Gobierno y sindicatos guardan silencio sobre el ERE de 5.000 trabajadores de Telefónica

Silencio en el Gobierno y en los sindicatos sobre el ERE de hasta 5.000 trabajadores que prepara Telefónica. De salir en tromba en septiembre cuando Arabia Saudí comunicó a la CNMV su compra de participaciones en la empresa española al mutismo absoluto con los despidos colectivos de una empresa en beneficios. Una empresa en la que además el Ejecutivo ha anunciado su intención de entrar a través de la SEPI, operación que este ERE puede abaratar. Y que se produce cuando Yolanda Díaz prepara una reforma para endurecer el despido.

Esta reserva del Ejecutivo con el ERE de Telefónica contrasta con la polémica que ha creado respecto a la reforma del subsidio de desempleo que enfrenta a Economía y Trabajo.

Vozpópuli ha preguntado al Ministerio de Trabajo por estos despidos colectivos, pero no ha obtenido respuesta. Las centrales sindicales sólo han hecho declaraciones aisladas sobre el ERE, pocas y centradas en lo que prevén que contenga, pero no han cuestionado el Expediente.

El proceso de resolución del ERE tiene un plazo mínimo de un mes desde la constitución de las mesas de negociación con Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, lo que se estima que acabe a partir del 31 de diciembre. Una entrada de la SEPI antes de que finalice sería problemática porque podría interpretarse que contribuye a financiar los despidos.

Sin embargo, el que se produzca a su término puede hacer la operación más atractiva. Según publicó El Confidencial y el Gobierno no ha desmentido, la SEPI podría alcanzar el 5% del capital, una participación valorada en el entorno de los 1.000 millones de euros.

Trabajo promovió una reforma por la que recuperó el control estatal sobre las causas del ERE, con lo que la Inspección de Trabajo deberá constatar que la documentación presentada se ajusta a las causas expuestas por la empresa. Una reforma que otorga competencias a la Administración sobre los despidos colectivos que el PSOE pactó con Bildu y enfureció a la patronal por modificar la reforma laboral por la puerta de atrás que en este caso puede colocar a la Inspección en una situación comprometida.

Los cálculos que se hacen sobre el número de afectados se basan en que si el ERE incluye a los trabajadores nacidos en 1968 ascendería a 2.500 empleados y si se extiende también a los de 1969 llegaría a 5.000. No parece que las salidas vayan a ser voluntarias.

Se trata del primer ERE en la empresa desde el de 2011, que afectó a 6.800 personas. Tras la polémica suscitada entonces, la compañía abandonó los despidos colectivos y optó por los conocidos como planes de salidas incentivadas, a los que se han acogido 11.300 trabajadores desde 2016.

El ERE de 2011 originó la llamada enmienda Telefónica, por la que las empresas con beneficios y más de 500 empleados deben sufragar el coste de las prestaciones públicas por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal en caso de ERE.

El retiro de 'oro' de los empleados de Telefónica

Las condiciones de las que disfrutan los empleados del operador de telecomunicaciones que han decidido adherirse a los planes de bajas incentivadas o PSI (Planes de Suspensión Individual) son inéditas entre las grandes empresas españolas.

Los trabajadores que se han sumado a los PSI han disfrutado, a cargo de la empresa, de casi el 70% de su salario mensual hasta los 65 años. Además, Telefónica cotiza por ellos a la Seguridad Social y sufraga el seguro médico privado, entre otras cosas.

Los trabajadores adheridos a los planes de bajas incentivadas pueden continuar trabajando, siempre y cuando lo hagan en un sector y empresa que no sea competencia del gigante azul de las comunicaciones.

En cuanto a la dimensión de la plantilla, desde abril de 2016, momento en el que José María Álvarez-Pallete se hizo con la presidencia de Telefónica, la plantilla se ha reducido a la mitad. Entonces, la masa salarial estaba conformada por 33.440 personas. En la actualidad, a la espera del cierre de 2023, el operador cuenta con cerca de 16.000 efectivos. En 2022 cerró con poco más de 21.000 trabajadores.