Anticorrupción mantiene malversación agravada en Acuamed: "Es patrimonio público"

Anticorrupción no va a modificar su acusación en el caso Acuamed. La Fiscalía ha presentado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional en el que insiste que se lleve al banquillo a los 42 investigados en este procedimiento penal por delitos, entre otros, de malversación en su modalidad más grave. Al respecto sostiene que actuaron en su condición de representantes públicos y que provocaron un daño muy grave al erario de una empresa de patrimonio público.

En este nuevo escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Anticorrupción se reitera en lo plasmado en su escrito del pasado noviembre, y avanzado por este Vozpópuli, en el que se solicitaba enviar al banquillo a más de 40 personas (incluido el exdirector general de la empresa) por falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y delito continuado de malversación en su modalidad agravada.

No obstante, a tenor de la entrada en vigor de la rebaja de la malversación, el Ministerio Público se vio obligado a estudiar de nuevo su petición de transformación en sumario (ya que el mismo exige penas de cárcel superiores a los 9 años). De hecho, desde la Audiencia Nacional se pidió que se analizase la solicitud ya que, de revisarse a la baja la acusación, se tendría que continuar por el trámite de procedimiento abreviado, debido a que conllevaría penas de cárcel menores.

La malversación de Acuamed

La Fiscalía, tras revisar su petición, decide mantener la malversación agravada, tal y como avanzó el diario El Confidencial. En su escrito sostiene que se debe mantener la formación de sumario y que la reforma que impulsó el Gobierno de Sánchez no les afecta. Al hilo recurre a doctrina del Tribunal Supremo para determinar que los conceptos de caudales públicos o de funcionario públicos a efectos penales "no están encorsetados por la estrictas etiquetas de otros ámbitos jurídicos".

Se trata de un criterio que la fiscal ya plasmó en su escrito de noviembre, teniendo en cuenta que el mismo se presentó toda vez que Moncloa había anunciado su intención de rebajar el castigo de la malversación para beneficiar a los condenados por el procés. Se incide en que se ha cometido desvío de fondos públicos porque Acuamed es una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en el momento en que ocurrieron lo hechos de Medio Ambiente).

"Las conductas que se atribuyen a los investigados podrían constituir actos de apropiación o distracción de patrimonio público hacia beneficios directos de carácter privado que integran la conducta más grave del delito de malversación, al sobrepasar actos de una administración desleal", explica Anticorrupción. Por ello el ente especifica que, después de la entrada en vigor de la reforma penal, la malversación agravada sigue conllevando un castigo de entre cuatro a ocho años de prisión.

Banquillo para 42 imputados

Así pues, tras siete años de procedimiento, el caso Acuamed enfila el camino al banquillo. Anticorrupción pide el procesamiento de 42 personas por el presunto amaño de más de una decena de contratos públicos suscritos de Acuamed entre 2012 y 2015 con empresas implicadas en la trama. Por ello actúan contra el exdirector general Arcadio Mateo y otros exaltos cargos tales como Gabriela Mañueco (exdirectora de Ingeniería y Construcción); Juan García Cuenca (Dirección de Asesoría Jurídica); Carlos Anibarro (Administración y Finanzas) o Francisco Javier Gómez Pastor (Subdirector de Contratación).

Integran la lista también cargos intermedios de Acuamed, así como contratistas que se beneficiaron de estas licitaciones. En su escrito de noviembre, la Fiscalía apuntó que algunos de ellos fueron obsequiados con dádivas y viajes dentro y fuera de España, a cambio de favorecer las adjudicaciones. Muchos de estos millonario proyectos fueron a parar a una empresa de suministro de tuberías de la que era propietario Manuel Moreno.

Los acusados habrían impuesto al proveedor que tenía que suministrar el material, aunque no fuera la mejor oferta. Esto mismo ocurrió, por ejemplo, con la adjudicación de las obras de la planta desaladora de La Redonda de Almería (2012), en el ramal del Cañarico (Murcia) o en la dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado (Murcia); esta última adjudicada en mayo de 2013 por más de 9 millones de euros.