Maniobras de asalto empresarial: Telefónica, La Caixa y el sueño de conquistar Repsol

"Pues ya que han arrancado, no deberían pararse. Podrían hacer algo parecido en Repsol, Endesa, Iberdrola y otras tantas". Lo propuso el 20 de diciembre la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. La diputada guipuzcoana aludía al anuncio de la entrada a lo grande de la SEPI en Telefónica, con la adquisición de hasta un 10% del capital. La opinión de Aizpurua, por muy descabellada que parezca, no es baladí, puesto que EH Bildu es uno de los partidos que sostienen a Pedro Sánchez en el Congreso.

La incursión progresiva del Estado en los círculos del poder económico y empresarial no es solo un deseo particular de Aizpurua. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también se felicitó por el desembarco en Telefónica. Antes de definirse la coalición, la líder de Sumar presionó para quedarse con la cartera de Industria e incluir en la misma el control de la SEPI, actualmente en manos de Hacienda. Ese ministerio pasó finalmente a manos del PSC. Pero las ambiciones de Díaz no han cambiado y distan poco de las que alberga el ala socialista de la coalición.

El PSOE de Sánchez es igualmente partidario de una mayor intervención estatal en la económica, algo factible sólo a través de la colonización de los centros de poder. En esa dirección avanzará el Gobierno en 2024. De momento, ya hay dos grandes empresas en el punto de mira. Y un deseo latente de influir, como se pueda, sobre otras compañías estratégicas para el país.

La 'nacionalización' de Telefónica

Telefónica es el objetivo inmediato en el horizonte. Ya no hay vuelta atrás: en los próximos meses, la SEPI irá adquiriendo acciones de la compañía que preside José María Álvarez-Pallete. Alcanzará o no el 10% en función de los pasos que dé STC, aspirante también a atesorar una participación similar. Si la compañía saudí se queda con el 5% que ya posee, la SEPI no se verá en la obligación de llegar al 10%.
El objetivo de Moncloa es quedar por encima de STC, con una participación que superará también a la del núcleo duro español (CaixaBank y BBVA). La operación dará al Gobierno un asiento en el consejo de administración, donde ya cuenta con otro aliado (Javier de Paz, próximo a Ferraz y nombrado por su conexión con José Luis Rodríguez Zapatero).
La operación, eso sí, tardará meses en materializarse. El esquema será similar al aplicado en el caso de Indra. En febrero de 2022, Moncloa también ordenó a la SEPI la compra de un 10% extra del capital y remodeló el consejo. El PSOE ejerce influencia directa en la estrategia de Indra a través de sus hombres en puestos clave, como Marc Murtra (presidente y procedente del PSC) o Miguel Sebastián (consejero y exministro con Zapatero).

El desembarco en Telefónica ampliará considerablemente la influencia gubernamental en el Ibex. El Estado ya ejerce su poder en cinco compañías del índice selectivo: Aena, Redeia (antigua Red Eléctrica), Enagás, Indra y CaixaBank (a través del Frob).

La Caixa, en el punto de mira

La Caixa será, a su pesar, otra gran empresa en el foco del Ejecutivo y sus socios. Este hecho tiene que ver directamente con el pacto de Gobierno alcanzado por Pedro Sánchez con Junts y ERC. El Estado ya es accionista de CaixaBank a través del Frob, con el 16% del accionariado. Tiene poder de influencia, pero limitado, en comparación con el principal propietario del capital, la Fundación La Caixa. Es esta institución el verdadero objeto de deseo, no de Moncloa, sino de los partidos independentistas que han dado la presidencia a Sánchez.

Como publicó Vozpópuli, en la mesa de negociación para pactar la investidura afloró una reivindicación de los soberanistas: ceder a la Generalitat la supervisión y la vigilancia de la Fundación. Esta facultad está actualmente en manos del Ministerio de Economía. Esa vía daría al Govern capacidad para influir en determinadas decisiones de un ente vital para Cataluña. La Fundación La Caixa, presidida por Isidro Fainé, es la propietaria de participaciones tan importantes como la de CaixaBank o la de Naturgy.

La petición está, por ahora, guardada en un cajón del Ministerio. Ello no implica que la entidad con más presencia en España vaya a quedar fuera del punto de mira de los socios catalanes del Gobierno. Al contrario, el pacto entre PSOE y Junts contempla impulsar mecanismos para facilitar el regreso a Cataluña de las empresas huidas tras el 1-O.

La presión sobre La Caixa y su entorno será máxima, por el poder simbólico que tendría un hipotético retorno de sus sedes a Barcelona (instaladas en Valencia y Palma desde el referéndum ilegal). Conscientes de que la vuelta generaría un efecto arrastre, tanto Junts como ERC moverán piezas para 'animar' a la entidad catalana. Y colgarse de paso el trofeo de cara a sus posibles votantes, en pleno año electoral.

Represalias sobre Repsol

Es complicado que el Estado entre en una compañía española del Ibex. Pero también es cierto que nadie habría apostado hace sólo unos meses a que la SEPI se convertiría en el principal accionista de Telefónica. La maniobra sobre la empresa de telecomunicaciones ha aumentado el nerviosismo en algunas compañías 'señaladas'. Los nombres de Repsol, Iberdrola y Telefónica han sonado como ejemplos (lo dijo a las claras Mertxe Aizpurua.

De las tres, Repsol ocupa el primer lugar de la lista de empresas que Moncloa tiene identificadas como 'poco amistosas'. El motivo es conocido: ninguna otra compañía ha mostrado con tanta claridad el malestar generalizado en el Ibex con la inseguridad jurídica provocada por el Gobierno. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, amenazó con paralizar inversiones en nuestro país.

El pasado 26 de diciembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció la apertura de un expediente sobre Repsol por un posible abuso de posición dominante en el mercado de hidrocarburos. La medida, centrada exclusivamente en la compañía, sin incluir a ningún rival más, fue interpretada en el sector como una clara represalia.

Tras el expediente hay quien ve la mano oculta de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cuyo marido (Mariano Bacigalupo) trabajaba hasta hace poco en la CNMC. Lo paradójico es que la investigación tiene que ver una decisión estratégica en beneficio de los consumidores (una campaña de descuentos). Casualidad o no, el expediente huele a venganza.