Una investigación detalla cómo blanquea los orígenes de ETA una asociación subvencionada por el Gobierno

Una investigación a manos de los historiadores Gaizka Fernández Soldevilla y Santiago de Pablo revela algunos de los esfuerzos de la Sociedad Aranzadi, subvencionada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los autonómicos de País Vasco y Navarra, por blanquear los orígenes de ETA. Se trata del mismo colectivo que elaboró un polémico listado de "víctimas" en el País Vasco que incluía al etarra José Javier García Gaztelu, alias Txapote, junto al nombre de otros asesinados por la banda terrorista.

Bajo el título de Las raíces de un cáncer: Historia y memoria de la primera ETA (1959-1973), los historiadores Fernández Soldevilla y De Pablo abundan en el nacimiento de la banda terrorista, así como en algunos de los crímenes que marcaron la existencia de la organización durante sus primeros años de existencia.

El asesinato en 1968 del guardia civil José Antonio Pardines es uno de ellos. Fue la primera víctima mortal de la banda, cuando dio el alto a los etarras Txabi Echebarrieta e Iñaki Sarasketa, que viajaban a bordo de su vehículo. Los pistoleros abrieron fuego contra él y se dieron a la fuga, refugiándose después en Tolosa para esquivar a la Guardia Civil: Echebarrieta moriría en un tiroteo posterior, según apuntan los informes policiales, y Sarasketa sería detenido.

La investigación de Fernando Soldevilla y De Pablo detalla que, en junio de 2022, en un informe impulsado por la Sociedad Aranzadi y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos (UPV/EHU), el historiador Javier Buces anunció "el descubrimiento de documentación inédita" relacionada con el asesinato de Pardines.

"Sin embargo, no era cierto -aseguran los autores de Las raíces de un cáncer-: se trataba de las mismas fuentes que otros historiadores llevaban años utilizando. En verdad, lo único que este autor había hecho era releer aquellos documentos desde una óptica militante abertzale".

Y añaden: "Así, siguiendo el texto de Buces, el 7 de junio de 1968 José Antonio Pardines 'presuntamente' había interceptado a Echebarrieta y Sarasketa, que solo eran 'supuestos autores' de la 'muerte'. En cambio, lo de Echebarrieta había sido un 'asesinato a sangre fría'. 'Estamos ante la posibilidad de un delito de asesinato por ejecución extrajudicial cometido en el marco de una dictadura', concluía Buces, 'lo que pudiera ser calificado como un delito de lesa humanidad'. En consecuencia, recomendaba 'reconocer institucionalmente a Txabi Etxebarrieta como víctima de vulneraciones de Derechos Humanos'".

Los autores de esta investigación detallan que, al día siguiente, la portada de Gara afirmaba que “la autopsia ocultada confirma que la GC [Guardia Civil] remató a Etxebarrieta”: "En realidad, el informe forense jamás había sido ocultado ni confirmaba tal cosa. Como era habitual en aquella época, el documento simplemente indicaba la localización aproximada de las dos heridas de bala de Txabi Echebarrieta, un dato que ya era conocido".

La familia de Echebarrieta -indican en el libro- anunció que emplearía este informe para que el Gobierno vasco reconociese al etarra como víctima, lo que permitiría, además de una indemnización, que se celebrasen homenajes institucionales en torno a su figura.

El nacimiento de ETA

Como contó Vozpópuli, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de diferentes organismos de los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el de Ciencia e Innovación, le han inyectado subvenciones por valor de, al menos, 446.195,78 euros en cinco años. Además, diversas entidades públicas y navarras inyectaron fondos por valor de 831.194,93 euros en el mismo periodo de tiempo.

La obra también apunta las reflexiones de esta sociedad de ciencias en relación al nacimiento de ETA: "[En el año 2021, Aranzadi] publicó una obra "para demostrar, en palabras de Javier Buces, que “‘cuando ETA empezó a matar’, el Estado español franquista llevaba varios años ejerciendo una estrategia represora previamente definida contra este sector de la sociedad vasca [el nacionalismo], basada fundamentalmente en la persecución violenta del ‘vasco separatista’”.

