Villar reparte culpa ante el juez: la caja de la RFEF la controlaban el administrador y Padrón

Ángel María Villar delegó responsabilidades en su cita este lunes ante el juez del caso Soule. El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se desligó de cualquier responsabilidad por el control de las partidas presupuestarias del órgano y apuntó a dos nombres concretos: el exvicepresidente económico Juan Padrón y el que fuera administrador general José María Castillón.

Villar, que figura como uno de los principales imputados en esta causa de corrupción, compareció de nuevo en la Audiencia Nacional para responder por el presunto desvío de cerca de 8 millones de euros de la Federación destinados para gastos arbitrales. El expresidente ha acabado imputado por este capítulo concreto junto con el exjefe del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y el exsecretario general de este órgano, Raúl Massó.

La cita fue especialmente corta ya que Sánchez Arminio prefirió guardar silencio y Massó se remitió principalmente a lo que relató en febrero de 2022 cuando ambos comparecieron como testigos. Tampoco atendieron a los periodistas que aguardaban a las puertas de la Audiencia Nacional. Fuentes presenciales en el interrogatorio confirman a Vozpópuli que la declaración de Villar fue más extensa pero que la misma se centró en desligarse del control de los fondos de la RFEF.

La mano derecha de Villar

El que fuera presidente de la Federación durante cerca de tres décadas argumentó que el Comité Técnico Arbitral es un órgano que depende de la RFEF pero que tiene autonomía para controlar sus importes. Así, dijo que el presupuesto lo aprobaba la Asamblea y que la responsabilidad de esta gestión recaía en el administrador general. Se trata de una figura que en el momento de los hechos ostentaba José María Castillón.

Villar, que aseguró que desconocía si había fondos de La Liga en las partidas destinadas a honorarios arbitrales, también dejó caer otro nombre ante los investigadores del caso Soule. En concreto apuntó al que fuera su mano derecha durante su mandato en la Federación: Juan Padrón. Villar expuso que en su condición de vicepresidente económico era el que se encargaba esta materia.

Se da la circunstancia de que Padrón y Villar son dos de los principales imputados en el caso Soule por el presunto saqueo de las arcas federativas. Sin embargo el procedimiento, que encara ya la recta final tras cinco años de instrucción, se centra ahora en averiguar si el CTA, bajo la presidencia de Sánchez Arminio, desvió fondos de la RFEF que iban destinados a gastos arbitrales.

El acuerdo de 2010

La Liga denunció al respecto que parte de esta remesa provenía de las quinielas de fútbol y por tanto se trataba de dinero público. Precisamente el órgano que preside Javier Tebas fue el que pidió la imputación de los tres altos cargos de la Federación tras incorporarse a la causa una pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectó 7,9 millones de euros no justificados en honorarios de los árbitros.

Aunque el magistrado Alejandro Abascal declinó imputarles por tratarse de una diligencia tardía, la Sala de lo Penal corrigió su criterio y le dio la razón a La Liga y la Fiscalía Anticorrupción. Expuso que la declaración de los tres guardaba especial relación con los hechos que se investigan y que el fin es determinar si ha habido o no desvío de fondos públicos con este asunto. "De lo instruido se desprenden indicios de que en la decisión de destinar tales fondos a otros tipos de gastos habrían intervenido tanto el presidente como el secretario del CTA", expuso la Sala.

Además de las pruebas documentales, los magistrados apelaron a las diferentes testificales prestadas hasta el momento. Los dirigentes que han desfilado por la Audiencia Nacional han revelado que Sánchez Arminio y Raúl Massó fueron las personas que les remitieron el famoso documento de fecha de agosto de 2010 en el que se daba indicaciones para aplicar lo que llamaron el "remanente" de estas partidas.

"Voz pero no voto"

También el contable del CTA Benito Cornejo manifestó ante el juez y la fiscal Anticorrupción al frente del caso que seguía las órdenes de su presidente para hacer los pagos correspondientes. Precisamente por este asunto se le preguntó a Massó en su comparecencia de este lunes. El exsecretario, que solo respondió a preguntas de su abogado, dijo que tenía voz pero no voto y que él solo se encargaba de funciones administrativas; no ejecutivas o financieras.

En relación a la declaración de Cornejo, Massó explicó que pudo haber dado alguna orden sobre el asunto del remanente porque entraba dentro de sus funciones pero que en todo caso fue algo puntual y concreto. Así pues, la investigación sobre este presunto desvío millonario de fondos queda de nuevo en manos de la IGAE que será la que amplíe la pericial para delimitar si ha habido desfalco de las arcas públicas.

El informe del organismo sirvió de base para solicitar estas imputaciones ya que puso de manifiesto un desfase contable de 7,99 millones de euros cuyo destino no estaba justificado en los convenios de coordinación suscritos entre La Liga y la Federación. No obstante, los magistrados frenaron la guerra existente entre ambos órganos y declinaron la petición cruzada de imputarse en la causa.

Al respecto tanto Villar como Luis Rubiales se han pronunciado sobre este tema en sendos escritos remitidos a la Audiencia Nacional en los que aseguran que estas partidas son de índole privado ya que provienen de las arcas de los clubes de fútbol. La Liga, por su parte, mantiene que hay indicio de delito porque parte de estos fondos que no se han destinado a su fin derivan de las quinielas y son del erario público.