Ribera cita a la presidenta de la CNMC para activar la Comisión que controlará a las energéticas

La creación de la Comisión Nacional de Energía es un asunto que el Gobierno quiere tramitar por la vía rápida. Así lo evidencia la reunión de urgencia entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, Cani Fernández. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar recoge la recuperación de este extinto organismo que servirá, sobre todo, para controlar cada movimiento de las grandes compañías energéticas. 

Teresa Ribera es una de las grandes partidarias de recuperar la Comisión Nacional de Energía, un organismo en el que su marido Mariano Bacigalupo -hoy en la CNMV, antes en la CNMC- tuvo mucho peso en su consejo durante seis años. Por su parte, Cani Fernández no es partidaria de trocear de nuevo su organismo regulador y confiaba en la defensa de su ‘valedora’, Nadia Calviño, para frenar este compromiso. Pero Calviño está ahora en Luxemburgo y Ribera tiene vía libre para poner en marcha la Comisión. 

La reunión, según informan fuentes conocedoras a Vozpópuli, se produjo el pasado 11 de enero. Ribera y Fernández debatieron las bases de este organismo. Se pretende arrancar el debate político y los trámites parlamentarios para que pueda ser una realidad en torno al mes de octubre. El Ministerio ha preferido no hacer comentarios a Vozpópuli sobre este encuentro, aunque en el registro de transparencia del organismo queda registrado la asistencia ese jueves de Cani Fernández a la intervención pública de Teresa Ribera en el Forum Europa. 

Preguntadas a este respecto, las fuentes oficiales de la CNMC han asegurado: "Tras el anuncio del Presidente del gobierno en su discurso de investidura, la CNMC ha mantenido reuniones de coordinación en aras a posibilitar, de modo ordenado, las decisiones que adopten las instituciones que tienen competencia para realizar los cambios anunciados".

Una prioridad para Moncloa

Las prisas llegan porque las elecciones autonómicas y europeas serán una distracción añadida para un acuerdo en el que, como insisten las mismas fuentes, todos los aliados de PSOE y Sumar estarían a favor. Cani Fernández mantuvo una reunión el pasado 8 de enero, el primer día laborable oficial tras las vacaciones navideñas, con el sustituto de Nadia Calviño. La presidenta de la CNMC pudo abordar con Carlos Cuerpo, otra persona del entorno de Calviño, una decisión que no comparte. 

Cuerpo, que todavía no se ha pronunciado sobre este asunto, podrá defender a Cani Fernández ‘sólo’ desde el Ministerio de Economía, ya que no cuenta con la fuerza de la vicepresidencia primera del Gobierno que ocupaba su predecesora. Ribera no sólo es ahora una de las figuras con mayor autoridad de este Gobierno, sino que ha logrado este año un ascenso en la ejecutiva del PSOE. Es decir, el debate entre ambas partes para la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Energía está desequilibrado a favor de sus valedores. 

¿Qué importancia tiene esta Comisión? 

Los defensores de volver a 2013, donde la ‘CNE’ y los otros seis reguladores existentes se agruparon en la CNMC, no sólo están en el Gobierno. Son muchos los técnicos, consejeros y exconsejeros de la CNMC que aseguran que, al igual que en muchos países de Europa, la tarea de reguladores especializados es más efectiva que la de un ‘superregulador’. 

“No es casualidad que todos los reguladores sectoriales se opusieron en su día a la integración y que hoy la CNMC defienda el modelo integrado”, defendía en una publicación en la red social Linkedin el propio Mariano Bacigalupo, exconsejero de la CNMC y marido de Teresa Ribera. Una publicación que logró el aplauso de algún consejero actual, como el propio Xabier Ormaetxea. Por lo tanto, Cani Fernández cuenta con discrepancias internas sobre este asunto. 
Las energéticas también consideran que recuperar la CNE es una forma de dar la importancia regulatoria al sector, el problema es que consideran que no servirá para mejorar la regulación, sino para aumentar el control. El acuerdo de PSOE y Sumar señalaba explícitamente que la nueva CNE reforzaría “las capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores”. Es decir, más ‘palo’ y menos ‘zanahoria’ para un sector estratégico para los planes del Gobierno.