Caso Villarejo: el juez escucha este martes al compliance que puede salvar a Brufau

El caso Villarejo contará este martes con una declaración "fundamental" en la investigación por los contratos de Repsol y Caixa. La orden da Sala de lo Penal de reabrir esta pieza el caso Tándem llevaba acarreada la necesidad de practicar una serie de diligencias que no se acordaron cuando el magistrado archivó la causa para las compañías así como para Antonio Brufau e Isidro Fainé. La más relevante es la de escuchar en sede judicial al jefe de Compliance de la petrolera, Enrique Hernández, por ser el autor del informe interno que analizó supuestas irregularidades en la contratación de las empresas de Villarejo. El juez le ha citado para este martes 3 de mayo.

Además de Hernández, cuya comparecencia lleva pidiendo un año la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado Manuel García Castellón también ha citado como testigo al autor del informe de KPMG aportado por Repsol, Rafael Tejedor Bachiller, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Vozópuli. El objetivo es cumplir con las indicaciones de la Sala de la Penal, que el pasado mes de febrero ordenó al instructor volver a imputar a Brufau y Fainé por su presunta implicación en la contratación de Villarejo para el proyecto Wine.

Tras casi tres años de pesquisas, el juez al frente de esta macrocausa zanjó la investigación de estos hechos en septiembre de 2021. García Castellón cargó la responsabilidad del encargo de espionaje a los exjefes de Seguridad de Repsol (Rafael Araujo) y CaixaBank (Miguel Ángel Fernández Rancaño) y dejó fuera del procedimiento al resto de imputados hasta entonces, entre ellos el presidente de Repsol y de la Fundación la Caixa.

Contrato con Villarejo

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción recurrió su decisión al considerar que se habían quedado en el tintero diligencias determinantes para esclarecer de donde salieron las órdenes de contratar a José Manuel Villarejo para espiar al entorno del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. Entre ellas se encontraba tomar declaración al jefe del departamento de Cumplimiento Normativo de Repsol por su informe de 28 de diciembre de 2019 sobre los encargos al Grupo Cenyt.

La decisión de la Sala de reabrir las diligencias ha propiciado que ahora el magistrado le cite para escucharle en sede judicial. Su declaración es "fundamental" a juicio del Ministerio Público, pero también de algunos imputados. De hecho, el propio Rafael Araujo fue el primero en reclamar en abril del año pasado que se citara a Hernández para que explicase las conclusiones de su trabajo. Este antiguo policía amparó su petición en las lecturas erróneas que se estaban haciendo de su trabajo ya que la principal acusación entendió que Hernández implicaba a Brufau y Fainé en esta contratación de 2011.

Araujo explicó al juez que nada más lejos de la realidad. Según dijo, el informe nunca cargó la responsabilidad del contrato en los principales espadas de estas dos compañías, sino que se limitaba a precisar que la finalidad del encargo a Villarejo era conocer y analizar el acuerdo de Pemex y Sacyr para acceder al capital de Repsol, así como el posible impacto que esta asociación tendría para los negocios y activos de la multinacional.

Informe clave en la causa

El documento que sirvió a la Fiscalía para pedir la imputación de otros implicados en este contrato, concluyó que lo que se puso encima de la mesa en la Junta de Accionistas de la compañía el 31 de mayo de 2012 fue la necesidad de proteger el interés social de Repsol en caso de que Pemex y Sacyr consiguieran su objetivo.

Del mismo modo sus conclusiones sobre el proceso de contratación también enfrentaron a Fiscalía y acusados. Así, mientras Anticorrupción sostiene que se costearon los servicios de Villarejo al margen del sistema establecido en la petrolera, los imputados aseguran que el informe defiende que se cumplió la normativa.

El compliance es el principal responsable de supervisar los controles internos. Dar por buena su eficacia sin escucharle constituye un palmario cierre en falso

El tercer punto candente sobre el que se pronunciará el Chief Compliance es el relativo al pago de las facturas. La Fiscalía se interesará especialmente por el contenido de los conceptos de los abonos ya que sospecha que en los pagos girados a Cenyt desde Repsol y Caixa se ocultaron los verdaderos conceptos al tratarse de una contratación irregular. Los clientes de Villarejo defienden, por contra, que las descripciones eran genéricas deliberadamente para no dar pistas del contenido de estos encargos a personas ajenas a los mismos.

El temor a que Del Rivero lograra hacerse con un tercio del capital social de la petrolera llevó a estas empresas a contratar los servicios del agente encubierto, que impulsó el conocido como Proyecto Wine. Villarejo espió al empresario murciano y su familia; al entonces jefe de Seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez Vázquez y al exdirectivo de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo. La Fiscalía apunta a la ilegalidad del encargo en tanto se pincharon llamadas y se accedió a datos privados sin tener la autorización judicial para ello.

Las claves del compliance

Los principales imputados reconocieron en sede judicial la existencia del encargo e incluso el temor a que Sacyr consiguiera su objetivo, pero se desligaron de las prácticas de Villarejo. Isidro Fainé delegó en Repsol mientras que Brufau, por su parte, dijo que no tuvo conocimiento de los pormenores de este encargo que se gestionó en el departamento de Seguridad. Estas declaraciones unidas a las de los representantes legales de los dos entes llevaron al juez a concluir que Brufau y Fainé estaban al margen del proyecto. Según expuso, no tenían por qué saber lo que ocurría en el área de Seguridad la cual, además, cuenta con autonomía de contratación.

Sin embargo la Sala de lo Penal dio la razón a Anticorrupción y revocó su decisión indicando que había que tomar las declaraciones pendientes. En su recurso, la Fiscalía tildó de "inconcebible" que se zanjase la investigación seguida en esta pieza 21 del caso Tándem sin haber escuchado a Enrique Hernández en sede judicial. "El compliance officer es la persona directa y principalmente responsable de supervisar los controles internos. Dar por buena la eficacia de los modelos de compliance sin escuchar a los encargados del diseño constituye un palmario cierre en falso", denunció entonces la Fiscalía.

Por ese motivo el testimonio que aporte Hernández en sede judicial este martes será determinante para el futuro penal no solo de Repsol como persona jurídica sino también de Brufau ya que se le preguntará específicamente acerca de si los directivos de la compañía estaban al tanto de esta contratación por la que pagaron al Grupo Cenyt poco más de 413.600 euros.