Operación Telefónica: Moncloa explora un "decreto abusivo" para que no descarrile el asalto

No lo tienen claro ni en Moncloa y así lo admiten fuentes internas: el asalto a Telefónica tiene un encaje muy difícil sin los nuevos Presupuestos Generales del Estado. "Poder se puede, lo hemos hecho otras veces", confían en el equipo presidencial, conscientes del contratiempo, del 'marrón' que les ha dejado Pedro Sánchez con su espantada presupuestaria.

El líder socialista tiró la toalla el pasado 13 de marzo, inmediatamente después de que Pere Aragonès convocara elecciones en Cataluña. Ni siquiera se atreverá a presentar las cuentas en el Parlamento, como manda la Constitución, para evitar otro bochorno por falta de apoyos. Quedan en la basura los trabajos preparatorios que se venían realizando desde hace semanas en Hacienda. En la Dirección General de Presupuestos -lo cuentan fuentes cercanas- ya se estaba trabajando en ello.

"Es bastante vergonzoso. No se puede renunciar a presentar siquiera unos Presupuestos por temor a que no te los vayan a aprobar. La prórroga siempre debe ser algo excepcional", lamenta una alta funcionaria que ha 'cocinado' muchas cuentas estatales. "Lo lógico, lo obligatorio, es presentarlos, aunque sea en junio y aunque te los tumben. Es un timo poner las elecciones autonómicas como excusa".

La hemeroteca muestra ejemplos claros de "excepción". José María Aznar renunció a presentarlos cuando llegó al poder en 1996. Había que hacer un severo ajuste, en vista de que España no cumplía ni un solo requisito del Tratado de Maastricht a las puertas del estreno del euro (1998). Hay otro ejemplo muy reciente. La pandemia se llevó por delante cualquier intento de sacar adelante unos Presupuestos en 2020. Se gobernó con los de 2018, elaborados por Cristóbal Montoro, que se aplicaron también en 2019, cuando los españoles tuvieron que pasar dos veces por las urnas (abril y noviembre).

"El problema no es tanto la falta de Presupuestos, sino la causa que impide tenerlos", reflexiona otro experimentado funcionario de Hacienda. El motivo es conocido, pero lo recuerda: "Sufrimos una situación política extremadamente inestable". La debilidad parlamentaria de Sánchez convertirá la legislatura en un caos, donde costará horrores sacar adelante cualquier iniciativa. "Esto va a peor, yo no he visto este nivel de tensión en mi vida, y he visto muchas sesiones broncas", confiesa un conocido ex diputado.

En este contexto, la acción de Gobierno será en una pesadilla. Y la operación Telefónica se alza como un símbolo de las enormes trabas que tendrá Sánchez para sacar adelante cualquier iniciativa prevista. El pasado diciembre, el Consejo de Ministros dio la orden a la SEPI de adquirir este año hasta un 10% del capital de Telefónica. Nadie contaba entonces en Moncloa con que el Ejecutivo carecería de unos nuevos Presupuestos, donde cargar los 2.000 millones que cuestan las acciones.

Alternativas para 'asaltar' Telefónica

El escenario que se abre para el Gobierno es endiablado. La SEPI no puede liderar una operacion de tal calibre por distintas razones. Ya carga con una deuda muy elevada: 3.000 millones al cierre de 2022, diez veces superior a la que tenía hace sólo seis años. Y su capacidad para endeudarse sin 'permiso' de Hacienda es muy limitada: 320 millones, según la cantidad adjudicada en los Presupuestos de 2023. Antes de convocarse las elecciones catalanas, se barajaba el plan de pedir un crédito bancario y devolverlo en junio, cuando estuvieran aprobadas las nuevas cuentas. Esta vía está cerrada, por motivos obvios. Y no hay muchas más.

La factura de la operación es tan elevada que el Gobierno no puede usar remanentes de los Presupuestos anteriores. Por la misma razón, se descarta que la SEPI pueda realizar una emisión de deuda. Hay otra alternativa y también es harto complicada. "No les queda más remedio que tirar del 'decretazo'. Y en todo caso será un real decreto abusivo", advierte la mencionada alta funcionaria.

El duro calificativo estaría justificado por una razón. Sánchez no podrá alegar "urgencia" para aprobar por decreto la entrada en Telefónica, habida cuenta de que el Gobierno tiene mecanismos suficientes para posponer la entrada de la saudí STC en el accionariado. Por tanto, si Moncloa cuela la operación en un real decreto similar al 'anticrisis' (pendiente de convalidación), será a cambio de nuevas concesiones a sus socios parlamentarios, insaciables y sabedores de que el Ejecutivo hará el ridículo ante los mercados si el 'asalto' a Telefónica encalla.

"El problema ya no son solo las nuevas demandas de los socios, sino las hipotecas previas que aún no se han pagado", añade el mencionado funcionario de Hacienda. "Todos aprovecharán para introducir nuevas enmiendas y reclamar que cumplas lo que está pendiente".

La vía del "decreto abusivo", por tanto, también tiene tintes de calvario. La misma razón que impide sacar los Presupuestos es exactamente la misma que puede limitar la entrada en Telefónica. De ahí que Moncloa examine al milímetro la paleta de opciones.

Una de ellas la avanzó Vozpópuli y consistiría en hacer pequeñas compras de aquí al verano, con el fin de acaparar, al menos, cerca del 3% del capital. Todo con tal de salvar mínimamente la cara. La factura es más baja, pero el Ejecutivo aún no tiene claro cómo financiarla, dado que la Sepi apenas tiene margen (los 320 millones citados). Hay analistas que ya han advertido de la posibilidad de que el Gobierno tire temporalmente de la liquidez extra que proporcionan al Tesoro los fondos europeos sin gastar.

Hay una última opción, mucho más imaginativa y, por tanto, muy poco probable. El Ejecutivo podría hacer caja soltando lastre en CaixaBank y vender el paquete de acciones del Frob (17,3%), valorado en cerca de 6.000 millones. Más que una hipótesis, es una quimera, dado que el Estado apenas ha recuperado 4.500 millones de los 24.000 millones que inyectó en Bankia.

Otros planes con dificultades

Por si fuera poco, el tropiezo de los Prespuestos también dificultará otros planes previstos en el terreno económico. La creación de la nueva Comisión de la Energía es uno de ellos. Nacerá tras la escisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha generado polémica desde el inicio, por la enorme influencia que ganará sobre el sector la ministra del ramo, Teresa Ribera, y su marido, Mariano Bacigalupo.

La Comisión es un organismo de nueva creación y requeriría, en teoría, su propia partida presupuestaria, con la que financiar -entre otras cosas- los sueldos del consejo de administración. El objetivo del Gobierno era tener lista antes del final de año, por lo que podría reorganizar partidas prorrogadas del Ministerio de Transición Ecológica, que sirvan de fuente de financiación.

En cualquier caso, el Ejecutivo siempre podría dejar correr el reloj y aguardar a los inicios de 2025. No hay tanta prisa como en Telefónica, que está en el foco de los inversores y cuyo avance en Bolsa puede engordar aún más la factura que el Estado debe abonar.