Volar los puentes

“La tiranía de un príncipe en una oligarquía no es tan peligrosa para el bienestar público como la apatía de un ciudadano en una democracia.” Montesquieu

En los últimos meses, son varias las cuestiones que han ido surgiendo y que exigen del ciudadano un estado de alarma que poco tiene que ver con el actual aprobado por el parlamento. Son ataques a los fundamentos de la democracia liberal, algunos directos, otros no tanto, camuflados en mayorías parlamentarias que, en el momento de su definición, no informaron nunca de sus intenciones.

Estamos tan acostumbrados a la mentira, son tantas las ocasiones en que ha ocurrido, que no causa ninguna sorpresa ni escándalo que el presidente del Gobierno lo haga en sede parlamentaria. En Perjurio relataba algunas de ellas, como situarnos en el top diez mundial de pruebas PCR citando un informe que se sabía erróneo de la OCDE, o informes inexistentes de universidades para salvar la cara de una gestión que es la peor del mundo desarrollado en relación con el coronavirus. Puede parecer irrelevante, pero perder el respeto a las cámaras, la sede de la soberanía popular, donde los parlamentarios se dirigen a los españoles a través de sus representantes, constituye un ataque directo a la democracia, algo inconcebible en cualquier democracia de corte anglosajón. Ese mismo Gobierno pretende combatir “la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”, mediante una orden ministerial que le faculta para decidir qué es verdad y qué no. Un ministerio de la verdad donde los más estrechos colaboradores del presidente tendrán la posibilidad de ejercer la censura sobre los medios y sobre las redes, aunque, tal y como estamos viendo los usuarios, allí no tendrán mucho problema.

Evitar la presencia del Rey en la apertura del Año Judicial en Barcelona supone un acto de sumisión a las exigencias de las minorías independentistas, necesarias para sacar adelante los Presupuestos. Evidentemente, no había ninguna obligación legal de que el Rey, cuya agenda la decide el Ejecutivo, estuviese presente en el acto, pero la tradición, elemento importante en cualquier democracia, exigía su presencia. Precisamente por mi vocación republicana considero que son esenciales el respeto a la Constitución y a sus símbolos, y que existen formas de alcanzar un fin (la República) sin pervertir la democracia.

Si bien parece que la fuerza de la realidad ha apartado al presidente de su deseo de controlar al Consejo General del Poder Judicial, alentado por unos socios cuya única misión política es instaurar una República de corte bolivariano en España, como han señalado en multitud de ocasiones, la mera intención de someterlo al control del legislativo dice bastante del desprecio que tiene este gobierno de la división de poderes.

El control del Congreso

La situación derivada del estado es alarma es también preocupante. La constitucionalidad de prorrogarlo durante seis meses suscita enormes dudas entre muchos juristas, como el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que señalaba que cualquier limitación de derechos fundamentales "ha de interpretarse restrictivamente", al diluirse el control que debe ejercer el Congreso sobre el Gobierno. Más sorprendente que la decisión del Gobierno es el apoyo activo de Ciudadanos, y más aún el apoyo pasivo del principal partido de la oposición, cuya abstención ante la enorme afrenta al Estado de Derecho resulta inexplicable. El traspaso de funciones como el control de la movilidad en la CCAA es otra actuación que reviste enormes dudas, pues autores como el profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa consideran que se trata de competencias indelegables.

Hemos conocido en las últimas horas que Hacienda prepara una modificación en la reglamentación que permitirá a los inspectores presentarse sin avisar en el domicilio de los contribuyentes. Una versión fiscal de la patada en la puerta que nos coloca a todos en una situación de indefensión y, sobre todo, de sospecha permanente ante los ojos del fisco. Como señalan Gandarias y Pérez Pombo, “la entrada en el domicilio debe sujetarse a una probada necesidad, no a la conveniencia u oportunidad.” Y añaden que “conviene denunciar que esta práctica de iniciar las actuaciones dando una patada en la puerta del domicilio del contribuyente, aparte de que puede ser lesiva y antijurídica, como apunta el Tribunal Supremo, parte de una pervertida premisa conceptual, aunque tristemente extendida, consistente en presumir que todo el que declara menores ingresos que 'la media de su sector' es un potencial defraudador, como aquellos cuyo consumo de energía permitía inferir que su vivienda no era la habitual.”

Resulta preocupante que los responsables de la actual negociación negasen que fuesen a hacerlo, conscientes de la ignominia de llevarlo a cabo con los herederos de una banda terrorista

Tanto el presidente del Gobierno como su vicepresidenta primera como su ministra portavoz negaron de forma reiterada que fuesen a pactar con Bildu. Primero cedieron en la foto, cuando recogieron las reivindicaciones clásicas de los abertzales. Posteriormente, incumplieron la promesa pactando la derogación de la reforma laboral. La última, en la negociación de los Presupuestos, primero en septiembre pasado y ahora esta misma semana. En un marco de reflexión teórica, alguien podría pensar que no es descabellado hablar y pactar con cualquiera de los partidos que conforman el arco parlamentario; pero resulta muy preocupante que los responsables de la actual negociación negasen que fuesen a hacerlo, conscientes de la ignominia y la inmoralidad de llevarlo a cabo con quienes son los herederos políticos de una banda terrorista que segó la vida de más de 800 personas, una docena de ellas militantes de su partido.

La lengua oficial

Por último, pero no menos importante, la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), denominada 'ley Celáa' en honor a su impulsora, elimina el castellano como lengua vehicular del Estado, en una nueva cesión a los independentistas. Supone una transgresión clara de la Constitución española vigente, en concreto de su artículo 3.1, que señala claramente que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

Todas las opciones son válidas. No hay ningún problema en poner cada uno de estos temas encima de la mesa, siempre que los electores sean conscientes de qué están votando. Las dudas surgen cuando ninguna de las acciones señaladas (salvando las derivadas de la crisis del coronavirus, que, aun imprevistas, no dejan de suponer una amenaza para la libertad) se presentaron en el programa electoral del principal partido del Gobierno, que está llevando a cabo el derribo del consenso sobre el que se ha construido el periodo de paz más largo y el más próspero de la historia de España. Asistimos a la voladura del orden constitucional, con la connivencia de un Parlamento voluntariamente maniatado durante seis meses.