Anticorrupción pide imputar al jefe de Negreira por el desvío de 8 millones de la RFEF

La Fiscalía Anticorrupción da luz verde a la petición de La Liga de imputar en la Audiencia Nacional al que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio. El Ministerio Fiscal respalda al ente para que, en el marco del conocido como 'caso Soule', se cite como investigado al que fuera jefe de José María Enríquez Negreira por el presunto desvío de 8 millones de euros que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tenía destinados para gastos arbitrales.

Se trata de uno de los últimos pronunciamientos de Anticorrupción en el marco de esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Ángel María Villar y decenas de imputados por presunta corrupción en la Federación. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la fiscal estima parcialmente la batería de diligencias que ha solicitado el ente que preside Javier Tebas y que litiga como acusación particular.

La Liga solicitó al juez que imputara a la RFEF tras adherirse a la causa un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre un presunto desvío de 8 millones de euros que en un principio iban para viajes, alojamientos y dietas de los árbitros. Según sostiene, el órgano de Luis Rubiales debería explicar "los motivos" que llevaron a que desde 2009 a 2017 se destinaran parte de los fondos aportados por La Liga "a fines distintos de los previstos en los convenios de coordinación".

La Liga quiere imputar a la Federación

Pero no solo eso. Cinco años después de que echara a andar el caso Soule, La Liga quiere también que se cite como imputados al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio; al exsecretario del CTA Raúl Massó y también a Ángel María Villar, quien ya figura como uno de los principales investigados.

Los informes revelan que las aportaciones de La Liga a la RFEF correspondientes a honorarios arbitrales exceden los gastos contabilizados en 7,99 millones de eurosLa Fiscalía Anticorrupción

Se da la circunstancia de que tanto Sánchez Arminio como Raúl Massó declararon como testigos el año pasado por las partidas que recibieron los árbitros de la Federación de Fútbol con fondos de La Liga, pero el ente de Tebas busca su implicación penal en los hechos. La solicitud ha caído en saco roto ya que el magistrado que investiga el caso Soule, Alejandro Abascal, ha desestimado la petición al considerar que la causa está ya muy avanzada como para abrir esta vía sin que haya indicios contra ellos.

La Liga ha recurrido el auto del juez ante la Sala de lo Penal y en su camino se une ahora la Fiscalía Anticorrupción, aunque solo en lo que respecta a la imputación de Sánchez Arminio y Massó y en la nueva citación de Villar. El Ministerio Público asegura que es "indudable" que las declaraciones propuestas guardan relación con los hechos porque se investiga una posible desviación de fondos aportados por la Liga a la RFEF de Villar "con destino finalista".

8 millones para gastos arbitrales

Al respecto explica que todos los señalados tenían responsabilidad directa en los convenios de coordinación suscritos entre La Liga y la Federación de Fútbol y que no puede emplearse el argumento de que las citaciones son "tardías" porque con el avance de esta causa han aparecido "nuevos datos" y documental que pone en la diana a los cargos de la Federación que tuvieron responsabilidad en el control de los fondos.

Una de estas obligaciones -indica Anticorrupción- es que la aportación de dinero público debe ir destinada a "sufragar justamente" las derivadas del pago de los derechos de arbitraje en las competiciones de fútbol. De desviarse a otros fines, se necesitaría el visto bueno previo del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En concreto, la Fiscalía alude a uno de los informes de la IGAE remitidos a la Audiencia Nacional el año pasado que concluyó que la partida de honorarios arbitrales excedía de los gastos contabilizados por la Federación en 7,9 millones de euros. Los peritos de este órgano de Hacienda especificaron que la diferencia de fondos no estaba justificada. "La información bancaria aportada es insuficiente, inconcreta y no permite verificar los pagos a terceros de la RFEF", concluyeron en el documento al que ha tenido acceso este medio.

"La instrucción ha permitido conocer que en virtud de decisiones internas de la RFEF en las que habría intervenido el presidente (entonces Sánchez Arminio) y el secretario del CTA (Raúl Massó) en relación con los honorarios y otros gastos arbitrales se destinó parte de dicho importe a otro tipo de gastos diferentes a los previstos en los convenios", explica el escrito.

Pese a la tesis de los imputados y de la propia Federación de Fútbol, la Fiscalía recuerda que obran documentos que acreditan que los honorarios del Comité de Árbitros que integraba Enríquez Negreira y otros gastos arbitrales se costearon con fondos públicos. Por eso considera que se debería atender la petición de La Liga en cuanto a que la IGAE amplíe su peritaje y determine si los 7,99 millones de euros provienen de la recaudación de quinielas y si ha habido desviación de fondos públicos.

Negreira, la RFEF y el Barça

Los movimientos en el caso Soule se producen en paralelo a la investigación que sigue en marcha en la Fiscalía Provincial de Barcelona también por pagos del Barça al número dos del CTA, José María Enríquez Negreira. El dirigente arbitral está en el foco por los abonos que recibió durante más de dos décadas a cambio de presuntos servicios de asesoramiento arbitral.

Los hechos que ahora salpican a Enríquez Negreira ocurrieron en paralelo al presunto desvío de dinero de la Federación de Fútbol para gastos arbitrales. La similitud del conocido como 'caso Neira' y 'caso Soule' ha terminado por llevar a La Liga a pedir a la Audiencia Nacional que investigue la actuación de Negreira, tal y como informó en exclusiva este medio.

El motivo reside en que el colegiado no solo cobró del Barça cantidades que a ojos de la Fiscalía exceden el pago de servicios de asesoramiento, sino que también recibió montos de la Federación. En concreto, su hijo Javier Enríquez Romero habría percibido 4.400 euros sin justificar a lo largo de cinco temporadas.

Precisamente el hijo de Enríquez Negreira también es uno de los investigados en la Fiscalía de Barcelona. Aunque los pagos se remontan a comienzos del año 2000 y alcanzarían los 7 millones, el Ministerio Público se centra exclusivamente en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 al no estar prescritos. El equipo blaugrana y el propio dirigente arbitral han dejado claro que respondían a coaching en formato charla e informes para aconsejarles sobre los árbitros a los que se iban a enfrentar.

La Fiscalía sospecha que pudo haber trato de favor y que esas cifras tan abultadas responderían a alguna remuneración escondida, teniendo en cuenta que en aquel momento era el número dos del Comité Técnico de Árbitros. El entonces presidente de los árbitros, Sánchez Arminio se ha desligado de cualquier irregularidad cometida por su entonces 'número dos', pero La Liga ahora mueve ficha para que se le impute en el caso Soule y responda por el presunto desvío de la partida dedicada a gastos arbitrales.