Sánchez Arminio se niega a declarar por el presunto desvío de 8 millones de la RFEF

Victoriano Sánchez Arminio guarda silencio en la Audiencia Nacional. El exjefe del Comité Técnico de Árbitros se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que le acaba de imputar por el presunto desvío de 8 millones de euros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para gastos arbitrales. Los que sí han respondido a las preguntas del magistrado han sido el exsecretario general del CTA Raúl Massó y Ángel María Villar, quien se ha convertido en el principal imputado de este caso Soule.

El primero de todos los citados para este lunes ex era el expresidente del Comité Técnico de Árbitros. Su imputación en esta causa de corrupción se produjo a petición de La Liga y de la Fiscalía Anticorrupción, tal y como desveló Vozpópuli. El ente que preside Javier Tebas estimó que los peritajes de la IGAE alertaban de un presunto desvío de cerca de 8 millones de euros de las partidas de la RFEF que tenían que ir destinadas para gastos arbitrales.

La petición inicial fue desestimada por el magistrado instructor, el cual advirtió de que la causa se aproximaba a su final y que la imputación tanto de Sánchez Arminio como de Massó era tardía. Sin embargo, la Audiencia avisó de que su citación como investigados tenía cabida a tenor del peritaje de la IGAE, incluso aunque ya declararon como testigos en febrero del año pasado.

El control de los fondos

Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que en esta nueva cita con el juez del caso Soule Sánchez Arminio ha preferido guardar silencio. Pese a la expectación mediática que ha generado su entrada y salida en la Audiencia Nacional, el que fuera jefe de los árbitros no ha se ha pronunciado sobre este capítulo. Por su parte, Ángel María Villar -quien llegó a ser detenido tras el estallido de esta operación en julio de 2017- ha defendido su gestión al frente de la Federación de Fútbol y se ha desligado del reparto de fondos alegando que él tenía funciones institucionales pero no ejecutivas en lo que respecta al control de fondos.

Villar ha delegado el control de los fondos en el CTA y Massó ha dicho que no tuvo funciones financieras o ejecutivas sino simplemente administrativas

Las fuentes consultadas explican que Villar ha asegurado que él no era responsable económico de estas partidas, sino que el presupuesto lo aprobaba la Asamblea de la Federación y que el control dependía del Comité Técnico de Árbitros. Del mismo modo se ha pronunciado Massó, el cual solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Al respecto se ha limitado a ratificar lo que declaró como testigo; esto es, que no tuvo ninguna función de control de las partidas dentro de la Federación ya que su labora era únicamente administrativa.

Se ha tratado de una cita judicial especialmente escueta. A su término, los tres imputados y sus respectivos letrados han abandonado juntos las dependencias judiciales para acercarse a un bar cercano donde han permanecido juntos poco más de media hora.

El peritaje de la IGAE detectó una partida de 7,9 millones de euros no justificados en honorarios de árbitros y por ello La Liga y Anrticorrupción pidieron la imputación de Sánchez Arminio y Massó

Estas nuevas imputaciones provocaron un duro choque entre La Liga y la RFEF en el marco de esta causa de corrupción. El ente que preside Javier Tebas explicó que tanto Sánchez Arminio como Massó deberían figurar como imputados en el caso Soule para explicar "los motivos y las circunstancias" que llevaron a que desde 2009 a 2017 se destinaran parte de los fondos aportados por La Liga a la Federación "a fines distintos a los previstos" en los convenios de coordinación suscritos por ambos órganos.

¿Desvío de dinero público?

La Fiscalía Anticorrupción respaldó la petición y dijo que era "indudable" el vínculo de los ahora imputados con los hechos. Sánchez Arminio fue presidente del CTA entre 1993 y 2019 y, además, miembro de la Comisión Arbitral para la competición oficial. Massó, por su parte, fue secretario general técnico entre 2002 y 2018 y Villar era presidente de la RFEF y "máximo responsable del área económica" de la asociación deportiva. Pese a figurar imputado en la causa desde el principio, no había declarado por estos hechos.

El Ministerio Público recordó además que los convenios otorgan al Consejo Superior de Deporte (CSD) la facultad para resolver ante la falta de acuerdo, ya que parte de los fondos que percibe la Federación provienen de La Liga y éstos, a su vez, de la recaudación de quinielas, cuyo control compete al CSD. Precisamente, una de sus obligaciones es controlar que esa aportación de dinero público se destine a sufragar las derivadas del pago de los derechos de arbitraje de las competiciones profesionales de fútbol.

Por ello pidieron que la IGAE ampliara su peritaje sobre el presunto desvío de fondos para determinar si los 7,9 millones de euros no justificados en honorarios de los árbitros (o un porcentaje de esa cifra) proviene de la recaudación de las quinielas o si ha habido desvío de fondos públicos. La Federación de Fútbol, por su parte, niega cualquier desvío y asegura que las partidas ahora cuestionadas provienen de los clubes de fútbol y, por tanto, son privadas.

Los audios de Soule

Sus comparecencias se producen después de que el pasado 27 de febrero comparecieran en la Audiencia Nacional en calidad de testigos los exdirigentes arbitrales Evaristo Puentes Leira y Antonio Jesús López Nieto. Los dos históricos delegaron el control de las facturas en la figura del entonces presidente del Comité Técnico de Árbitros, aunque negaron haber presenciado ninguna irregularidad, tal y como consta en los audios de sus declaraciones desvelados por este medio.

En concreto se les preguntó por una reunión celebrada en agosto de 2010 en Santander en la que se habría acordado desviar parte de estos fondos (considerados "remanentes") a partidas que no fueran gastos en árbitros. El primero en comparecer fue uentes Leira, quien formó parte de la Comisión Arbitral que depende del CTA. Se trata de un órgano clave ya que se encarga de designar los árbitros para primera y segunda división y también del control económico. Lo integran un representante que elige La Liga, otro que elige la Federación y un tercero por consenso.

Puentes Leira dijo que, en su condición de secretario, su función se ceñía a trasladar a La Liga la documental que le daba Sánchez Arminio.  "Una vez al mes, el presidente del Comité Técnico de Árbitros entregaba un sobre con una documentación referente a la remuneración de los árbitros de ese mes, a los viajes, las dietas... Mi función era entregárselo al representante de La Liga", dijo.

Por su parte, López Nieto (que en la actualidad preside Unicaja) dijo que él recogía mensualmente la documentación del CTA para dársela a La Liga. "Sánchez Arminio me entregaba una documentación. Sobre todo la factura de los gastos de los árbitros de los partidos de primera y segunda división… yo hacía un muestreo de una o dos para que coincidieran las facturas porque el tocho era importante y lo reenviaba a la Liga y La Liga de alguna manera haría el control de esas facturas", respondió a preguntas de la fiscal Anticorrupción.