

Además de ellos el juez actúa contra cargos intermedios de Acuamed así como los responsables de las empresas contratistas que se adjudicaron estas obras. Estos últimos, a cambio, retribuyeron a los cargos públicos con viajes familiares dentro y fuera de España. En una ocasión se les llegó a obsequiar con entradas para la feria de Sevilla o incluso también para partidos de fútbol en el Bernabéu.

En otra ocasión, una de las empresas contratistas de Acuamed regaló a Arcadio Mateo, entonces director general, un viaje familiar a Turquía durante el mes de agosto de 2014 que volvió a repetir en noviembre de ese año para someterse a un implante capital de 4.500 euros.

El auto del magistrado sostiene que gracias a todos los documentos incautados en los registros domiciliarios y a las anotaciones personales de algunos imputados se ha constatado cómo se alteraron concursos para favorecer a empresarios amigos. El 'modus operandi' era muy parecido en todos los casos: se licitaban las obras públicas y se imponía el proveedor que suministraba el material, aunque no fuera la mejor oferta. 

En casi todas las adjudicaciones investigadas se imponía siempre una empresa de suministro de tuberías de la que era propietario Manuel Moreno. Eso mismo fue lo que ocurrió en un contrato firmado en 2013 entre la firma estatal y las Comunidades de Regantes de Lorca y Puerto Lumbreras para la distribución de agua en el Valle del Alto Guadalentín.

Empresarios amigos

La obra fue adjudicada a Sogeosa S.L en septiembre de 2012. La adjudicataria, en su oferta, presentó como empresa suministradora de la tubería a una tercera firma que había pasado el control y revisión de los responsables del contrato. Al igual que ocurriera previamente Arcadio Mateo ordenó de manera repentina cambiar de proveedor a favor de Jindalsaw, empresa de Moreno.

El magistrado recalca que, hasta ese momento, la firma era completamente desconocida para Acuamed y, aún conociendo que ofrecía menos garantías que la propuesta por la adjudicataria, se hizo el cambio. "La explicación a este inopinado cambio que favorecía los intereses económicos de Manuel Moreno se encuentra en los correos que se analizan en los informes policiales y que ponen de manifiesto la intervención del director general, dada su relación con Moreno y los beneficios económicos que éste le podía reportar", reza el auto.