Este verano se cumple un año de la puesta en marcha del fondo de rescate de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno puso en marcha este vehículo dotado con 10.000 millones para recapitalizar empresas ‘sanas’ que se han visto gravemente afectadas por la pandemia. Un año después, la entidad y el Gobierno apenas han aprobado cuatro rescates y el número de solicitudes no para de crecer.

En concreto, el Consejo Gestor de la SEPI y el Consejo de Ministros han dado luz verde a los rescates de Air Europa (475 millones), Duro Felguera (120 millones), Ávoris-Halcón Viajes (320 millones) y Plus Ultra (53 millones). Hace días el consejo también aprobó la solicitud de Tubos Reunidos (112,8 millones), que previsiblemente recibirá el sí del Gobierno en breve.

Aunque las solicitudes que se han hecho públicas superan la treintena, fuentes del mercado cifran en medio centenar el número de compañías que se han interesado por los fondos de la SEPI.

Los criterios a la hora de rescatar empresas no han estado exentos de polémica tal y como ha quedado patente con el caso Plus Ultra. La aerolínea está en el punto de mira por sus vínculos con Venezuela y su cuestionado carácter estratégico, tal y como ha desvelado este diario en los últimos meses. El rescate también ha puesto en jaque al propio Gobierno, que mintió diciendo que no había opinado sobre el rescate, cuando sí lo hizo a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), como también publicó Vozpópuli.

Las dudas en torno a este rescate son tantas que el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid tiene abierta una investigación sobre el caso que salpica a la cúpula de la SEPI. No obstante, aunque los rescates son aprobados por el Consejo Gestor de la entidad, el reglamento del fondo establece que todas las solicitudes serán previamente analizadas por asesores externos, uno jurídico y otro financiero.

En el caso de Plus Ultra, los asesores fueron Deloitte y DC Advisory, aunque los contratos no están publicados en la Plataforma de Contratación Pública. En sus informes, los asesores analizan y plantean escenarios, pero no se manifiestan de forma taxativa sobre la conveniencia o no de conceder el rescate. Pero eso ha cambiado.

Y es que como desveló Vozpópuli, la SEPI ha decidido obligar a los asesores a que se ‘mojen’. A partir de ahora, sus informes (tanto jurídicos como financieros) deben incluir una suerte de anexo en el que se pronuncien claramente de forma favorable a desfavorable a la concesión del rescate.

Según explican las fuentes consultadas por este diario, la SEPI ha diseñado dos anexos muy similares, uno para los informes favorables y otro para los desfavorables. Estos documentos se deben presentar junto con el informe completo.

La entidad pública también ha pedido a los asesores que cuando los informes sean desfavorables se detalle qué puntos exactos de los establecidos en la orden que regula el funcionamiento del fondo son los que se incumplen.

Guerra de precios de los asesores

Las mismas fuentes consideran que la decisión de la SEPI no solo ayudará a acelerar la concesión de rescates, sino que también servirá para ‘repartir’ las posibles responsabilidades que se puedan derivar de la aprobación de los rescates espinosos.

No obstante, por ahora el reparto de trabajo entre los asesores no es que haya sido especialmente amplio. El 'pool' de asesores externo, constituido por 40 despachos de abogados y firmas financieras, se ha embarcado en una silenciosa guerra de precios que ha generado un importante malestar.

Para cada rescate, la SEPI licita un contrato de asesoramiento financiero y otro jurídico y fija un precio máximo para cada uno de ellos. A partir de ahí, los asesores presentan sus candidaturas y el Consejo Gestor elige el precio más competitivo. Aunque rebajar los precios no es algo inusual en este tipo de procesos, los datos de la Plataforma de Contratación Pública desvelan descuentos de entre el 60% y el 70% para hacerse con los contratos, algo insostenible para muchas firmas, que no han dado su brazo a torcer y mantienen precios altos.

Las empresas tocan las puertas de la SEPI

Estas son algunas de las empresas que ha trascendido su interés en acceder a los fondos de la SEPI:

Naviera Armas: 120 millones.

Tubos Reunidos: 112,8 millones. Aprobado por la SEPI.

Ávoris y Halcón Viajes: 320 millones. Aprobado por la SEPI y el Consejo de Minsitros.

Air Europa: 475 millones. Aprobado por la SEPI y el Consejo de Ministros.

Grupo Abades

Petit Palace Hoteles

Duro Felguera: 120 millones. Aprobado por la SEPI y el Consejo de Ministros.

Airtificial: 30 millones.

Wamos: 75 millones.

Celsa: 550 millones

Serhs: 28 millones.

Rugui Steel: 25 millones.

Holmes Places: 26,5 millones.

Plus Ultra: 53 millones.

Losán: 35 millones.

Eurodivisas: 35 millones.

Pangea: 25 millones.

Grupo Juliá: 37,4 millones.

Hijos de J. Barreras: 30 millones.

Hotusa: 320 millones.

Selenta: 50 millones.

Room Mate: 52 millones.

Soho Hotels: 30 millones.

Farggi-La Menorquina: 69,7 millones.

Mediterránea Catering: 40 millones.

Sidenor: 30 millones.

Grupo Hoteles Playa (Senator): 50 millones.

Hesperia: 55 millones.

Air Nostrum: 103 millones.

Grupo Villar Mir: 240 millones.

Abba Hoteles: 30,9 millones.

Vector Ronda: 26,5 millones.

Abengoa: 249 millones.