El retraso de la jubilación no cuaja: sólo un 5% de los trabajadores se retira con más de 65 años

En el año 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma de las pensiones con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público. El eje central del nuevo texto legal fue el aumento de la edad legal de jubilación desde los 65 años a los 67. Para provocar los mínimos inconvenientes en aquellas personas que se encontraban próximos a su retirada del mercado laboral el Ejecutivo acordó un periodo transitorio de quince años, durante el que se eleva la edad legal en unos meses cada ejercicio, así como el periodo mínimo de cotización exigible para cobrar una pensión.

En la actualidad, la edad legal de jubilación es de 65 años siempre y cuando el trabajador haya cotizado a la Seguridad Social 38 o más años. En caso contrario, tendrá que esperar a cumplir 66 años y seis meses.

En el año 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez, de la mano de José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, llevó a cabo una nueva reforma de las pensiones que incluyó dos tipos incentivos para aquellos trabajadores que decidieran retrasar de forma voluntaria su jubilación más allá de la edad legal: un porcentaje del 4% adicional sobre la cuantía de la pensión, percibir una cantidad a tanto alzado a abonar en un pago único, o combinar ambas posibilidades.

Solo el 4,9% de trabajadores demoraron su jubilación en 2023

Hay argumentos para pensar que las medidas se han quedado cortas o no han despertado excesivo interés entre los trabajadores. El primero de ellos, porque, aunque hay más gente que prolonga su vida laboral durante algunos años más, los números siguen siendo muy bajos. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el porcentaje de trabajadores del régimen general que demora su jubilación más allá de la edad legal apenas representó en 2023 el 4,9% del total: 13.228 de un total de altas de 268.369.

Es cierto que en 2015 ese dato fue la mitad, pero está muy lejos de las previsiones que se hicieron los políticos con la penúltima reforma de las pensiones. En el régimen de trabajadores autónomos el alargamiento de la vida laboral tiene más seguidores. En concreto, la jubilación demorada supuso el 23,8% del número total, después de subir diez puntos porcentuales desde el 13,8%. En los dos primeros meses de 2024 ha subido al 29,3%.

El otro argumento es que el actual Gobierno de Pedro Sánchez está preparando una nueva reforma de la llamada jubilación activa, una modalidad que permite compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación con el salario percibido en el trabajo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz ha propuesto a los agentes sociales un nuevo marco regulador en el que plantea que, tras un año de demora de la edad legal de jubilación, el salario laboral sea compatible con la percepción del 30% de la pensión. Con dos años, se podría percibir el 40%; con tres, el 50%; con cuatro, el 75%, y con cinco, el 100%. Es un claro reconocimiento de que las condiciones actuales de incentivos son escasas y no tienen atractivo alguno para los trabajadores.

Las razones pueden residir en que un trabajador con un salario alto y una extensa carrera laboral de muchos años de cotizaciones, al llegar la edad de jubilación no tiene dudas: poner fin a la actividad laboral y cobrar la pensión máxima. En el caso de situaciones inversas, salarios bajos y poco años de cotización a la Seguridad Social, prolongar la vida laboral tiene más lógica.

En el año 2018, el número de altas iniciales de jubilación fue de 328.159 en el conjunto del sistema público de pensiones, pero apenas 14.806 (el 4,55) correspondieron a jubilaciones demoradas. En 2021, con la puesta en marcha del sistema de incentivos, las jubilaciones demoradas alcanzaron las 15.250, para un total de 316.156, un 4,8% del total.

Quienes cotizaron mucho prefieren jubilarse y cobrar la pensión máxima

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el pasado año, las altas de jubilación en el conjunto del sistema público de pensiones ascendieron a 326.949, algo menos que en el ejercicio anterior. De ellas, 26.487 tuvieron el calificativo de demoradas, 214.822 (el 65,7% del total) corresponden a jubilaciones con edad ordinaria y, sorprendentemente, 112.032 (el 34,3%), a retiros anticipados.

¿A qué edad se jubilan los españoles? En el año 2023, a los 65 años, por debajo de los 66 años y cuatro meses que exige el periodo transitorio que estará en vigor hasta el año 2027 para retrasar la edad de jubilación. Las jubilaciones anticipadas llegan de media a los 63,2 años; las jubilaciones ordinarias, a los 66 años, y las demoradas a los 67,9.

Hay muchas diferencias entre la jubilación en el régimen general y en el de autónomos. En el primero de los casos, el más numeroso, el 62,4% de los trabajadores se jubila a la edad legal (el 4,9% con jubilación demorada) y el 37,6%, anticipadamente. Los que optan por esta última opción tenían en 2023 las pensiones más altas: de media, 1.803 euros, frente a 1.406 euros para la edad legal y 1.772 para quienes demoran su alta.

En el régimen de trabajadores autónomos todo es diferente. El porcentaje de jubilaciones anticipada es mínimo, el 15,8% en 2023. El 85% de los trabajadores por cuenta propia se jubila con la edad reglamentaria, y de ellos, casi un 24%, después de demorar su salida del mercado. Las pensiones medias bajan mucho en relación a las del régimen general: 1.149 euros mensuales para quienes la anticipan; 896 euros para los que se van con la edad legal y 908 euros para quienes la demoran.