El juez de Villarejo deja al borde del banquillo a los exjefes de Seguridad de Repsol y Caixa

El magistrado Manuel García Castellón ha terminado otra pieza separada del caso Tándem relativa a los encargos de Repsol y CaixaBank al comisario José Manuel Villarejo. El instructor ha dictado auto de procesamiento abreviado contra los exjefes de Seguridad de la petrolera Rafael Araujo y de la entidad Miguel Ángel Fernández Rancaño, además de contra el comisario jubilado, su socio Rafael Redondo y el que fuera jefe de la UCAO Enrique García Castaño.

El instructor les deja al borde del banquillo por los delitos de cohecho activo, pasivo y revelación de secretos en relación al encargo efectuado a las empresas del comisario para espiar a Luis Del Rivero, entonces presidente de Sacyr. El magistrado acuerda esta decisión tras archivar la causa tanto para las dos empresas en calidad de personas jurídicas, como para Antonio Brufau e Isidro Fainé.

También archiva la causa para otros excuatro directivos de ambas compañias toda vez que las diligencias practicadas no arrojan indicios contra ellos. En concreto explica el juez que ninguno de los hasta ahora imputados participaron en las reuniones con el Grupo Cenyt ni tampoco dieron órdenes de contratación. De este modo se libran del banquillo Juan de Amunátegui, Joaquín Uris y Luis Suárez de Lezo, por parte de Repsol, y Antonio Masanell en calidad de director de medios de CaixaBank.

El instructor centra las responsabilidades de la contratación en los máximos responsables de los departamentos de Seguridad, como ellos mismos declararon ante el juez el pasado mes de diciembre. Ahora, el juez concluye que estas áreas "disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual". "Los directores de seguridad investigados disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de seguridad de las citadas mercantiles", reza el auto del instructor.

En lo que respecta al contenido concreto del encargo, el magistrado recuerda todas las pruebas recabadas en el marco de estas diligencias abiertas en diciembre de 2019. Así, explica que Repsol y Caixa encargaron a las empresas del comisario en el año 2011 que investigase de cerca al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, en el marco de su intento de hacerse con un tercio de las acciones de la petrolera en una acción sindicada con Pemex. En respuesta, el agente encubierto impulsó el bautizado como Proyecto Wine, en el marco del cual espió al empresario murciano así como a su entorno familiar y empresarial más cercano (incluido también al que fuera jefe de seguridad de la constructora, Rodrigo Álvarez, apodado como Cid).

Los investigadores, que sostienen que Villarejo vulneró sus derechos fundamentales al interceptar sus llamadas telefónicas y acceder a datos confidenciales, constatan que Repsol y Caixa efectuaron pagos por un importe total de 413.600 euros (de los cuáles 218.900 los abonó la petrolera 194.700 euros la entidad). La documental remitida por Hacienda a esta investigación en relación a las entradas y salidas de dinero en las cuentas del Grupo Cenyt, así lo constatan.

"Además, con ocasión de las entradas y los registros practicados en los domicilios de José Manuel Villarejo y Rafael Redondo, se aprehendieron varias anotaciones relativas al tráfico de llamadas de las personas que fueron objeto de seguimiento durante la realización del encargo Proyecto Wine", precisa el auto. El mismo recuerda que en casa del socio de Villarejo encontraron datos relativos a las llamadas del empresario murciano (que también figura como perjudicado en la pieza del BBVA) y precisa que esta información se la facilitaría (fuera de los cauces legales) el entonces jefe de la Unidad Central Operativa, García Castaño, alias El Gordo.

Precisamente, al comisario (que también aparece en otras piezas del procedimiento como el caso Kitchen) le atribuye un delito de revelación de secretos, mientras que a Villarejo y Rafael Redondo un delito de cohecho pasivo. A los contratantes, por su parte, les atribuye cohecho activo al contratar los servicios privados de Villarejo en un momento en que se encontraba en activo como comisario de la Policía Nacional.