CEOE amenaza con romper con el Gobierno por cambiar la reforma laboral con Bildu

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, advirtió en diciembre de 2021 que si el Gobierno permitía que sus socios tocaran "una coma" de la reforma laboral que acaban de reformar los agentes sociales, se levantaba de la mesa y suspendía su aval a la reforma. Pues bien, esto se acaba de producir un año más tarde, no en el propio Decreto de la reforma laboral, como entonces pretendían los socios de Pedro Sánchez, sino en una enmienda en la Ley de Empleo que han pactado el PSOE y Bildu que devuelve el control estatal sobre los ERE, lo que ha soliviantado a la patronal, que ha remitido un comunicado en el que asegura que "el Ministerio de Trabajo queda "invalidado como interlocutor fiable" y lo tacha de "tramposo".

"Los empresarios españoles consideramos que la enmienda transaccional aprobada por el Ministerio de Trabajo para reponer el control de las causas en los despidos colectivos (ERE) es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral", advierte CEOE en un comunicado.

En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una "ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable", denuncia.

E insiste: "A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe".

A juicio de la patronal, esta modificación que tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea, que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 21 de diciembre de 2016.

A la espera de ver el alcance de este plante al Gobierno y de si se produce una ruptura definitiva de la mesa de diálogo social, el comunicado detalla que "estas cuestiones, dada su urgencia, serán tratadas a nivel interno en la Junta Directiva de CEOE del próximo 21 de diciembre".

Fuentes de la patronal apuntan que en todo caso no se trataría de un levantarse de la mesa motu proprio sino de una ruptura de la mesa por parte del interlocutor que tienes enfrente, que de momento afecta al ámbito de Trabajo.

La enmienda

La Inspección de Trabajo deberá elaborar un informe sobre cada expediente de regulación de empleo (ERE) en el que constate la concurrencia de las causas especificadas por la empresa para alegar el despido colectivo. Esta medida, incluida en una enmienda de Bildu acordada con el Gobierno en la Ley de Empleo, dará a la Inspección de Trabajo "un papel decisorio en la supervisión y el control de los despidos colectivos para que obedezcan a causas objetivas", según subraya Bildu en una nota.

La enmienda transaccional aprobada recoge que la autoridad laboral recabará "con carácter preceptivo" el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá ser evaluado en quince días desde la notificación de la finalización del periodo de consultas para incorporarlo al procedimiento.

"El informe de la Inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir", detalla la enmienda.

La Inspección de Trabajo, por tanto, "evaluará y emitirá su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo, aportando así una medida de protección laboral capital para los trabajadores y trabajadoras frente a las empresas", destaca Bildu.

Este cambio, que se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, no supone una recuperación de la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012 sino un mayor papel de la Inspección en el control de estos despidos colectivos, según la formación separatista.

La autorización administrativa previa se recuperó durante la pandemia para los ERTE por fuerza mayor. Este control lo venía intentando recuperar Yolanda Díaz incluso en el plan de inspección de 2022.