Por consiguiente, concluyen Fernández Soldevilla y De Pablo, la responsabilidad última de los crímenes de la banda se transfería al “Estado”. “El choque entre ambas violencias en Euskal Herria a partir de los años 60 (la que ejercieron los poderes del Estado y la antifranquista) generó una situación de confrontación que desde entonces se ha dado en denominar conflicto vasco”.

El proceso de Burgos

Del mismo modo, los historiadores concluyen que "todavía hoy se siguen repitiendo algunos de los tópicos de la narrativa elaborada por ETA y su entorno en 1970". En este sentido detallan que en el año 2020, coincidiendo con el 50º aniversario del procedimiento, coincidieron la publicación del libro El proceso de Burgos. 50 años después, de Iñaki Egaña Sevilla, y la exposición “1970-2020. Proceso de Burgos: juicio al franquismo”, comisariada por Javier Buces Cabello, con el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la colaboración de la Sociedad Aranzadi y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos (UPV/EHU).

"Sintetizando las líneas maestras de esta visión, el proceso de Burgos habría sido uno de los puntos culminantes del secular “conflicto” entre invadidos vascos e invasores españoles. La dictadura habría intentado acabar con la nación vasca, uniformemente euskaldun y abertzale, por medio del genocidio lingüístico-cultural y de una represión sistemática, indiscriminada y sostenida. Sin embargo, a principios de los años sesenta habría resurgido la resistencia cuya punta de lanza sería ETA", apuntan los autores de la investigación.

Un relato que, a juicio de Fernández Soldevilla y De Pablo, construye "un mito heroico, casi martirial, conmovedor y fácilmente comprensible, que despierta las simpatías con los condenados a muerte y, por extensión, con la organización en la que militaban".

La polémica con 'Txapote'

Cabe recordar que la sociedad científica Aranzadi protagonizó una polémica en abril de 2023 cuando elaboró una base de datos para el ayuntamiento vizcaíno de Galdácano con los nombres y trayectorias de todos aquellos vecinos de la localidad que han sufrido “violaciones” de sus derechos fundamentales.

La base de datos recogía medio millar de casos, la mayoría de ellos derivados de “la represión ejercida por los golpistas y la dictadura, durante la Guerra del 36 y en un contexto de posguerra”, aunque también aludía a las “violaciones de derechos humanos a causa del conflicto político vasco”.

Bajo esta definición se incluía tanto a víctimas de ETA como a algunos de los miembros de la organización; entre ellos, Txapote. También al terrorista Jon Bienzobas Arretxe, que participó en el asesinato del magistrado Francisco Tomás y Valiente.

Los autores de la base de datos esgrimían que ambos etarras sufrieron una “política penitenciaria contraria a los estándares internacionales” y la “aplicación de leyes excepcionales”. Partidos políticos y asociaciones de víctimas denunciaron esta clasificación: desde las filas de Covite se denunció que la iniciativa "blanqueaba a ETA".

Un episodio que tampoco pasa desapercibido en el libro Las raíces de un cáncer. "A raíz de las críticas de los partidos democráticos, de las asociaciones de víctimas y de la historiografía académica, Aranzadi se ofreció a revisar y corregir las páginas web. Sin embargo, a la hora de cerrar la presente obra todavía se puede leer en la de Tolosa que Eduardo Osa fue 'detenido por dar cobijo en su domicilio a dos jóvenes que huían de la Guardia Civil', sin especificar por qué huían Txabi Echebarrieta y Iñaki Sarasketa. En la ficha de Echebarrieta se refleja que fue víctima de 'conculcación del derecho a la vida', pero no se menciona que él mismo le había conculcado ese derecho a José Antonio Pardines".