Avances de calado en el caso Villarejo. Semanas después de tomar declaración a Antonio Brufau e Isidro Fainé por los encargos de Repsol y CaixaBank al comisario jubilado, ahora el magistrado da un paso más y cita como testigos a cinco altos cargos de la petrolera, entre los que se encuentran directivos del departamento de Seguridad y Auditoría. Lo hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual quiere comprobar los detalles de este encargo al policía tras constatar que los dos entes se habrían saltado su normativa interna en sus contrataciones con el Grupo Cenyt. 

El magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, no solo da luz verde a la petición de los fiscales sino también a la efectuada por Luis del Rivero (que figura en la causa como acusación popular) y reclamaba a Tesorería y Hacienda datos claves del entramado del empresario, de acuerdo con la nueva documental aportada a la causa a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

De este modo, la Fiscalía Anticorrupción pone ahora el foco en la responsabilidad penal que pudieron tener como personas jurídicas tanto Repsol y Caixa en la contratación del comisario para espiar de cerca a Luis del Rivero ante su intento de asalto al capital de la petrolera. Según sostiene el Ministerio Público, la propia compañía aportó a la causa un informe de Auditoría, Control y Riesgos que advierte que la contratación con el Grupo Cenyt en el año 2011 en el marco del proyecto Wine “se habría apartado de las normas internas”. 

El documento alerta que no deberían haberse fraccionado las tres facturas emitidas por Repsol a Cenyt entre los años 2011 y 2012 ya que se tendría que haber aprobado por la dirección corporativa. Sin embargo, al haberse dividido las cuantías, el gasto lo autorizó el entonces director de seguridad, Rafael Araujo. El también policía declaró en la causa en calidad de imputado que no hubo irregularidades en la contratación para espiar los movimientos de Luis del Rivero y que nunca sospecharon que Villarejo era un funcionario en activo dentro de la Policía. 

Contrato verbal y facturas falsas

Además, el documento que firma Isabel Moreno (una de las testigos citadas ahora por el instructor) recalca que tampoco se cumplió la normativa al adjudicar este servicio al Grupo Cenyt dado que no figuraba como proveedor en el sistema operativo y denuncia que se apartara de la gestión a la unidad de compras ya que, de esta forma, se omitió cualquier información sobre el entramado empresarial del agente de inteligencia. 

Con todo, los pagos del encargo que tenía por objeto investigar a Luis del Rivero en su intención por hacerse con el control de Repsol, también han sido cuestionados en CaixaBank. La entidad, que entonces presidía Isidro Fainé y que giró varias transferencias al entramado del comisario, aportó un informe de auditoría a la Audiencia Nacional que advertía también de “irregularidades” en el proceso. Según destaca, se apartaron de la norma interna ante la ausencia de contrato escrito y el hecho de que los conceptos de las facturas no describieran el verdadero servicio prestado.

Del Rivero y la operación Malaya

Con este caldo de cultivo la Fiscalía ha solicitado seis testificales clave antes de estrechar el cerco en las dos grandes del Ibex. Se trata, por un lado, de los responsables de estos dos informes de auditoría (Isabel Moreno Salas y a Rubén Benavent Aswani) además de Blas Pérez, Fernando Marco, Juan Carlos Corisco y Santiago Cuadro; miembros del departamento de Seguridad Corporativa de Repsol. Según explica Anticorrupción, todos ellos fueron entrevistados para el forensic elaborado por la petrolera ante la aparición de unos correos electrónicos en los que se habla del contrato con Villarejo y de que el foco estaba puesto en el entonces presidente de Sacyr.

Destaca una comunicación de febrero de 2012 enviada a los ahora testigos por Rafael Girona -exnúmero dos del departamento de Seguridad y también imputado en la causa- que tiene por protagonista a Del Rivero. También han encontrado en ordenadores corporativos otro documento de Cenyt que incluía información de sociedades familiares del empresario murciano, así como datos sobre la operación de corrupción urbanística Malaya en la que se le pretendía implicar, de acuerdo con el escrito de los fiscales que consideran que Villarejo vulneró los derechos del empresario al intervenir sus llamadas y espiar sus movimientos para este trabajo privado.

La doble compatibilidad de Villarejo

A falta de conocer la versión de los directivos, el juez también abre otra vía para aclarar si el comisario se valió de funcionarios públicos para sus espionajes o externalizó los servicios. Por ello ha requerido a la Tesorería General de la Seguridad Social y a Hacienda para que remitan el número de empleados de su entramado en aquellos años así como las operaciones con terceros que superasen los 3.000 euros. También pide las fuentes de prueba de la situación administrativa de Villarejo para aclarar si poseía o no la doble compatibilidad. Mientras el comisario sostiene que la cúpula de Interior y la Policía conocía sus negocios privados, los investigadores rechazan que estuviera autorizado a mantener su entramado.

Tanto Villarejo como los principales imputados en la causa han negado irregularidades en el espionaje. Los que fueran jefes de seguridad de Repsol (Rafael Araujo) y Caixa (Miguel Ángel Fernández Rancaño) explicaron ante el juez en diciembre que no hubo ilegalidad en el servicio y que el espionaje estaba justificado puesto que Sacyr preparaba una acción sindicada con la mexicana Pemex que amenazaba el negocio nacional e internacional de la petrolera.

En los mismo términos se pronunciaron Fainé y Brufau en su cita ante el juez. Mientras Fainé delegó la contratación en Repsol y dijo que el proveedor venía dado por la petrolera, Brufau aseveró que él dejó estos asuntos en manos de su departamento de Seguridad pero que no veía ilicitud alguna en la actuación. No obstante, ambos confirmaron el temor que había en esas fechas a los planes de Del Rivero. La investigación se encamina ahora a esclarecer el grado de responsabilidad de los dos entes, como personas jurídicas, por el contrato que costó poco más de 413.000 euros.