Tito Berni: la juez protege los teléfonos del mediador y los ordena guardar en una caja fuerte

Los teléfonos del mediador del caso de 'tito Berni' se custodiarán desde ahora en sede judicial. La magistrada que investiga esta presunta trama de corrupción ha decidido depositar todos estos terminales en una caja fuerte del juzgado tinerfeño tras recibirlos de la Policía Judicial. Se trata de dispositivos que contienen las pruebas clave del procedimiento y que el mediador ha tratado de recuperar sin éxito.

El movimiento de la magistrada se produce después de que la Policía Judicial entregara al juzgado que investiga el caso del 'tito Berni' una veintena de terminales. Los agentes aportaron estas pruebas a raíz de la denuncia del inspector policial que arrancó la causa y que advertía de la sustracción de los teléfonos del mediador.

En respuesta, la Policía Judicial decidió "por seguridad y para su custodia judicial" aportar estos terminales al Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife. Se trata, en concreto, de cuatro móviles asociados al mediador, uno del empresario Alberto Montesdeoca, otro de Taishet Fuentes, sobrino del 'tito Berni'; nueve del empresario Raúl Gómez y dos teléfonos de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'tito Berni'.

La prueba clave de 'tito Berni'

La Policía informó en su oficio que el Grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos seguiría trabajando con los volcados realizados en su momento. Así pues, tras recibirlos, la juez acuerda crear una pieza de convicción con todos estos dispositivos y protegerlos en una caja fuerte, según se desprende de la última documental de la causa a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

De esta forma se custodian catorce teléfonos que pertenecen a los principales imputados, cuatro tarjetas SIM y un soporte tarjeta. La entrega se produce en plena batalla judicial del mediador para recuperar los terminales de los que nace toda esta causa de corrupción. Navarro Tacoronte, que se convirtió en nexo entre los empresarios de la red y la trama política, ha promovido recientemente un incidente de nulidad que abre la vía a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.

El pasado mes de junio, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, denegó devolverle los teléfonos explicando que todavía quedaban archivos por analizar. Los investigadores insisten en que el mediador los entregó mostrando su absoluto consentimiento (que consta también por escrito) y en defensa de su antiguo abogado.

Además, recuerdan que una vez que el mediador autorizó a que se accediera a su interior, el consentimiento ya ya no se puede revocar. Conviene recordar que Navarro Tacoronte aportó estos dispositivos a raíz de una denuncia falsa que interpuso contra él Ángel Luis Pérez Peña en diciembre de 2021. El exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife le denunció alegando que se habían hecho una serie de cargos en su tarjeta sin su consentimiento.

La intención del mediador

Cuando se interrogó al mediador por estos hechos no solo negó que fuera así, sino que se ofreció a aportar las pruebas que demostrarían que Pérez Peña estaba al tanto de todos los movimientos de la tarjeta. Para ello se ofreció a aportar toda la documental que la Policía recabó. Para sorpresa de los investigadores, el material que atesoraba el mediador no se ceñía a este asunto, sino que guardaba fotografías, recibos, mensajes y más pruebas de calado que sentaron la base del inicio del caso 'tito Berni'.

El empresario autorizó de manera expresa el uso de todo el material aportado aunque, con el paso de los meses y tras cambiar de defensa letrada, solicitó al juzgado que le devolvieran los terminales y que acordase una serie de diligencias que han sido rechazadas.

"Fue él quien hizo tal entrega y autorizó su apertura. Se está aún en fase de estudio y análisis por la abundante cantidad de archivos que contienen ambos terminales", expuso la magistrada, la cual recordó que la revocación del consentimiento carece de efectos retroactivos. El mediador recurrió su decisión ante la Audiencia Provincial de Canarias alegando que él aportó de manera voluntaria sus teléfonos para que se constatara únicamente lo relativo a la denuncia falsa de estafa.

La Audiencia falló en idéntico sentido de la juez y apuntó que, además del consentimiento inicial, consta una segunda declaración como investigado, que prestó en enero de 2022, y en la que reiteró que autorizaba al grupo de Delitos Tecnológicos a que estudiaran el contenido de los dos teléfonos móviles aportados a la causa. El 12 de abril de ese año volvió a comparecer para ampliar su declaración, sin cambiar de criterio en relación a su consentimiento.

"El hecho de que el investigado con posterioridad haya cambiado de dirección letrada y optado por una estrategia de defensa distinta, solo puede proyectarse a futuro, y no puede afectar a lo por él voluntariamente manifestado (...). No consta que se haya producido una vulneración grosera de derecho fundamental", expusieron los magistrados de la Sección Sexta. El mediador ha respondido promoviendo un incidente de nulidad contra este último pronunciamiento.