La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la entidad pública a través de la cual el Gobierno gestiona los rescates de empresas, quiere que los asesores externos del fondo de 10.000 millones de euros se pronuncien en sus informes de forma clara sobre la pertinencia o no de conceder el rescate a las empresas que soliciten fondos.

Los asesores, tanto jurídicos como financieros, son los encargados de analizar las solicitudes de rescate y evaluar que las empresas cumplen con los requisitos necesarios para poder acceder a los fondos: carácter de empresa estratégica, que sus pérdidas sean provocadas por la pandemia, que cuenten con un plan de viabilidad realista... etc. Hasta ahora, no existía ninguna indicación de cómo se debían presentan estos informes y sus conclusiones o si se debía usar un formato concreto.

Según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, ahora la SEPI ha pedido a los asesores que añadan a sus informes una suerte de anexo que funcione a modo de resumen ejecutivo con las conclusiones de su análisis. En este informe ‘extra’, los asesores deben dejar claro si se muestran favorables o no a la concesión del rescate: ya no valen las posiciones intermedias. Los informes dejarán claro si informan favorable o desfavorablemente sobre los rescates y la homogeneización en la presentación de las conclusiones también servirá para agilizar la concesión de rescates.

No obstante, cabe recordar que la decisión final corresponde al Consejo Gestor de la SEPI que a su vez luego debe ser sancionada por el Consejo de Ministros. A pocas semanas de cumplirse un año de la constitución del fondo, el Gobierno solo ha aprobado cuatro rescates: Air Europa (475 millones), Ávoris y Halcón Viajes (320 millones), Duro Felguera (120 millones) y Plus Ultra (53 millones). En total, ha gastado 968 millones de los 10.000 millones con los que está dotado el fondo.

Decenas de expedientes pendientes

Los expedientes pendientes de estudio superan la treintena. Algunas de las compañías que han solicitado auxilio al fondo y están pendientes de recibir luz verde son: Tubos Reunidos (115 millones), Abengoa (249 millones), Wamos (75 millones), Celsa (unos 700 millones), Hesperia (55), Room Mate (52), Hotusa (320), Soho (32) y Serhs (35), Juliá (37), Air Nostrum (103), Naviera Armas (alrededor de 100 millones), Artificial (30 millones) o el Grupo Villar Mir (240 millones), entre otras.

Preguntada por este asunto, la entidad pública señala a este diario que “la SEPI está permanentemente inmersa en un proceso de mejora de los procedimientos, con el fin de que el otorgamiento de las ayudas previstas en el Fondo de Apoyo a la Solvencia sea más ágil y, al mismo tiempo, más fácil de gestionar por las empresas, para la propia SEPI y para el Consejo Gestor. En este contexto, la homogeneización de modelos y normalización responde a estos objetivos”.

Las fuentes consultadas por este diario señalan que esta decisión añade un 'plus' de responsabilidad a los asesores, que tendrán que 'mojarse' de forma clara sobre los rescates que analicen, con todo lo que ello conlleva en materia de responsabilidades.

La decisión de la entidad pública se produce después de que estallase el caso Plus Ultra, que ya está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que también ha puesto bajo la lupa el papel de Deloitte y DC Advisory como asesores del proceso.